Desde que comenzó la actual crisis económica, la sensación de indefensión, zozobra e injusticia ha ido en aumento entre los ciudadanos. En amplias capas de la sociedad se ha instalado la percepción de que las instituciones elegidas democráticamente han sido superadas por el poder depredador de los grandes capitales, que se mueven voraces de un país a otro en busca del beneficio rápido. Los dirigentes políticos, impotentes, están practicando el mayor retroceso en derechos sociales de la reciente historia europea para calmar al mismo entramado financiero que provocó la catástrofe.

Lo que ocurrió ayer en Irlanda, otrora “milagro económico” del liberalismo, constituye el colmo de la provocación. El Gobierno anunció un durísimo plan de ajuste que dejará en la calle a 24.750 funcionarios y aumentará el IVA hasta el 23%, mientras que no tocará el Impuesto de Sociedades del 12,5%, el más bajo de la UE. Con independencia de las explicaciones de tipo económico que se den a esta decisión, el mensaje peligroso que llega a los ciudadanos es que sus gobernantes los están sacrificando en lugar de enfrentarse a los causantes de la debacle. La huelga general de ayer en Portugal y la airada reacción de los estudiantes británicos contra el aumento desorbitado de las tasas universitarias son síntoma de un malestar popular que puede desbordarse en cualquier momento. Hace dos días, el ex futbolista francés Éric Cantona propuso una singular rebelión consistente en retirar los depósitos de los bancos, y la idea desató una gran agitación en internet. La rabia se extiende. ¿Serán capaces los líderes políticos de tomar nota?