El encuentro secreto que mantuvieron el viernes pasado el presidente valenciano, Franscico Camps, y el número dos del Poder Judicial, Fernando de Rosa, constituye un grave atropello al Estado de Derecho que el PP debería explicar sin dilaciones. El mismo día de la reunión, en declaraciones públicas, De Rosa defendió públicamente a Camps –presuntamente implicado en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón– y sugirió que el magistrado podría haber prevaricado.La explicación de De Rosa sobre su presencia en el Palau de la Generalitat –había ido a buscar unos faxes o unos teletipos, dijo– no sólo son mentira, sino que reflejan el desprecio por las instituciones de este juez y ex consejero de Camps, quien, por lo que se desprende de sus palabras, se siente con derecho de entrar como Pedro por su casa en la sede del Gobierno autonómico a abastecerse de información.De Rosa ha demostrado que no es digno del cargo que ocupa. Y su reunión con Camps –a la que se sumó otra ampliada, según revela hoy este diario– evidencia la histeria que cunde en el PP y que se ha agudizado a raíz de la implicación del tesorero nacional del partido en la trama de corrupción. Sólo desde ese estado de nerviosismo extremo se puede explicar la reacción virulenta de Rajoy y sus huestes contra el juez Garzón. Una ofensiva en la que los sedicentes defensores de la legalidad se muestran decididos a todo. Empezando por usar y tirar el poder judicial.