A finales de 1999, José María Aznar llevó al Congreso de los Diputados una nueva Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo y los partidos respaldaron la propuesta con un entusiasmo unánime. Nadie podía negarse a que los afectados cobraran indemnizaciones que iban a sumar un total de 50.000 millones de pesetas. Era además un texto que distinguía con un sello de "honor y reconocimiento" a un perfil muy específico de damnificados. Aunque el preámbulo insiste en desaprobar la violencia contra la democracia, la definición de víctima es aplicable a partir del 1 de enero de 1968. No parece una fecha fortuita: la primera víctima de ETA se remonta a 1968.

La prensa entendió la medida como un empujón al proceso vasco de paz. De hecho, ETA cumplía ya más de un año de tregua y había cundido la esperanza de un armisticio pactado al estilo irlandés. Mientras la Ley de Solidaridad se dirigía a la Cámara Baja, el Gobierno revalidaba su oferta de diálogo. "Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, sin exigencias previas, sin negociar la entrega de armas", declaró Mayor Oreja a Le Monde. Aznar necesitaba apaciguar a las facciones ultraderechistas que lo habían llevado a la Moncloa y que ahora reprobaban los discursos de concordia. Las indemnizaciones y el estatuto especial de víctima ayudarían a mitigar esos reproches.

El Gobierno de Aznar acercó a 190 presos, concedió 42 terceros grados y creó un plan de retorno para 304 personas huidas de la justicia. En 1999, en un especial de Antena 3 tripulado por Ernesto Sáenz de Buruaga, Isabel San Sebastián interpelaba al presidente con un retintín antológico. "¿Tenemos que ir acostumbrándonos ya desde ahora a la idea de que los terroristas etarras no van a cumplir íntegramente sus condenas?". Aznar se zafó del dardo y reiteró su condición de magnánimo estadista: "No lo planteemos en términos dramáticos. Si queremos la paz, hagamos la paz". Luego todo se frustró.

En octubre de 1999, unos días después de que el Congreso avalara la Ley de Solidaridad, la policía francesa arrestó en Pau a Belén González, la dirigente de ETA que se había sentado a negociar con los hombres de Aznar en un hotel de Zúrich. Algunos analistas pronosticaron que las esperanzas de paz se tambalearían. Y acertaron. ETA rompió la tregua en noviembre bajo una cacofonía de acusaciones mutuas. Pocos meses después, Aznar se afianzó en el trono con una mayoría absoluta. Ya no necesitaba aliados vascos ni catalanes. Había llegado la hora de la mano dura, el Pacto Antiterrorista y la ilegalización de partidos.

El concepto oficial de víctima, omnipresente todavía hoy en el debate político, se consolidó durante aquellos años de negociación con ETA como una suerte de contraprestación que equilibraba la balanza de los acercamientos y las excarcelaciones. ¿Quién tenía derecho a aquella categoría tan restrictiva? La respuesta burocrática fue concluyente. Los cinco obreros que mató la Policía Armada de Manuel Fraga en Gasteiz durante la razia de 1976 no son víctimas. Reconocimiento denegado. Los dos vecinos de Erandio que mató la Policía franquista en 1969 durante una protesta contra la contaminación no son víctimas. Indemnización rechazada.

Uno de los episodios más disparatados extiende su sombra hasta nuestros días. En mayo de 2022, la Audiencia Nacional exigió el pago de 9.252,06 euros en costas a la madre de Joxi Zabala, Felipa Artano, de 91 años de edad, que había reclamado su condición de víctima del terrorismo ante las ventanillas del Gobierno. A su hijo lo secuestraron, lo torturaron con una saña salvaje, le obligaron a cavar su propia tumba, le taladraron el cráneo de un balazo y lo enterraron en cal viva. La familia ha recibido un trato administrativo humillante, pero no hay delito de humillación a las víctimas porque resulta que en este caso ni siquiera hay víctima. Primero te matan y después te cobran la bala.

Llegados a este punto, parece que la categoría de víctima correspondería casi en exclusiva a las víctimas de ETA. Pero tampoco es así. Los dos primeros hijos de Nuri Manzanares y Enric Vicente murieron en el atentado de Hipercor. El Gobierno no solo les denegó la condición de víctimas sino que además los ha confrontado en los tribunales para no abonarles una pensión extraordinaria. Este caso lo ha batallado Robert Manrique, que sobrevivió a la explosión de Barcelona y que lleva años denunciando a aquellos que se atreven a hablar en nombre de todas las víctimas y utilizan el dolor ajeno en busca de dividendos partidistas.

A veces me pongo enfermo leyendo los exabruptos que le dedican a Maria Jauregi en las redes sociales. A su padre, Juan Mari Jauregi, lo mató ETA en el verano de 2000, justo después de que se frustrara la tregua y naufragaran las negociaciones con Aznar. Su pecado, el pecado de Maria Jauregi, es que no dice lo que los discursos hegemónicos exigen que diga una víctima. ¿De qué sirve organizar pomposos homenajes si hay víctimas que van por libre, que tienen criterio propio, que no sirven a las consignas de turno sino que se muestran generosas, empáticas con otras víctimas que nadie reconoce, dotadas de una estatura moral que resulta más una rareza que una norma?

El pasado martes, siete candidatos de EH Bildu que fueron condenados en su tiempo por la Audiencia Nacional firmaron una carta pública en la que no solo renuncian a sus candidaturas sino que además se dirigen a las víctimas de ETA con el compromiso de no añadir ningún dolor. Por un lado, asumen una "mirada autocrítica" y refrendan su convicción en las vías democráticas. Por otro lado, censuran que algunos "sectores reaccionarios" hayan recurrido al electoralismo para criminalizar a muchos otros candidatos que nunca participaron en la vía armada. Estos intereses partidistas, dicen los firmantes, "nada tienen que ver con la construcción de la convivencia y la paz".

"¿Con las víctimas o con Bildu?", le pregunta Cuca Gamarra a Pedro Sánchez. Cuando los voceros de butaca y talonario hablan en nombre de "las víctimas" en realidad quieren decir "algunas víctimas", las víctimas reconocidas, las víctimas oficiales, siempre y cuando esas víctimas, claro está, digan lo que ellos dicen o al menos callen cuando ellos hablan. Yo ahora me callo para que hable Maria Jauregi, que comparte en sus redes sociales la carta pública de los siete candidatos de EH Bildu con un mensaje del que los alborotadores no han dicho ni media: "Un paso más hacia la convivencia. Muchas gracias por la decisión que habéis tomado".