Dentro de algunas semanas me veré ante la jueza titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, en el primer juicio penal que voy a afrontar en mi vida (pero no será el último). Tendrá lugar el 17 de marzo de 2026.

He participado en diversas protestas noviolentas a lo largo de los años, dentro del trabajo que hacemos desde movimientos sociales, como el ecologismo y el pacifismo, que luchan por la supervivencia y la emancipación. Lo he hecho convencido de que es lo que nos corresponde en un mundo atravesado de injusticia, explotación y opresión donde van menguando las posibilidades de evitar los desenlaces peores. En particular, dos acciones de desobediencia civil pacífica (contra la tragedia climática que va desplegándose en nuestro siglo, que yo llamo desde hace años el Siglo de la Gran Prueba) dieron lugar a dos detenciones, estos últimos años.

Por una parte, el 7 de octubre de 2019 unos trescientos activistas y militantes, convocados por la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y por Extinction Rebellion Spain, cortamos el tráfico rodado en una de las principales avenidas de Madrid (el puente de la calle Joaquín Costa, al lado de Nuevos Ministerios) y aguantamos la presión de la policía durante una hora y media aproximadamente. En ese contexto, tres personas fuimos detenidas (hubo además 180 identificaciones) y posteriormente remitidas al juzgado de instrucción con acusaciones falsas. (Sobre las circunstancias de esta protesta puede verse: “Rompe la ola de movilizaciones ante la amenaza de catástrofe climática global”, 7 de octubre de 2019).

Se nos acusa falsamente (a Paco del Pozo, Marina Martínez y a mí) de resistencia grave a la autoridad (artículo 556.1 del Código Penal español), castigada con penas de prisión de tres meses a un año o multas (de 6 a 18 meses). Toda nuestra 'resistencia' consistió en tratar de que no nos lesionaran al retirarnos del puente ocupado –algunos compañeros y compañeras sí resultaron heridas, incluso con algún hueso roto–.

En realidad, el asunto tendría un par de aspectos paradójicos. El bien jurídico que se supone protege este artículo del Código Penal y otros cercanos es el buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas; pero apenas cabe imaginar mayor amenaza contra ellos que el agravamiento del cambio climático, precisamente aquello frente a lo que protestábamos. De hecho, el caos climático hacia el que avanzamos amenaza casi todos los bienes jurídicos que el Código Penal quiere proteger. Aquella mañana otoñal de 2019, quienes defendían un mundo habitable donde pudieran desarrollarse vidas dignas de ser vividas éramos los y las desobedientes civiles, no los policías.

Por otra parte, el delito que se nos imputa es “resistir o desobedecer gravemente a la autoridad o sus agentes”. Ahora bien, el artículo 550 de nuestro Código Penal estipula que “se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”. Pero sucede que yo soy un funcionario docente (profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid), y cabría argumentar que, como profesor universitario de ética y filosofía política, al protestar contra el ecocidio y genocidio climático que se está gestando me hallaba en el pleno ejercicio de las funciones propias de mi cargo (algunas de mis estudiantes participaron en la protesta, codo con codo y mostrando un coraje ejemplar). Desde esta perspectiva, la paradoja es evidente: el atentado podría imputarse antes a quienes me detuvieron a mí. Aunque me temo que no resultará sencillo convencer a la jueza de este razonamiento.

La segunda acción que me llevará más adelante ante otro juez o jueza tuvo lugar el 6 de abril de 2022. En esos días, durante una semana larga de movilizaciones impulsadas a nivel internacional por Rebelión Científica (grupo que nació de Extinction Rebellion), se organizaron diversas acciones reivindicativas. En Madrid participamos un centenar de personas vinculadas a varios colectivos, como Ecologistas en Acción (donde desarrollo mi militancia principal).

La protesta consistió en acercarnos sin ser descubiertos al Congreso de los Diputados y verter un líquido biodegradable de color rojizo, fácil de limpiar, en las escaleras del Congreso. La policía nos retiró al poco tiempo y se produjeron identificaciones que luego derivaron en la detención de 15 personas. En un principio se nos acusó de haber paralizado la actividad parlamentaria, lo que abría la puerta a una causa de carácter “antiterrorista” ante la Audiencia Nacional. Finalmente, esas acusaciones decayeron —incluida la de resistencia a la autoridad— y quedó sólo en firme la de daños al patrimonio histórico, por la que la Fiscalía de Madrid pide 21 meses de cárcel. Por cierto, esta protesta ha dado lugar a una incisiva obra de teatro, Zumo de remolacha, a cuyo través el científico Fernando Valladares prosigue una obra de concienciación ejemplar.

De manera que, si las cosas fueran mal y se sumaran dos condenas, tengo opciones para pasar algún tiempo en la cárcel. Volvamos al contexto más amplio: el Consejo de Ministros de nuestro Gobierno aprobó el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España en enero de 2020. Pero, pese a que la situación objetiva empeora cada vez más, ni el Gobierno ni otras instituciones están actuando adecuadamente frente a esos peligros. Y la respuesta frente a la crisis ecológico-social que están dando, a nivel mundial, las derechas y ultraderechas, es la peor de las posibles: negación de aspectos básicos de nuestra situación real, ideología supremacista y nacionalista, militarización de la sociedad y del pensamiento, preparación para luchar por recursos que se prevén escasos, sometimiento del “enemigo interno” y las minorías incómodas, represión de la disidencia. En suma: socialización en la crueldad y huida hacia adelante en un escenario de ecocidio más genocidio. Creo que tenemos la obligación moral y política de resistir, en la medida de nuestras fuerzas, frente a esta deriva homicida, liberticida, ecocida. Y como esto se veía venir, participé –en 2019 y 2022– en las protestas cuya represión me conduce ahora al juicio penal.

Soy bien consciente de la situación de privilegio desde la que afronto esta desagradable coyuntura: en comparación con las torturas, asesinatos y muchas formas de violación de los derechos humanos con que se están castigando en tantos lugares del mundo las resistencias a favor de la vida, y contra la necropolítica que trata de imponerse, un par de juicios en un Estado que todavía trata de ser Estado de Derecho no son gran cosa. Poca cosa comparada, por ejemplo, con los más de 2.253 ecologistas y defensoras del territorio asesinadas en poco más de un decenio, 2012-2024, en países del Sur global, con Brasil y Colombia en cabeza (informe Global Witness 2025). Aprovecho este espacio en prensa para agradecer públicamente el valiosísimo trabajo del colectivo de abogadas y abogados de Legal Sol (una de las buenas herencias del 15-M), que nos defienden con asistencia jurídica gratuita en estos casos de detenciones y juicios (y muchos otros similares).

Y, sin embargo, creo que tiene sentido llamar la atención sobre los y las activistas detenidas tras esta clase de protestas pacíficas, en nuestro país, en los últimos años, por dos razones. Una: en las derivas fascistas que vemos por casi todas partes, la represión de la actividad ético-política escala rápidamente hacia lo espantoso (y hemos de intentar impedir esa escalada). Y, en segundo lugar, absorbidos por la geopolítica neoimperialista y los destrozos que provoca, estamos olvidando el nivel más básico e importante del entrelazamiento de crisis que experimentamos: la devastación ecológica. Por eso, recordar que estamos poniendo en riesgo nada menos que la habitabilidad de la Tierra (para seres como nosotros, no para la vida en general) me parece oportuno.