Memoria de suicidios y desahucios

M.P. se colgó de un árbol en L’Hospitalet el 11 de noviembre de 2010. Aún lo recuerdo a veces. Tenía mujer y una hija menor. Hacía frío. La familia llevaba 9 meses ocupando un piso de protección oficial propiedad de la empresa pública Adigsa, de la Generalitat de Catalunya. Estaba vacío, como tantos otros de la Administración construidos para familias que ni su techo pueden pagar. Hacía frío. Él había agotado el paro. Un vecino le contó a la periodista Raquel Queralt, de La Vanguardia, que se había presentado en el Ayuntamiento para pedir sitio en un albergue municipal. Un albergue municipal no es un lugar al que alguien quisiera llevara a su pareja y su hija menor. No es un lugar en el que nadie quiera terminar. Pero no había sitio. M.P. dijo “que hacía mucho frío para quedarse tirado en la calle con su familia”, relató el presidente de la Asociación de Vecinos.

Había recibido la orden de desahucio. Hasta en tres ocasiones pidió que demoraran un mes el trámite. ¿Qué es un mes? ¿Cuánta esperanza cabe en un solo mes? El mismo día que se lo denegaron por última vez, salió a la calle con una soga y se colgó en el parque de las Setas. Eran las 5 de la tarde.

La empresa pública Adigsa, además de echarles, le reclamaba 9.000 euros por haber entrado. ¿Cuántos euros caben en un piso vacío de protección oficial?

Entonces, en 2010 y en adelante, miles de familias en España decidieron ocupar las viviendas públicas que permanecían vacías. Los juzgados echaban a la calle a matrimonios con sus hijos y el invierno venía frío. Era eso o la puta calle. Ahora han vuelto esas ocupaciones y se narran en programas de televisión mientras se dice “camellos”, mientras se dice “crímenes” y “armas”, mientras se dice “delincuentes”. Nada dicen de cómo tiritan los críos ni de cómo se hacen los deberes a la luz de una vela.

Amaia Egaña

Dos años después de que M.P. se colgara de un árbol, en noviembre de 2012, la mujer llamada Amaia Egaña, exconcejala socialista, se tiró por la ventana en Barakaldo. Tenía 53 años y una orden de desahucio. Murió en el acto.

A las 9:20 de la mañana la comitiva judicial que iba a ejecutar la orden llamó al portero automático. Egaña les abrió el portal, cogió una silla, la acercó a la ventana y saltó al vacío. Cuando llegaron al cuarto piso, encontraron su puerta abierta, entraron. ¿Cuánto media entre un portal y un cuarto piso? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas comitivas judiciales?

Aquel día miles de personas se echaron a la calle en Barakaldo para protestar por todo aquello. Por la muerte de Amaia Egaña, por la pobreza, por el ejercicio brutal que se iba llevando por delante vidas y familias. Pobreza de muchos, riqueza de otros.

Cinco días después, como informó I. Reyero en ABC, el portal Servihabitat.com de “La Caixa” publicaba un anuncio: “¿Te gusta? Haznos tu propuesta de precio”. El precio de salida del inmueble que habitaba Amaia Egaña hasta cinco días antes era de 233.180 euros. ¿Cuántos euros cabe en los pisos que “La Caixa” se fue quedando tras dejar un reguero de intemperie y horror?

Aquí no caben

El 28 de noviembre de 2012, un hombre al que habían informado de que la orden de desahucio se podía producir en cualquier momento, se suicidó en la localidad navarra de Santesteban. Vivía con su pareja.

Dos semanas después, el 14 de diciembre de 2012, viernes, una mujer de 56 años cuyo nombre desconocemos se tiró por el balcón de su casa en la malagueña barriada de Los Corazones tras recibir una orden de desahucio. Allí vivía desde hacía varias décadas con su madre. Eran las 9:30 de la mañana. La madre tenía en ese momento 96 años.

Dos meses después, el 12 de febrero de 2013, un matrimonio de jubilados se suicidó en su domicilio del municipio mallorquín de Calvià. El hombre tenía 68 años y la mujer, 67. Los encontró un de sus hijos junto a una nota donde explicaban que habían tomado la decisión por la inminente pérdida de su hogar.

Sólo 6 días después, el 18 de febrero de 2013, la mujer llamada Inocencia Lucha se quemó a lo bonzo en una sucursal bancaria de Almassora, Castellón. Lo hizo al grito de “Me lo habéis quitado todo”. Sobre ella pesaba una orden de desahucio. Falleció tres meses después. Tenía 47 años. Tres meses después, repito, tres meses después de quemarse viva, de prender fuego a su propio cuerpo, a la desesperación.

Durante su convalecencia, el 13 de abril de 2013, un hombre apareció ahorcado en Alicante. Diez días antes había sido desahuciado de su domicilio en la calle Doctor Buades. El cadáver fue descubierto sobre las 4 de la madrugada. Tenía 56 años.

Podría seguir, porque los casos que constan se cuentan por decenas y decenas solo entre 2009 y 2014. Podría, pero aquí no caben y estoy temblando. Hoy en Madrid hace calor.

¿Dónde constan?

Este lunes día 14 de junio de 2021, un hombre se ha suicidado en Barcelona cuando iba a ser ejecutada su orden de desahucio. El Ajuntament de Barcelona había solicitado que se aplazara la ejecución por la vulnerabilidad del hombre. Solo 4 días antes, los Servicios Sociales del consistorio presentaron un informe alertando de su situación. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barcelona lo desestimó.

Podría seguir y mucho me temo que seguiremos. Los suicidios por desahucios que disparó la llamada “crisis” de 2008 dejaron un rastro de brutalidad que se ha ido difuminando en el tiempo. ¿Quién recuerda los nombres? ¿Dónde consta la nómina de entidades bancarias cuya guadaña cazó al vuelo la vivienda vacía y la devolvió al mercado? ¿Dónde los juzgados que dieron la orden?

Entre 2009 y 2014, el desamparo y la usura llenaron las páginas de los periódicos de suicidios. Nadie hablaba entonces, como sucede ahora, de bandas de delincuentes, de peleas callejeras, de clanes y mafias. Eran lo que son, familias que lo han perdido todo. Hoy como entonces.

Todo.

Y nosotras, nosotros, la memoria.