José Manuel Peña Penabad

Economista y Auditor. Miembro de econoNuestra.

Habitualmente, al referirnos a estrategias de desarrollo urbano, señalamos aspectos tales como los vectores territorial y urbano; social, cultural y demográfico; climático y medio ambiental; económico; turístico y de proyección exterior, etc. Por otra parte, solemos referir aspectos como la gestión relacional, la sostenibilidad y la igualdad y no discriminación como vectores estratégicos de naturaleza “transversal”. Muy posiblemente pudiera considerarse la inclusión de un cuarto vector estratégico transversal: la prevención y la seguridad urbana, entendida como bien y derecho compartido.

Como es conocido por todos y todas, nos encontramos frente una profunda crisis. Una crisis estructural y societaria cuyos impactos se producen en mayor medida en los entornos urbanos. Es en las ciudades en donde más ha impactado el retroceso en los derechos y el aumento de los procesos de vulnerabilidad y exclusión social: bajos niveles de renta, inequidad en el acceso a la vivienda, altas tasas de desempleo, sometimiento a un reparto injusto del empleo, desregulación de las condiciones laborales, desigualdad, violencia de genero, etc.

Los ayuntamientos han de dar respuesta a estos impactos de la crisis social. Tendrán que afrontar el gran desafío de liderar la reorganización integral de la ciudad para adecuarla al cambio de época y paradigma en el que nos encontramos. Y eso con su nivel de competencias (no muy bien definidas), con su capacidad financiera (escasa y encorsetada) y contando con sus especificidades organizativas (normalmente, con graves limitaciones).

Todo ello configurará una nueva dimensión de la seguridad urbana. Un nuevo concepto de seguridad democrática e inclusiva, que bien podría haberse transformado en un vector transversal dentro de la estrategia de la ciudad. Las ciudades son el medio en el que se reproducen, con elevada intensidad, tensiones y conflictos. La respuesta no puede centrarse en la reproducción de la exclusión: represión y asistencia a la marginalidad son modelos plenamente fracasados. Por otra parte tenemos que tener claro que la seguridad es una construcción social; es una percepción, que se configura como uno de los elementos clave para el desarrollo democrático y socialmente sostenible de la ciudad. La seguridad requiere respuestas integradas e integradoras.

Requiere de políticas de anticipación y soluciones articuladas que eviten la vulnerabilidad. Las políticas públicas de cohesión e inclusión social, de educación, de acceso al empleo digno, de acceso a la vivienda, de calidad del hábitat urbano, etc., desembocan necesariamente en seguridad ciudadana, aunque no excluyen, lógicamente, acciones de tipo coercitivo.

La visión de la seguridad democrática e inclusiva ha de hacerse desde una aproximación multifactorial, dado que estamos ante una problemática social poliédrica. Ante una situación compleja, han de plantearse soluciones complejas. La simplificación en las soluciones propuestas nos llevará a la ausencia de rigor en el análisis, nos abocará al fracaso y generará una enorme frustración colectiva. La educación en la gestión positiva del conflicto, en la gestión de la discrepancia se conforma como el elemento básico de seguridad urbana. La gestión positiva del conflicto y la gestión de la discrepancia son la esencia misma del hecho de gobernar y por tanto los elementos básicos de la gobernanza democrática. Desde estas líneas sostenemos que la ciudad inclusiva, la ciudad equilibrada (social, económica y ambientalmente), la ciudad de la comunidad, … es la urbe más segura. Porque, firme y tajantemente, afirmamos que el acceso a los derechos favorece el derecho a la seguridad.

Respecto de este concepto de la seguridad urbana, la “seguridad democrática inclusiva” tendremos que pensar que a los nuevos retos que deben afrontar las urbes en el siglo XXI, tendremos que añadir como primera la necesidad el diseño de una agenda de acción en clave de construcción ciudadana. No habrá posibilidad de desarrollar gobernanza democrática sin gobiernos que la impulsen y sin ciudadanía activa que la asuma. El primer reto será: construir ciudadanía. Y ello se fundamenta en que la sociedad está perdiendo el sentido de comunidad para encarrilarse hace un mundo cada vez más individualista (Zygmunt Bauman). Obvio que no se trata de una casualidad. La clase política, en su forma de articular el “estado del bienestar”, ha inoculado en la ciudadanía un veneno que ha actuado poderosamente en favor del individualismo, de la primacía del interés particular frente a lo colectivo y al interés general. Por otra parte, es preciso declarar no sólo como perniciosa, sino como una actitud profundamente antidemocrática, la utilización de las estrategias vinculadas al miedo, a la incertidumbre y a lo desconocido (lo definido por Zygmunt Bauman como mixofobia). Un ejemplo claro es la percepción que se tiene de los procesos migratorios.

Será preciso desarrollar estrategias de ciudad generadoras de elementos de seguridad urbana. Lo verdaderamente importante y decisivo será desarrollar estrategias que impactan en las capacidades de desarrollo humano de la ciudadanía. Por todo ello la gobernanza democrática no ha de estar en la estrategia del desarrollo urbano ni en la estrategia de prevención de la seguridad. Ha de configurarse como la esencia de la propia estrategia. La gobernanza es la estrategia. Asimismo, será preciso fortalecer elementos de convivencia, inclusión y democracia participativa real; junto con el desarrollo de políticas socialmente inclusivas tales como las relativas a la protección a las personas para que se produzca un ejercicio completo de “reapropiación ciudadana de la ciudad” desde el punto de vista del uso y disfrute del espacio territorial, de la articulación de las redes de apoyo primario, etc.; las vinculadas a la prevención social y a las políticas de inclusión social y, finalmente, las políticas públicas de fortalecimiento de los valores y actitudes cívicas.

Nuestra posición final se plasma en nuestra convicción de que una ciudadanía activa y comprometida demandará a una política comunitaria y multidimensional de la seguridad. Sin embargo, una población pasiva reclamará una seguridad de corte represivo o de exclusión social.

Planteamos, pues, la necesidad de desarrollar una visión compartida de la ciudad. Es preciso diseñar una ciudad vivible, de bienestar para todas y cada una de las personas que integran la ciudadanía, que tenga un futuro basado en una economía social y que promueva un compromiso con el desarrollo humano y con el medio ambiente. Es preciso conseguir la participación de la ciudadanía, trabajando en red con personas y organizaciones, de forma sostenible y comprometida con el cambio climático y sin exclusión alguna y con equidad. Las estrategias de coproducción de políticas públicas basadas en el co-diseño, en la co-ejecución y en la co-evaluación han de pretender generar nuevas oportunidades para todas las personas, reducir la vulnerabilidad social y generar una mejor integración entre espacios y ciudadanía. Construir entornos urbanos de calidad, posibilitar nuevas oportunidades para personas y barrios desfavorecidos, fortalecer una cultura de convivencia y confianza entre la ciudadanía, socializar las políticas preventivas y anticipativas, extender (cooperativamente) el ámbito territorial a todo el entorno metropolitano, etc., es lo que nos convertirá en urbes percibidas como seguras, en urbes con una seguridad democrática e inclusiva.