La mina de Borobia: una agresión más sobre el Moncayo de Castilla y Aragón

El Moncayo es el centro de un círculo de soledades compartidas entre Castilla y Aragón. Sin duda es un ejemplo de eso que se ha dado en llamar la “España Vaciada”. Habría que valorar si ese vacío no se estará llenando con lo que otros territorios, mucho más habitados, rechazan. Con esta clave podemos entender la mina de Borobia.

La relación de Borobia, un municipio de tan sólo 246 habitantes, con la magnesita arranca en el año 2000 cuando Dolomías y Magnesitas de Borobia SL comenzó la tramitación para la instalación de una mina en la Sierra de Tablado. El ayuntamiento, regido entonces por la Candidatura Independiente de Borobia, decidió consultar a sus vecinos que por un 87% rechazó el proyecto.

La idea de “Dolomías y Magnesitas de Borobia SL”, la retomó “Magnesitas Sorianas SL” empresa filial de “Magnesitas de Navarra SA” (MAGNA).

MAGNA en el año 2000 pertenecía en un 92% al gobierno de Navarra, pero paso a ser propiedad de “MAGNA Inversiones” participada por Roullier y Grecian Magnesite. En la actualidad pertenece por completo al Grupo Roullier, multinacional francesa especializada en la producción y procesamiento químico de piensos y nutrientes agrícolas.

La expansión empresarial de este grupo, líder mundial del sector, obliga a la búsqueda de nuevas fuentes de magnesita con que posicionarse en el mercado internacional y en 2005, las entrañas minerales de la Sierra de Tablado se convierten en un importante activo de futuro.

La oposición inicial al proyecto fue palideciendo ayudada por el marketing social de la empresa promotora. Junto a ella, el grupo Revilla, con fuerte implantación en Ólvega, utilizó toda su influencia social y política para convencer a una población necesitada de puestos de trabajo y un mejor futuro para su pueblo.

Unos y otros, a base de promesas, comidas o viajes a Navarra y con la ayuda de una prensa fiel a los intereses de su junta de accionistas, fueron limando la oposición a la mina y para las elecciones de 2007, la división del pueblo ya era un hecho.

El único concejal del Partido Castellanista le dio la alcaldía al Partido Popular, que abrió la puerta de par en par al proyecto de la mina. Desde ese momento, el triángulo MAGNA-Revilla-Ayuntamiento, se convirtió en la herramienta perfecta para facilitar toda la tramitación. El ayuntamiento actuó prácticamente como agente comercial de MAGNA.

Desde el Gobierno de Aragón también se ponían reparos al proyecto minero. Las Cortes Aragonesas trataron el tema en varias ocasiones y se encargaron estudios geológicos por la posible afección de la mina a los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, que nacen en la compleja red de acuíferos de la comarca soriana del Moncayo.

En febrero de 2012, cuando se estaban elaborando el proyecto de explotación y el estudio de impacto ambiental, el ayuntamiento de Borobia firmó un acuerdo con la empresa. El municipio recibiría compensaciones económicas, la empresa iba a promover una escuela-taller, un centro lúdico, ayudaría en el acceso a la vivienda, en el turismo, y también con la construcción de una residencia de mayores para la que destinaría un pago anticipado de un millón de euros. Garantizaba 15 puestos de trabajo para residentes y otros 15 tras la construcción de la planta de calcinación del mineral.

La empresa se convirtió en el supuesto mecenas del pueblo. Financiaba actividades de la asociación cultural, las fiestas populares y todo tipo de comidas y agasajos al tiempo que la prensa provincial bendecía las bondades del nuevo proyecto asegurando a todos que la instalación de la mina de magnesita sería el motor de desarrollo de la comarca e incluso de la provincia. La demanda de puestos de trabajo se difundió a nivel nacional y las solicitudes de empleo, desde toda España, inundaron el ayuntamiento de Borobia.

Pero lo cierto es que el pueblo se partió en dos y la dudosa gestión del proyecto por parte de las instituciones que debían autorizarlo (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Confederación Hidrográfica del Ebro) hizo el resto.

La explotación comenzó a operar en agosto de 2015 y el resultado se encuentra hoy en día a la vista: un paisaje ambientalmente devastado, que afecta gravemente a la zona suroccidental del Moncayo. Una agresión más que añadir a otras ya existentes en la Comarca, como la sobreexplotación de acuíferos y los vertidos contaminantes de industrias del polígono de Ólvega, a lo que, ojalá no haya que añadir macroexplotación ganadera intensiva de 23.520 vacas, que se pretende establecer en el municipio de Noviercas.

En cuanto la empresa MAGNA obtuvo la autorización, subcontrató las labores y olvidó el compromiso de la creación de empleo. La cantera emplea a 15 trabajadores de los que solo dos son vecinos de Borobia. Tampoco se sabe nada de la prometida residencia de la 3ª edad, ni de la escuela taller, ni ninguna de las promesas que la empresa y el ayuntamiento esgrimieron en su momento. Borobia sigue perdiendo población y esperanza. Un ejemplo más de lo que vale. Con carácter general, la palabra de las compañías mineras que como puede comprobarse en casi todas partes suelen hacer lo mismo.

Con estos antecedentes, durante este pasado mes de enero, la empresa MAGNA/ROULLIER ha planteado duplicar la extensión de la cantera y el número de toneladas extraídas, lo que ha provocado la reacción de organizaciones sociales y ecologistas.

Ahora es el momento de presentar alegaciones a un proyecto que se encuentra en plazo de exposición pública. Llenarlas de argumentos de sostenibilidad ambiental y también del relato de incumplimientos sociales y del propio condicionado ambiental que debería haber cumplido y que no ha hecho.

Si el Gobierno de Castilla León vuelve a autorizar este desatino, desde Ecologistas en Acción recurriremos a los tribunales, utilizando todos los argumentos disponibles, y con la esperanza de que la justicia frene este proyecto, que intensificaría el ya de por sí enorme impacto ambiental que la explotación minera ya está produciendo. Añadimos a esto el gran valor natural que alberga la zona del Moncayo, lo que motivó su declaración como parque natural en la parte aragonesa, pero sin embargo no goza de ninguna figura de protección en la parte soriana. Una incoherencia administrativa sobre la que también habría que trabajar.

En Borobia, en Ólvega, en Noviercas o en otras tantas partes del país, donde la economía y el mercado se han convertido en la única religión, toca defender el bien común por encima del beneficio de las grandes corporaciones que arrasan sin ningún pudor pueblos y paisajes, con la única finalidad de mejorar su cotización en bolsa.