Este lunes se cumplen dos meses desde las elecciones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM). Lo que debería haber sido un proceso democrático, transparente y respetado, ha desembocado en una crisis institucional sin precedentes. La anulación de la proclamación de Tomás Merina como presidente, en contra del criterio de la Junta Electoral, ha puesto en entredicho la credibilidad del colegio y ha ignorado la voluntad de los médicos madrileños. 

El 17 de diciembre, Tomás Merina fue elegido presidente del ICOMEM con el 47% de los votos, superando a Esther Rubio y al entonces presidente, Manuel Martínez-Sellés que quedó en última posición. La Junta Electoral, órgano competente para evaluar la validez de las candidaturas, avaló su candidatura y, celebradas las elecciones, proclamó a los vencedores. Cerca de 20.000 facultativos acudieron libremente a las urnas para expresar su voluntad de elección democrática en un proceso avalado por el órgano competente.

Sin embargo, un mes después, la Comisión de Recursos (un órgano colegiado de dudosa credibilidad jurídica, compuesta y presidida por afines al expresidente perdedor), anuló la proclamación del ganador. Esta decisión ha generado indignación entre los médicos madrileños, ya que deslegitima su voluntad y contraviene a la Junta Electoral. La pregunta es inevitable: ¿por qué se permitió su candidatura si no cumplía los requisitos? Y más aún: ¿cómo es posible que se proclame un vencedor y después se decida, de manera opaca y unilateral, que no puede ser presidente?

Desprecio a los médicos y los principios constitucionales

La Constitución Española consagra el principio democrático y la necesidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas. El ICOMEM representa a un colectivo profesional que tiene derecho a elegir libremente a sus representantes. Anular esta expresión popular sería un golpe mortal a la democracia y sienta un peligroso precedente. Lo que está en juego no es solo la presidencia del ICOMEM, sino el respeto a las normas democráticas más fundamentales. No se puede ignorar el resultado de un proceso electoral válido simplemente porque a algunos no les guste el desenlace.

El Colegio de Médicos de Madrid no puede permanecer en esta situación de interinidad, pero la solución no es volver a las urnas, sino respetar lo que ya votaron los médicos el 17 de diciembre. La Comisión de Recursos debe rectificar su decisión y permitir que Merina asuma la presidencia para la que fue elegido. Atravesamos una crisis que no se debe a un resultado electoral polémico, sino a la decisión injustificada de un órgano interno que ha ignorado la voluntad de los médicos. En un Estado de derecho, el respeto por los procesos democráticos es fundamental, y el ICOMEM no puede ser una excepción. No se trata de convocar nuevas elecciones, sino de reconocer y respetar los resultados ya obtenidos. La única solución justa y legítima es que el ganador asuma la presidencia que le corresponde por decisión de los electores.

Como advirtió Cicerón hace más de dos mil años: “La libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de los hombres la temen”. Respetar la voluntad de los colegiados es un acto de responsabilidad institucional. Madrid es una región en la que, como proclama su presidenta, “La libertad es nuestra razón de ser”. Los médicos no podemos perder la libertad, la salud de los madrileños no se lo merece.