La electricidad se está convirtiendo en el gran negocio del Gobierno. Ahora que el Ejecutivo de Rajoy ha aprobado una tarifa que promete ser un auténtico asalto a mano armada, no podemos olvidar la aprobación, no tan lejana, del conocido como ‘impuesto al sol’. Entre la maraña de kilovatios y términos técnicos que envuelven al mundo de la energía, intentaremos explicar cuál ha sido el recorrido de esta ley y qué supone la nueva normativa energética española.

Texto: Silvia Zancajo. Ilustraciones: Emezetaeme.

Imagine que decide comprarse una bicicleta para ir todos los días al trabajo en lugar de utilizar el coche. Mejora su salud, contribuye a la conservación del medioambiente y ahorra en combustible. Una idea redonda, ¿verdad? Pues ahora imagine que cuando se pone a dar pedales alguien le dice que tendrá que pagar un impuesto por la gasolina que ha dejado de consumir. ¿Extraño? Pues algo parecido ha ocurrido en el sector eléctrico desde que el pasado mes de diciembre se aprobara la ley que introduce el peaje de respaldo, también conocido como ‘impuesto al sol’. Pero, ¿cuándo y cómo comenzó esta reforma?

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo presentó en el Consejo de Ministros un Real Decreto de reforma del sector eléctrico el 12 de julio de 2013. Se convalidó gracias a la mayoría absoluta del PP y se aprobó definitivamente el último mes del año, después de que el Senado rechazara las seis enmiendas a la totalidad presentadas.

Las más de mil páginas de contenido (16 normas en total: dos proyectos de ley, siete borradores de Reales Decretos, seis órdenes ministeriales y una propuesta de resolución) se tramitaron entonces por la vía de urgencia, en solo diez días, y en verano, cuando la mayoría de ciudadanos estaba de vacaciones. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) hizo público el 6 de septiembre un informe no vinculante en el que definía la ley como poco trabajada y ajena a la normativa europea. Además, el organismo criticaba el posible trato discriminatorio que la norma puede ejercer sobre el autoconsumo energético.

Catorce días después de ese informe, el 20 de septiembre, la nueva normativa era aprobada en el Consejo de Ministros ignorando las recomendaciones del organismo regulador, las advertencias de Europa (de hecho, Bruselas abrió un expediente a España por no informar sobre las medidas que debía tomar para alcanzar la cuota obligatoria de energía procedente de fuentes renovables, que deberá alcanzar el 20% en 2020), las protestas de muchos de los agentes del sector, las reclamaciones de los grupos ecologistas y, en definitiva, a espaldas de la mayoría de la ciudadanía.

Con esta norma, el Gobierno, entre otras medidas, ha aprobado una subida del término fijo de la factura y penaliza a las energías verdes con el denominado “peaje de respaldo”, que tienen que pagar todas las instalaciones de energía renovable destinadas al autoconsumo para respaldar a las centrales eléctricas tradicionales.

El objetivo de estas medidas impulsadas por el ministro de Industria, José Manuel Soria, es mitigar el efecto del tan manido término ‘déficit de tarifa’. Este déficit es la deuda reconocida por el Estado que los usuarios deben abonar a las compañías eléctricas porque los ingresos no cubren los costes. Un agujero cuya cuantía, por cierto, nadie conoce exactamente.

En junio de 2013 Izquierda Plural presentó en el Congreso una propuesta para auditar ese déficit tarifario antes de presentar la reforma energética. La iniciativa fue rechazada con la oposición de la mayoría de grupos y la abstención del PSOE. Aunque se adoptan medidas para cubrir el agujero, no parece interesante saber cómo de grande –o pequeño- es dicho agujero.

Un dato curioso: la propuesta recoge, casi al pie de la letra, el discurso de la compañía eléctrica Iberdrola que proponía, hace ya casi un año y medio, concretamente dos claves de regulación. ¿Lo adivinan? Un incremento del término de potencia y la creación de un nuevo impuesto: la ‘tarifa de respaldo’. El texto de ese discurso queda recogido en la presentación de la Prospectiva Regulatoria de Iberdrola realizada en abril de 2012. Para comprobarlo, basta con googlear su título: Análisis del autoconsumo en el marco del sector eléctrico español (páginas 7 y 16).

Julio Barea, responsable de la campaña de Energía y Residuos de Greenpeace, apunta al leitmotiv de la normativa: “La energía renovable ha crecido mucho y eso supone un agujero importante en el negocio de las eléctricas. Y estas compañías han presionado y han quedado retratadas”.

Antes de entrar en detalles, un aspecto a tener en cuenta. En el caso de las renovables, el gran coste es la inversión. Una vez amortizado el precio de la instalación, el mantenimiento es muy bajo y el coste del combustible es cero. Por lo tanto resulta muy importante la estabilidad regulatoria, pues una vez iniciada la inversión te atas de pies y manos.

Además de la nueva ley, las renovables han sufrido cinco cambios normativos con carácter retroactivo desde 2010. Como estos cambios afectan a instalaciones que cuentan aún con una vida muy corta, no ha transcurrido el tiempo suficiente como para amortizar la inversión, lo que lleva a muchos propietarios a la quiebra.

La norma, como explicábamos antes, es extensa y compleja. La propia CNE se quejó en su informe del escaso tiempo que había tenido para analizarla. Pero vamos a intentar explicar los puntos más importantes del nuevo escenario eléctrico.

Un aspecto que afecta a todos los consumidores. El término fijo de la factura de la luz sube a cambio de bajar el término variable. En la práctica, esto desincentiva el ahorro, porque ahora el hecho de que alguien intente consumir menos pasa a tener menos relevancia en el importe de la factura. Por lo tanto, perjudica especialmente a los que menos energía gastan.

Por un lado a los usuarios concienciados con un consumo eficiente y, por otro, a aquellos que no pueden permitirse consumir más. En España se calcula que ya hay más de dos millones de personas que están sufriendo pobreza energética: hogares que deben racionar el uso de calefacción en invierno y con problemas para hacer frente a sus facturas. ¿A quién beneficia? A los grandes consumidores industriales, que ajustan su potencia contratada y tienen un consumo muy elevado.

¿Autoconsumo? No, gracias

La nueva normativa grava las instalaciones de energía renovable para el autoconsumo ya existentes y futuras –tanto domésticas como industriales- con el llamado peaje de respaldo, término, recordemos, acuñado por Iberdrola. El argumento es que hay que mantener unas centrales de respaldo por si en algún momento el consumidor tiene que tirar de la red.

¿Recuerdan el impuesto que teníamos que pagar por usar nuestra bicicleta? Esta penalización a las energías renovables hace mucho menos rentable la inversión en este tipo de instalaciones, disminuye considerablemente el ahorro y dispara los plazos de amortización.

Hasta ahora, el tiempo para recuperar una inversión era, en el caso de una pyme, de siete u ocho años. Según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), con la reforma el periodo de amortización se duplicará hasta los 14 o 15 años. En el caso de una instalación doméstica, que actualmente se amortiza en 11 o 12 años, el gasto pasaría a saldarse en 35 años.

Esto no solo echa para atrás a quienes se planteaban una inversión de este tipo, sino que desmonta los planes de viabilidad de las inversiones ya hechas. Se calcula que los hogares que consuman su propia energía pasarán a pagar un 27% más de impuestos que los usuarios que se abastezcan de la red convencional, lo que hace inviable el autoconsumo de energía.

Además, no se regula el balance neto. El balance neto permite que las instalaciones puedan realizar un trasvase de energía excedentaria con la red. Ese excedente genera un derecho de compensación de energía que puede ser usado en los periodos en los que la placa solar o el generador eólico no produzcan. Es decir, tú viertes una energía sobrante a la red que puedes recuperar cuando no tengas.

La nueva ley obliga, además, a que el excedente de energía que produzca la instalación se regale a la compañía eléctrica. “Esto es un problema sobre todo en el caso del autoconsumo doméstico donde, por lo general, la energía solar que se acumula durante el día es consumida posteriormente, porque normalmente la gente está fuera de casa”, nos explica Jorge Morales, experto en regulación y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

El panorama para los que invirtieron en un placa solar o en un generador eólico no puede ser más incierto, como explica José Donoso, director general de la UNEF, a Números Rojos: “Todo el que invirtió en renovables se encuentra ahora con que se le imponen unas nuevas condiciones económicas que además se le revisarán cada tres años. Con ese marco tan inestable, nunca podrás hacer cuentas y saber cuánto puedes perder o ganar. Y de repente lo que parecía una inversión segura se ha convertido en una trampa”.

Las placas malditas

Morales se lamenta de que “con estas medidas se está empujando a la gente a la economía sumergida lo que, en el caso de las pequeñas instalaciones, es algo prácticamente imposible de controlar. También se puede esquivar la norma, la gente puede tener su placa desconectada o conectada a un circuito muy concreto en vez de a la red. Es imposible poner puertas al campo”.

Y hay que destacar otro aspecto de la nueva ley.Las compañías eléctricas pueden entrar en cualquier casa o negocio con una instalación renovable sin permiso y sin necesidad de una orden judicial.

El avance en la tecnología ha permitido que en los últimos años proliferen las pequeñas instalaciones de generación renovable orientadas al autoconsumo, ya que su coste se ha reducido un 80% en los últimos cinco o seis años. Esto, sumado a las constantes subidas del precio de la luz, hacía que fuera cada vez más atractivo realizar una inversión que cada vez se amortizaba antes y que suponía un ahorro importante. Es decir, el pastel empezaba a repartirse.

Tal y como expone Donoso desde la UNEF: “La energía renovable es muy competitiva a nivel doméstico y en la pequeña industria y quieren neutralizar esa competitividad con una medida sin parangón. Porque si las energías renovables siguen creciendo, se avecina la consecución de un viejo sueño: acercar la producción al consumo. Eliminar los intermediarios. Y eso es una auténtica revolución”.

Para Juantxo López de Uralde, co-portavoz del partido político Equo, “el peaje de respaldo es la punta del iceberg de una política energética discriminatoria con la energía renovable. Es como si plantas tomates en tu casa y tuvieras que pagar por lo que dejas de consumir en la frutería. Poco después de su llegada al poder, el PP eliminó las primas a las energías renovables. Entonces, el sector solar comenzó a desarrollar el autoconsumo. Y creció mucho. El oligopolio energético tiene miedo de que la gente se desconecte de su control”.

Parece claro que las tasas a las renovables son discriminatorias. Pero es que además crean un marco de inseguridad jurídica. Nos lo explica Adrián Sánchez Molina, presidente de la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (ASECE): “El peaje de respaldo lo que plantea es: yo voy a exigir que me pagues porque generas tu propia energía. Y no solo eso, además la que te sobra me la tienes que regalar. Esto choca frontalmente con la obligatoria actualización del Código Técnico de la Edificación (CTE), conforme al Real Decreto 314/2006, que establece que determinados edificios deben tener una contribución mínima de energía solar fotovoltaica. Se trata de una normativa vigente impuesta por Bruselas”.

Es decir, por un lado es obligado contribuir a una calidad en la edificación tanto en obras de nueva construcción como en edificios existentes, incorporando sistemas de energía fotovoltaica, mientras que por otro lado se cobra una nueva tasa por el hecho de generar energía para el consumo propio. No podemos olvidar, tal y como remarca Sánchez Molina, que “la energía consumida por los edificios representa el 40% del total que se consume en España” y que, según las directivas europeas en materia de energías renovables, en 2020 el 20% de la energía de España debe proceder de energías renovables.

Desde ASECE, que también en su momento solicitó al Consejo de Estado la retirada del real decreto, denuncian: “Esta reforma criminaliza el uso de energías renovables. Es absurdo que la multa por tener una placa solar sin registrar sea mayor que la de narcotráfico. Pensamos que se trata de una cortina de humo, que se suma a la imposición de un único regulador, lo que lleva a la concentración de poder”.

La ‘depresión’ renovable

La nueva norma implica recortes, aplicados de manera retroactiva, en el sector de las energías limpias. Concretamente, unos 1.500 millones de euros, pues se modifica el sistema de retribución de estas actividades que hasta la fecha percibían una prima por kilovatio generado. Por otro lado, se mantiene la moratoria para nuevos proyectos.

Una política contraria a la que se desarrolla en Europa. Mientras la mayoría de países apuesta fuerte por la energía limpia, España la castiga. Recordemos que en el año 2008 España fue pionera en el cambio de modelo energético, principalmente fotovoltaico, con más de 2.500 MW instalados.

Para Julio Barea de Greenpeace la reforma es un despropósito. “Va en contra de las leyes europeas. En la mayoría de países se está haciendo justo lo contrario, fomentar el autoconsumo. Penalizarlo no tiene sentido. La reforma pretende dejar el negocio energético en manos de cinco compañías que nos van a llevar a la ruina climática”.

En el mismo sentido se expresa López de Uralde: “La reforma es parte de una campaña para cargarse a las renovables. Viola los derechos de los consumidores y además está condenando al sector fotovoltaico a desaparecer”.

Desde la UNEF, Donoso añade que “en España se quiere acabar con un sector puntero tecnológicamente en el que podemos ser líderes mundiales. Con esta ley se frena la competencia y el futuro”. Mientras, recordemos que el consumo energético actual en España depende del exterior en torno a un 85%, comprando gas y petróleo por el equivalente a 40.000 millones de euros anuales.

Desde la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE), su presidente, Francisco Valverde, se lamenta del nuevo escenario regulatorio: “Por una vez podíamos ser pioneros en algo positivo. Se achaca a las renovables de ser las culpables del déficit de tarifa y por eso se las castiga con la nueva ley. Pero no es así. La culpa del déficit es del mal hacer de los políticos”.

Mientras, los retos medioambientales, el cumplimiento con el Protocolo de Kioto y el objetivo marcado por la Comisión Europea para reducir en un 80% las emisiones contaminantes en el año 2050 parecen cada vez más lejanos. A pesar de que muchas voces afirman que puede hacerse. Según Barea: “Es viable llegar al 100% de producción de energía a través de renovables en 2050. Nosotros ya hemos puesto el proyecto sobre la mesa para la sustitución gradual y el cierre de las energías sucias. Necesitamos un mix variable que garantice el suministro y lo necesitamos lo antes posible”.

Desde ANAE, Valverde destaca que “hacia la energía renovable hay que ir sí o sí porque hay que cumplir con un calendario europeo. Si quieres alcanzar el objetivo de 2050 no puedes seguir quemando carbón y gas”.

A pesar del panorama, el sector de las renovables afirma que continuará luchando para superar la depresión a la que se ven abocados con la nueva normativa. Mientras, el sol y el aire seguirán siendo de todos, pero… habrá que pagar por usarlos.

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