Por José Gómez Alén. Catedrático de EEMM e historiador. Fundación de Investigaciones Marxistas

Hace cincuenta años comenzaba en la comarca de Vigo una huelga general que venía fraguándose desde las elecciones de enlaces sindicales de septiembre de 1971. Aquellas elecciones confirmaron el triunfo y la influencia de los militantes de las Comisiones Obreras en los centros industriales de España y, las principales empresas de Ferrol y Vigo no fueron una excepción (1). El Partido Comunista entendió entonces que se abría la posibilidad de desencadenar una oleada movilizadora en el camino hacía una Huelga General Política contra la dictadura franquista y en Galicia, tal como recogen los documentos que difundían, la idea fue madurando y cogiendo fuerza en el interior de las factorías de las comarcas de Ferrol y Vigo, donde los lideres y cuadros comunistas que dirigían las Comisiones Obreras tenían plenamente asumida aquella estrategia de lucha política contra la dictadura. Disponían también de los recursos humanos y materiales de movilización obrera, que ya habían puesto en práctica en los años precedentes, para caminar extendiéndose como una mancha de aceite social hacia la huelga general (2).

A comienzos de 1972, el PCG y las CCOO tenían organizaciones estables en el interior de las factorías; sus lideres controlaban los jurados de empresa y se preparaban para defender las reivindicaciones laborales y políticas en la inmediata negociación de los nuevos convenios colectivos mientras la tensión sociolaboral crecía en los astilleros de Bazán, Vulcano, Barreras y otras empresas donde los jurados, apoyados por los trabajadores, denunciaban sus convenios y reclamaban la negociación de los nuevos (3). En ese contexto de agitación social, la represión desencadenada por el Gobierno contra los trabajadores de Bazán los días 9 y diez de marzo, con dos muertos y más de cien heridos, dio lugar a una movilización de repulsa en la comarca viguesa. La huelga saltó primero en Vulcano, después en Barreras y a continuación marcharon hacia Citroën y otros centros de trabajo para tratar de paralizar la ciudad en solidaridad con los trabajadores ferrolanos. En Citroën los trabajadores hicieron un paro parcial de brazos caídos, pero permanecieron dentro de la empresa. En los días siguientes Vulcano y Barreras mantuvieron la huelga con paros en Citroën, Censa, Yarza, Freire, Reyman y Santo Domingo entre otras factorías y se concentraron en la Puerta del Sol. No lograron extender la movilización a toda la ciudad porque los militantes de las organizaciones clandestinas de Citroën y otras empresas no consiguieron sacar a la calle a sus trabajadores para convertir el movimiento de solidaridad en un intento de movilización general. A pesar de ello, la idea de la Huelga General continuaría madurando entre los cuadros de las CCOO y alimentándose socialmente en los meses siguientes con los conflictos laborales en Barreras, Vulcano y CENSA por un nuevo convenio o el creciente descontento obrero en Citroën que mantenía la jornada de 48 horas con la aplicación de las Normas de Obligado Cumplimiento.

Durante esos meses las CCOO fueron poniendo a punto sus recursos: primero sus militantes a quienes tenían que activar al máximo para que aceptasen diferentes niveles de riesgo que comportaba el encabezar no solo las reclamaciones y las protestas obreras sino también los paros y las movilizaciones para conquistarlas, lo que suponía estar dispuestos a asumir las consecuencias y la represión que podía acarrear su actividad; otro de los recursos esenciales era el aparato de propaganda, que debía mantenerse totalmente seguro y sin riesgos de caídas para garantizar la distribución de miles de octavillas por las factorías y la ciudad con las consignas reivindicativas y, sobre todo, la salida de su periódico, “Vigo Obreiro” que desde el mes de junio inundaría las factorías viguesas con regularidad. Además, desde 1971, disponían de un despacho laboralista, cuyos titulares Elvira Landín y Fernando Martínez Randulfe, se habían trasladado a Vigo desde el bufete de José Jiménez de Parga en Madrid, con el objetivo de atender las necesidades de defensa procesal de los trabajadores ante las magistraturas y asesorarlos en la negociación colectiva; para los procesos en el TOP contaban con el trabajo de otro letrado, Alfonso Álvarez Gándara (4). También eran importantes los aliados que encontraban en diferentes sectores profesionales, entre los periodistas que daban cobertura mediática a las movilizaciones obreras y, sobre todo, en el apoyo de un colectivo de trabajadoras, organizadas en las Comisiones y en el Movimiento Democrático de Mujeres que, además de militar en sus empresas, colaboraban muy activamente en la distribución de la propaganda clandestina y en acciones de solidaridad (5).

La experiencia de las luchas desde el ensayo de marzo, permitió a los lideres obreros extraer una conclusión: la huelga solo podría ser general en la comarca si Citroën la seguía. Se trataba de la mayor empresa de la provincia, con más de 4000 trabajadores, en general procedentes de las zonas rurales y aunque el PCG y las Comisiones tenían organización clandestina desde 1966, eran conscientes de que en la empresa no había tradición de lucha social y por lo tanto no saldrían a la calle en una huelga de solidaridad, lo que si tenían garantizado en Vulcano, Barreras y otras factorías. Era pues imprescindible incorporarla al proceso huelguístico y solo había una forma, poner en primer plano una reivindicación sentida y aceptada por el conjunto de sus trabajadores, la jornada de 44 horas que les permitiría librar la tarde de los sábados, como ya disfrutaban los trabajadores del sector naval. Pero también eran conscientes que necesitaban forzar a la empresa a actuar represivamente para lanzar la solidaridad en el resto de la comarca. El análisis realizado por la Intercomisión condujo a un lanzamiento masivo de octavillas el día 8, reclamando la jornada de 44 horas y los activistas obreros iniciaron un paro en el taller de la nave F en la tarde del día 9 que provocó la respuesta esperada: el despido de 9 trabajadores entre ellos los enlaces F. Vázquez; J. Bacariza y el jurado Isidro Gómez y casi todos miembros del Partido Comunista (6). El paro se extendió por la factoría exigiendo la readmisión de los despedidos y tal como estaba previsto, se lanzaba la consigna huelga en solidaridad con Citroën que encabezaban Vulcano y Barreras.

En los días siguientes se fueron incorporando los trabajadores de las diferentes empresas que permanecieron cerradas. La vida urbana se paralizaba, mientras se sucedían las asambleas en Sindicatos o en el Monte y el aparato de propaganda del PCG distribuía una octavilla diaria con las consignas de movilización y la convocatoria de manifestaciones, con duros enfrentamientos con la policía y los saltos descontrolados que en ocasiones protagonizaron los militantes de Organización Obreira (7). Las empresas pasaron de las amenazas al despido de todos sus trabajadores, las detenciones se sucedían a diario y el día 23 la Intercomisión, verdadero comité de huelga, analizaba la situación y la capacidad de resistencia del conjunto de trabajadores para, después de un intenso debate, decidir la reincorporación al trabajo, tratando de minimizar al máximo el coste social y reagrupando las fuerzas para las próximas luchas, conscientes del precio que para muchos de sus miembros significaba el conflicto. La normalidad laboral comenzaba el 25 de septiembre después de quince días de una huelga en la que participaron más de 25.000 trabajadores de 33 empresas de la comarca. Hubo varios cientos de detenidos, casi 300 despedidos y algunos procesos incoados por el TOP (8). Entre los represaliados se encontraban la mayor parte de los líderes de las Comisiones Obreras de todas las empresas que participaron en la huelga (9). Sin embargo, el movimiento obrero vigués, aunque en parte descabezado, mantenía sus estructuras y militancia en las factorías y su aparato de propaganda intacto como demostraba la salida del “Vigo Obreiro” y los diferentes boletines de CCOO en cada empresa. Y, sobre todo, la huelga había sembrado la ciudad de una conciencia democrática que no dejaría de crecer y que, desde 1974, mostrarían de nuevo su capacidad de lucha. Los trabajadores vigueses volverían a tomar las calles hasta el final de la dictadura, por los conflictos laborales y las huelgas que se incrementaron con las convocatorias de la Junta Democrática y otras plataformas unitarias por la amnistía y las libertades políticas.

La historia del conflicto tiene protagonistas colectivos, el PCG y las CCOO; otros colectivos, minoritarios, fueron la Unión Sindical Obrera (USO) que contaba con algunos militantes en ASCON, Citroën y CENSA; el grupo de Galicia Socialista con presencia en Citroën y Plásticos de Galicia que también militaban en las Comisiones y los jóvenes que formaban parte de la ya citada Organización Obreira, con militancia en Barreras, Citroën, ASCON y Álvarez, pero sin influencia real en el movimiento obrero (10). También algunos sectores profesionales en el comercio y el transporte; algunos estudiantes y profesores que fueron interrogados y multados. Pero especialmente tiene protagonistas individuales cuyos nombres pueden seguirse en los trabajos historiográficos ya publicados, algunos aquí citados; en las actas de los jurados de cada una de las empresas; en el Informe especial. Asunto Vigo (BPS, noviembre 1972) y en Nota Informativa-Vigo (Secretariado de asuntos sociales. Sección Sindicatos-AGA, octubre 1972). Nombres que no caben todos en el reducido espacio de este artículo pero que merecen ser reconocidos más allá de las siglas políticas y sociales a las que pertenecieron. Y es de justicia histórica recordar su capacidad de lucha y su aportación a la conquista de las libertades: como tal deben ser homenajeados como parte de la memoria colectiva de la ciudad y de Galicia. Las instituciones deberían participar de ese reconocimiento memorialista y la máxima institución municipal debería atender las demandas que le plantean desde algunos ámbitos sindicales y sociales como la “Comisión del cincuenta aniversario de la huelga general”, de la que aún hay protagonistas directos vivos que merecen un reconocimiento institucional que les devuelva al lugar que se han ganado en la historia de la ciudad y, si la memoria de las luchas de los trabajadores de Ferrol merece una calle en Vigo, ¿acaso los trabajadores vigueses que protagonizaron una huelga general histórica y sufrieron por ello la dureza represiva de la dictadura en forma de despidos, procesos judiciales en diferentes instancias, cárcel y torturas, no son merecedores de un monumento y una calle que honre la memoria de aquel proceso huelguístico que tanto contribuyó a fortalecer la conciencia democrática de todos sus ciudadanos?

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