El pasado 28 de Enero, el Banco de España publicó una nota informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria en la que se revisaban los datos de 2012 y se aportaban datos sobre el primer semestre de 2013. En esta nota informativa, el propio Banco de España emite las siguientes conclusiones: “La tendencia en el primer semestre de 2013 apunta a un crecimiento [de los desahucios] en comparación con 2012”; “El porcentaje de daciones en pago sobre el total de viviendas entregadas fue del 32,3%, frente al 35,7% del año anterior”; y “El número de entregas de viviendas fue de 35.098 en los seis primeros meses de 2013, siendo 28.170 de vivienda habitual”, entre otras.

Con estos datos en la mano se puede decir que los desahucios, un año más, siguen aumentando, con el añadido de que esta vez podemos asegurar que el 80 % de las casas desahuciadas eran viviendas habituales. Casas que se utilizaban para vivir.

Esto demuestra que las medidas que se han desarrollado para tratar de solucionar el problema de la vivienda no funcionan. Los desahucios siguen aumentando, mientras que las concesiones de daciones en pago, que permitirían que las personas afectadas por lo menos pudieran “volver a empezar”, están disminuyendo.

Todo esto en sí mismo es un drama, pero hay algo que lo hace más grave todavía: el rescate a la banca que desahucia.

Existen distintas estimaciones de la factura que (por ahora) nos ha pasado la banca. Esto se debe a la poca transparencia y complejidad de los mecanismos utilizados. Según Carlos Sanchez Mato, a fecha de diciembre de 2012, las ayudas al sector bancario ascendían a 1,42 billones (con b) de €. De esta cantidad 50 mil millones se han empleado para la compra de activos (viviendas desahuciadas entre ellos) con los que se ha conformado la SAREB; 903 mil millones en garantías y avales; 362 mil en préstamos: 28 mil en esquemas de protección de activos y 58 mil en inyecciones de capital.

No son sólo los costes que tiene derivar semejante cantidad de dinero público al sector bancario. Ni siquiera que no se ponga ninguna condición para que este se lleve a cabo, como por ejemplo poner las viviendas de la SAREB al servicio de los desahuciados. Lo peor es que ya se da por perdido parte de este dinero.

Analizando todo esto, cuesta pensar como alguien puede hablar de “brotes verdes” cuando se han desahuciado a cientos de miles de familias y existe, ni tiene vistos de existir, ninguna medida que pueda reparar de alguna manera la situación en la que se abandona a las personas que son expulsadas de sus casas.

Cuesta comprender cómo un país serio puede tener una legislación sobre desahucios que vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

Quizás el problema radique en que permitimos que los que tendrían que buscar soluciones para que todas estas familias pudieran encontrar una forma digna de vivir, han decidido gastar su tiempo buscando la manera de dar dinero público a los que desahucian. Les pagamos para que nos desahucien.