La cuenta atrás hacia la inminente intervención del president de la Generalitat en el parlamento catalán, el próximo martes 10 de octubre, va acompañada de todo tipo de mediaciones , tanto con Puigdemont como con Rajoy, para que ambos se sienten en una mesa de diálogo. Simultáneamente, las presiones coordinadas del mundo económico, facilitadas por la Moncloa que ha cambiado la ley para que los accionistas de las entidades no tengan que ser consultados, intentan hoy que el referéndum ilegal no desemboque inmediatamente en la anunciada declaración unilateral de independencia de la República de Cataluña. Probablemente, aunque de forma bastante discreta, los mediadores aconsejan prudencia a Rajoy para que no vuelva a reeditar las escenas de brutal represión protagonizada el 1 de octubre por la comandante en jefe de la salvajada de Barcelona.

A los catalanes, les recuerdan que Cataluña no es Kosovo. Este estado separado de Serbia, reconocido por 111 de los 193 estados que componen la ONU, alcanzó su independencia en 2008 mediante una declaración unilateral de independencia, análoga a la que se podría proclamar en Barcelona dentro de setenta y dos horas. Esta excepción internacional se debe a que los Estados Unidos buscaban una base militar en el bajo vientre de Rusia, tanto como Alemania necesitaba terminar con la total fragmentación de Yugoeslavia, iniciada con la independencia de Croacia y Eslovenia. Kosovo fue primero una base y luego un estado, como Panamá fue un canal y luego un estado. Cataluña no es ni lo uno ni lo otro y, por lo tanto, carece del apoyo de los padrinos geopolíticos que mutaron a narcotraficantes kosovares en nacionalistas con Estado.

A los españoles, les recuerdan que España no es Serbia, ni los Pirineos son los Balcanes. Se impone, pués, el diálogo que Madrid siempre ha rechazado. La Unión Europea, la Iglesia Católica, las multinacionales, todos los fondos de inversión y el Vaticano buscan que Madrid escuche a Barcelona tanto como Barcelona a Madrid. Lo que les preocupa no es el referéndum, como sostiene The Economist, sino la reacción de Rajoy al referéndum. Ayer mismo, en las calles de diversas capitales se gritaba en favor de la paz, en medio de un océano de banderas blancas, y contra el dilema siniestro que, hasta el momento, plantea hoy la Moncloa a la Generalitat: humillación o prisión. Hora es que más de tres millones de catalanes, que demandan votar sobre su futuro como votaron los escoceses sobre el suyo, sean escuchados tras una docena de años de oídos sordos del Partido Popular.

Si el Partido Popular llegó a calificar a ETA como Movimiento Vasco de Liberación Nacional, septiembre de 1998, y se sentó con los dirigentes etarras en Suiza –los populares Fluxá, Zarzalejos y Arriola con el entonces jefe terrorista Mikel Antza–, ¿cómo no puede hablar con Puigdemont? No se comprende nada bien en la Unión Europea tanta deferencia con un grupo terrorista y tanta hostilidad cerril con un gobierno democrático, por muy ilegal que haya sido el referéndum celebrado el 1 de octubre. Si estuvieron dispuestos a hablar de todo con aquellos pistoleros, y bien que hablaron, no se acaba de entender en las capitales europeas ese rechazo a hablar sobre el derecho a votar de los catalanes con estos pacíficos representantes democráticos de la inmensa mayoría de la sociedad catalana.

De lo contrario, Rajoy estaría oficializando la caricatura de un nuevo movimiento nacional que llevaría al desastre tanto a los catalanes como a los españoles. Reeditar hoy, en 2017, la entrada de Franco en Barcelona, en 1939, sería peor que una farsa. Los que gritan que Puigdemont entre en prisión también le tachan de traidor, como ayer mismo se pudo escuchar en Madrid. Si grave es montarse en el caballo blanco de Santiago, al grito de cierra España, mucho más lo es cabalgar a la vez sobre el caballo de Espartero, el de los célebres testículos de su estatua madrileña. Nada sería más perjudicial para la unidad del Estado español, amenazada por la caverna neofranquista, que actuar hoy sobre Cataluña como Espartero aconsejaba: bombardearla cada cincuenta años.

La reprobación de la comandante en jefe de la salvajada de Barcelona, propuesta por el PSOE, bien podría ser todo un importante peldaño hacia el diálogo entre catalanes y españoles. Si hoy los socialistas lograsen presentar esta moción de reprobación contra Soraya Santamaría sería todo un primer paso hacia el urgente diálogo entre catalanes con españoles, mutilado por la bárbara e innecesaria carga policial decidida por un coronel subordinado a la actual vicepresidencia del Gobierno. ¿Por qué y para qué la ordenó ?¿Qué fines perseguía? Su más que probable votación por la mayoría de los grupos parlamentarios, menos la muleta parlamentaria habitual del Partido Popular, volvería a dejar en minoría al Gobierno de Rajoy, por segunda vez en un mes, y sentaría las bases para la elaboración de una alternativa democrática que pudiera sustituir al PP en La Moncloa.