El Estado cobrará un interés por las ayudas públicas pero puede tener que asumir pérdidas si la entidad va mal

Hay nombres que lo dicen todo. El Gobierno ha optado por utilizar un instrumento poco conocido, los bonos convertibles contingentes, para inyectar dinero en las entidades financieras que lo necesiten –y se fusionen–. En el argot financiero, los bonos convertibles contingentes se llaman cocos y, a juicio de muchos expertos, deberíamos asustarnos tanto de ellos como se asustan los niños pequeños cuando se les atemoriza con que viene el coco.

La reforma financiera que esta semana ha aprobado el Consejo de Ministros exige a bancos y cajas un saneamiento de más de 50.000 millones de euros elevando las provisiones para cubrir la depreciación de sus activos inmobiliarios y que estén a precios de mercado.

El Gobierno quiere que las entidades tiren de sus beneficios o reservas para realizar este saneamiento, pero está claro que no todas tienen ni tendrán dinero suficiente. Así que a las que no puedan sanearse por sus propios medios, el Estado les dará dinero mediante los cocos a cambio de un tipo de interés cercano al 8%. Luis de Guindos, ministro de Economía, insiste en que no se van a usar recursos públicos, lo cual debe ser un chiste muy particular porque los 6.000 millones con que van a aumentar el capital del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o mecanismo para dar dinero a la banca) salen del Tesoro Público y, aunque no computen como déficit, sí lo hacen como deuda pública. Aun más, los cocos son un instrumento injusto para el contribuyente, porque si la cosa sale mal el Estado puede perderlo todo, y si sale bien, los beneficios están limitados.

Los cocos se convierten en acciones si las entidades entran en pérdidas o se reduce su nivel de capital por debajo de lo exigido. En ese caso, los contribuyentes (el Estado) pasan a convertirse en accionistas de una caja que vale menos que cuando se le dio el dinero a través de los bonos.

Por ese riesgo, el Estado sólo cobra un interés fijo y no puede intervenir en la dirección de la entidad, porque los cocos no tienen derechos políticos. Y si las cosas van bien, los beneficios de la caja no los recibe, aunque haya puesto dinero, porque no es accionista.

Además del riesgo de los cocos, sobre la reforma financiera aprobada por el Gobierno planean tres incógnitas: ¿Servirá para bajar el precio de los pisos? ¿Relanzará el crédito? Los 50.000 millones de saneamiento ¿están bien calculados? Por empezar con este último interrogante, se han calculado con datos a junio de 2011, con unos activos inmobiliarios problemáticos cifrados en 175.000 millones de euros y un total de 323.000 millones de euros, incluyendo los no problemáticos ligados al sector constructor y promotor. Sin embargo, esas no van a ser las cifras de cierre de 2011 ni las de 2012. Esos datos aún no los conocemos, pero sí sabemos que los activos dudosos crecieron un 24,9% en junio de 2011 respecto a junio de 2010 por los créditos a la construcción y promoción.

Bajar precios

Obligar a la banca a provisionar más sus activos inmobiliarios puede hacer bajar los precios, porque la resistencia a aceptar las pérdidas y vender más barato es muy fuerte. ¿Cómo funcionan las provisiones? Supongamos que el banco se adjudicó un suelo a 100 y tiene provisionado el 31%. Si lo vende a 69 ni gana ni pierde, pero si lo vende a 60 tendrá que apuntarse una pérdida de 9, por lo que se resiste a bajar el precio. Con provisiones más altas ya está asumiendo esa pérdida y puede vender a un precio más bajo sin efecto negativo en el balance. Claro que si lo vende por encima se apuntaría un beneficio.

Y, aunque en último lugar, lo más importante: ¿habrá más crédito? Lo que hay es escepticismo. Aún con barra libre de liquidez en el BCE, se ha comprobado que los bancos no prestan. Habrá que recurrir a otro Coco, el monstruo peludo de color azul de Barrio Sésamo para que no sólo explique la diferencia entre cerca y lejos, sino las que hay entre tener crédito o no tenerlo. Lástima que Supercoco siempre se estrellaba.