Las tecnologías de las Fuerzas del Orden que vulneran libertades llegan a la ONU

La relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos (DDHH) y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, ha emitido recientemente un informe advirtiendo del uso incorrecto de las nuevas tecnologías por parte de algunos Estados. Bajo el pretexto de la seguridad nacional, algunos países estarían abusando, restringiendo y violando DDHH.

La irlandesa Ní Aoláin critica en su informe cómo con demasiada frecuencia se utiliza la seguridad y la lucha contra el terrorismo para justificar política y jurídicamente la adopción de tecnologías de alto riesgo y altamente intrusivas, como es el caso de las tecnologías biométricas, la Inteligencia Artificial (IA), la vigilancia con software espía o los drones.

El informe es demoledor a la hora de criticar el abordaje del terrorismo por parte de los países. Desde su punto de vista, los Estados están realizando evaluaciones incompletas de su origen, con análisis causales inadecuados, plagados de datos selectivos -y probablemente, interesados-, que han terminado por generar más violencia en lugar de reducirla. Es en este contexto en el que la relatora sitúa la adopción de las nuevas tecnologías, que los gobiernos acostumbran a identificar como solución cuando en realidad no lo son.

Ní Aoláin sostiene que el uso de este tipo de tecnologías precisa de un mayor escrutinio, planteándose de antemano preguntas cómo si contribuirán o pondrán en peligro la protección de los DDHH, el mismo Estado de Derecho o la igualdad. El informe denuncia la falta de rigor a la hora de evaluar la idoneidad, la necesidad y el valor añadido de estas nuevas tecnologías. En ese sentido, la irlandesa muestra su preocupación por la escasa voluntad para regular las prácticas de entidades privadas, incluidas las corporaciones multinacionales, que violan los DDHH.

El propio Consejo de Seguridad de la ONU pasa por ser uno de los grandes promotores de este tipo de tecnologías, como es el caso de los drones. A este respecto, a la relatora especial le preocupa la laxitud a la hora de abordar el uso indebido de drones armados por parte de los Estados, así como el abuso generalizado de las tecnologías de vigilancia por los Estados. No es el único ámbito de inquietud, pues las medidas para contrarrestar la financiación del terrorismo que impactan en la sociedad civil y los agentes humanitarios también se sitúan a la cabeza.

Biometría e Inteligencia Artificial sin límites

Un ejemplo de irregularidades citado en el informe es el referido al mandato global de recopilar datos biométricos de personas en los pasos fronterizos. Así sucedió en 2014 con las personas que viajaban desde Irak y Siria, consideradas potencialmente terroristas aun cuando no lo eran. Con la excusa de protegerse de una amenaza terroristas, los Estados terminaron utilizando esta medida tan intrusiva para el control migratorio y de control social, con unos requisitos para esta recopilación de datos biométricos que carecían de especificidad en materia de DDHH y Estado de Derecho.

El uso y la recopilación de datos biométricos se han acelerado con la pandemia, denuncia la relatora, y ha afectado de manera desproporcionada a las minorías religiosas, étnicas y raciales, así como a otros grupos vulnerables y aquellos que están económica y socialmente marginados en la sociedad. Falta un marco normativo riguroso y Ní Aoláin carga duramente contra la propia ONU, que en lugar de liderar un esfuerzo integral para acordar un conjunto de normas y estándares internacionales sólidos con respecto a la recopilación de datos biométricos o de identidad, lo que ha hecho ha sido facilitar esa recopilación, prestando asistencia técnica y apoyo a los Estados miembros, con software como su programa goTravel.

La preocupación de la relatora se extiende a la adopción de decisiones algorítmicas inexactas o discriminatorias en la información anticipada sobre los pasajeros y los registros de nombres de los pasajeros, afectándose la libertad de circulación y el derecho a solicitar asilo. La Inteligencia Artificial (IA) ingesta grandes cantidades de datos, incluidos datos históricos, de justicia penal, de viajes y comunicaciones, de redes sociales y de salud. La relatora alarma sobre cómo se pueden utilizar estos sistemas para crear perfiles de personas, identificar lugares como sitios probables de mayor actividad delictiva o terrorista y señalar a las personas como presuntos sospechosos y futuros reincidentes. Dicho de otro modo, plantea serias dudas sobre su idoneidad dadas sus implicaciones para la privacidad y los DDHH, pues las evaluaciones de AI por sí solas no deberían ser la base para sospecha razonable.

La irlandesa señala directamente a la Unión Europea (UE) y la ley que prepara para regular la IA como ejemplo del modo en que los gobiernos están eximiendo el uso de la IA con fines militares y de seguridad nacional de los regímenes ordinarios de supervisión. Insta a la UE a corregir el actual borrador y obligar a que agencias como la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia Europea de la Guardia Costera y de Fronteras (Frontex) cumplan con las obligaciones de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Drones invasivos

En el ámbito de los drones, el informe destaca el riesgo para los civiles dado que las aeronaves no tripuladas armadas se están utilizando tanto dentro de los límites de conflictos armados como fuera de ellos, con los “asesinatos selectivos” en los que EEUU es el líder destacado –“muertes extrajudiciales”, como se han denominado-. A pesar de los intentos realizados durante la última década para instar a los Estados a acordar, adoptar y cumplir normas coherentes sobre el uso lícito de drones armados, se han logrado pocos avances tangibles. El perjuicio en materia de DDHH es evidente y la situación empeora, toda vez que, como destaca el informe, numerosos Estados han comenzado a expandir el uso de drones armados dentro de sus propias fronteras, y se han desarrollado nuevas tecnologías, incluidos nanodrones, drones armados con armamento no letal y drones letales sin potencia de fuego.

La relatora advierte de que si bien la primera generación de drones utilizados a nivel nacional por las fuerzas del orden se limitaba a funciones de vigilancia como si fuera un circuito cerrado de televisión en el cielo, con el tiempo los drones han ido incorporando nuevas prestaciones, como imágenes térmicas y de visión nocturna, seguimiento automático de objetivos, altavoces y focos. Ya existen modelos de drones franceses a la venta para las fuerzas del orden que pueden transportar hasta 18 granadas de gas lacrimógeno.

En esta misma línea, la relatora se muestra profundamente preocupada por el uso de drones para vigilar las protestas por sus implicaciones obvias para la privacidad, la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a participar en los asuntos políticos. El uso de drones junto con el poder coercitivo de la policía plantea problemas de detenciones arbitrarias, afectando a la libertad y la seguridad de las personas.