La encrucijada de Duterte
Las nuevas relaciones de Duterte con EEUU
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El pasado 26 de agosto de 2016 se clausuró cordialmente y con éxito la primera ronda de negociaciones de paz entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas (National Democratic Front of the Philippines-NDFP), la alianza de organizaciones designada para representar al ilegalizado Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines- CPP), incluyendo a su brazo armado el Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army- NPA), fundados por Jose Maria Sison en 1968 y 1969 respectivamente.
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Si este conflicto se ha perpetuado durante casi 50 años, siendo así uno de los más prolongados del mundo, las negociaciones de paz que tratarían de resolverlo
llevan postergándose intermitentemente más de 30
En febrero de 2011, durante la administración del anterior presidente, Benigno "Noynoy" Cojuangco Aquino III, se reanudaron las negociaciones tras casi una década de suspensión. Se habían truncado en junio de 2001 cuando la entonces presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, paralizó súbitamente las conversaciones de paz para anunciar la puesta en marcha de un brutal programa “anti-insurgencia”, Oplan Bantay Laya, alineado con la bien conocida “guerra contra el terror” estadounidense.
En línea con la política de Gloria Macapagal Arroyo, el gobierno de Aquino también instauró otra campaña de contrainsurgencia, Oplan Bayanihan, sobre la que todavía no se ha pronunciado oficialmente la administración de Duterte, y que comprende decretos como el Executive Order 546 (Decreto Ejecutivo 546). Este decreto legitima el uso de grupos paramilitares civiles como fuerzas multiplicadoras para combatir los supuestos grupos rebeldes.
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Los militares responsables de violaciones de derechos humanos, ejecutadas en el marco del plan Oplan Bayanihan, solían ser promocionados durante el Gobierno de Aquino
Los testimonios, informes, investigaciones y pruebas recogidas por organizaciones como Karapatan, Ibon, Rural Missionaries of the Philippines, National Union of People’s Lawyers, Public Interest Law Center, UMA Pilipinas, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP- Movimiento de Campesinos Filipinos), Kilusang Mayo Uno (KMU- Movimiento Primero de Mayo), entre otras, demuestran con rotundidad que el propósito de los programas de “seguridad interna” no es únicamente erradicar la resistencia armada liderada por el Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines–CPP) y el Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army–NPA): su objetivo es acabar con todas las formas de resistencia frente a las actividades del sector corporativo y financiero que sistemáticamente merman los recursos naturales del país. La intensificación de la militarización promovida por Oplan Bayanihan defiende los intereses de las grandes corporaciones y a los terratenientes, que despliegan operaciones mineras, madereras y agroindustriales a gran escala o zonas económicas especiales con la voluntad de saquear los ricos recursos del país que conservan las comunidades indígenas en sus tierras ancestrales.
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Las nuevas relaciones de Duterte con EEUU
Acuerdos como el TPPA (Trans Pacific Partnership Agreement) o el EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement), ambos promovidos por EEUU, apuntan a que Obama pretendía convertir a Filipinas en un enclave estratégico militar para EEUU en el sureste asiático con el fin de reequilibrar la fuerza militar estadounidense respecto a China y controlar la navegación internacional y el comercio en su mar del sur. En concreto el EDCA (Acuerdo de Cooperación Reforzada en Materia de Defensa), firmado por Aquino y Obama en abril de 2014, elude la proscripción de bases y tropas militares extranjeras establecida en la Constitución filipina para permitir que EEUU incremente la llamada "presencia rotativa de sus tropas” y construya bases militares bajo la forma de “instalaciones temporales autorizadas en áreas de las Fuerzas Armadas de Filipinas”.
Obama pretendía convertir a Filipinas en un enclave estratégico militar para EEUU en el sureste asiático con el fin de reequilibrar la fuerza militar estadounidense
respecto a China
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Rodrigo Duterte fue el único candidato a la presidencia que prometió afrontar y tratar las causas de raíz del conflicto armado. Si bien el preámbulo a la reanudación formal de las negociaciones de paz estuvo repleto de exabruptos, hasta que se logró acordar la liberación de los consultores de paz del NDFP que viajaron precipitadamente a Oslo desde sus respectivas celdas, la redacción del acuerdo conjunto que se firmó el pasado 26 de agosto se pactó cordialmente. En dicho acuerdo, las comisiones de paz del Gobierno de Filipinas y del Frente Democrático Nacional estipularon lo siguiente: la ratificación de todos los acuerdos bilaterales firmados previamente; la aceleración de las conversaciones formales en las negociaciones de paz; la liberación de los prisioneros políticos (557 a día de hoy); la reconstitución de las lista de inmunidad dentro del acuerdo de garantías JASIG; la amnistía a todos los presos políticos que el Gobierno de Filipinas recomendaría inmediatamente a Duterte y que está sujeta a la concurrencia del congreso de Filipinas y la proclamación provisional y unilateral del alto el fuego por ambas partes.
La industrialización nacional y una reforma agraria genuina son los dos pilares de las reformas socioeconómicas que el NDFP defiende para acabar con la desigualdad y la pobreza. Una política basada en una fuerte independencia nacional que comience por derogar tratados y acuerdos que menoscaben la soberanía nacional y erija un gobierno basado en la unidad nacional, la paz y el desarrollo y empoderamiento de los trabajadores, los campesinos, las mujeres y los pueblos indígenas conforma el núcleo de las reformas constitucionales y políticas que trataría de avanzar el NDFP.
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El horizonte es, no obstante, más esperanzador. El secretario del Trabajo y presidente de la Comisión de Negociación del Gobierno de Filipinas, Sec. Silvestre H. Bello III, afirmaba lo siguiente durante una entrevista el pasado 27 de agosto en el hotel de Oslo donde tuvieron lugar la negociaciones: “Reconocemos la legitimidad y validez de las posturas y exigencias del NFDP y estamos dispuestos a implementar reformas de gran envergadura para erradicar la pobreza, la corrupción y la mala gestión gubernamental que, a mi juicio, son las causas de este conflicto”. Al ser interpelado sobre la dirección política de Benigno Aquino, Silvestre Bello afirmó: “Los programas y acuerdos instituidos por Aquino como Oplan Bayanihan y EDCA son nefastos para el pueblo filipino y deben ser abrogados con inmediatez”.
El comercio de drogas ilegales se sostiene debido al grado extremo de pobreza de una mayoría que es presa fácil para las redes del narcotráfico a causa del hambre, el desempleo, la falta de servicios sociales
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Actualmente, se ha extendido a escala mundial un clamor en contra de la barbarie criminal provocada por la proliferación de drogas ilegales en Filipinas. Una vez más, es importante entender cuáles son las causas de raíz de este conflicto. El grado exacerbado de corrupción a todos los niveles de la administración blinda al negocio del narcotráfico. Elementos de las fuerzas policiales se confabulan y coordinan con burócratas gubernamentales y todos aquellos organizados en la cadena del comercio de drogas. Se han registrado al menos 700 asesinatos perpetrados en nombre de la campaña contra el crimen de Duterte o como forma de silenciar testigos. Lo que es más preocupante y condenable son los asesinatos arbitrarios y extrajudiciales de pequeños camellos o traficantes, incluyendo menores, generalmente de los sectores más pobres.
* La autora es corresponsal extranjera del medio filipino 'Altermidya' y miembro del Comité Internacional de Coordinación de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (ILPS)
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ANÁLISIS