El año 2015, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, los partidos de la derecha consiguieron aprobar -entre otras normas- una nueva ley de seguridad ciudadana. Se trataba de una reacción de los partidos conservadores españoles frente al movimiento del 15M de unos años antes. El objetivo era desmovilizar a la sociedad y reprimir de modo más eficaz cualquier tipo de protesta social. Al resultado se le viene llamando ley mordaza. Durante su debate parlamentario la izquierda se fijó especialmente en algunos artículos que criminalizaban la convocatoria de manifestaciones no comunicadas o la captación de imágenes de agentes de la autoridad. Sin embargo, la ley era algo peor: venía a crear un modelo totalmente nuevo de relación entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía, en el que los agentes ganaban un poder inaudito en la historia de nuestra democracia.

Efectivamente, el núcleo de esa ley es que permite a la policía imponer multas a los ciudadanos en una enorme cantidad de circunstancias. La aplicación práctica ha demostrado que introducía una auténtica situación de arbitrariedad policial a través, sobre todo, de un doble mecanismo: la posibilidad de que un agente policial imponga una multa a cualquier persona de la que crea que no lo ha obedecido diligentemente o le ha faltado al respeto. A partir de ese momento la ciudadanía ha ido comprobando cómo en cualquier acto público de protesta se ha vuelto habitual que la policía tome los datos de quienes participan en ella y al poco reciban en su casa una multa basada en alguno de estos motivos tan subjetivos. Prácticamente no hay ningún acto de protesta, sobre todo aquellos que ideológica o socialmente les gustan menos a nuestros policías, que no acabe con multas. Las cifras son brutales. Dos millones de españoles y españolas, más del cuatro por ciento de la población, han sido ya multados en base a esta ley.

Lógicamente acabar con esta situación y volver a la libertad de la que disfrutamos los primeros 35 años de régimen constitucional se ha convertido en una reivindicación masiva y, en cierto modo, en el símbolo del retroceso de nuestros derechos. Es especialmente numerosa entre los partidos de izquierda y en todos los procesos electorales tanto el PSOE como los partidos a su izquierda incluyen en sus programas su derogación. En este caso, cuando hablamos de derogación hablamos simplemente de anular los artículos más lesivos de nuestras libertades. Sin embargo, tras seis años de gobierno “progresista”, nada ha cambiado. De hecho, la ley mordaza se ha aplicado ya el doble de tiempo bajo gobiernos socialistas que populares.

El tema ha vuelto a salir a la luz pública estos días por unas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz en las que afirmó que por fin se iba a derogar la ley mordaza. Muchos medios de comunicación alteraron inmediatamente sus portadas para dar cabida a una noticia tan simbólica y tan esperada. Sin embargo, a las pocas horas tanto dirigentes de Sumar como del PSOE salieron a aclarar que en realidad sólo se iba a derogar un artículo de esa ley, pero que a cambio iban también a reformarse algunos artículos del Código Penal como el relativo a las injurias a la corona.

Numéricamente, las sanciones que el gobierno quiere eliminar apenas tienen relevancia. Cada año 25.000 personas son multadas porque un agente policial cree que le han faltado al respeto. Otras 25.000 porque un agente cree que no lo han obedecido adecuadamente. Y sin embargo, solo 50, como máximo, reciben sanciones basadas en el artículo que va a derogar el Gobierno, por usar imágenes de policías. Más aún, la mayoría de esas cincuenta son inmediatamente anuladas por los tribunales. Porque lo cierto es que solo se va a anular un artículo de la Ley Mordaza que ya está prácticamente anulado. La sentencia del Tribunal Constitucional que analizó la constitucionalidad de esta ley impuso que el artículo 36.23, relativo al uso de imágenes de agentes del orden, se interpretara de tal manera que nadie fuera sancionado por tomar fotografías o grabar vídeos de las acciones policiales, lo que vino a vaciarlo de contenido. Así que el único artículo que se quiere derogar es uno que no se usa y que los tribunales han anulado casi por completo. Da tanta vergüenza ajena que nadie ose presentar eso como la esperada abolición de la ley que ha criminalizado las protestas sociales en España que sobran los comentarios. Es ridículo, sin más.

Por otro lado, derogar las injurias al rey está bien. Es algo que nos pidió hace tiempo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es la solución a los problemas de la libertad de expresión en nuestro país y supone simplemente obedecer lo que nos exigen los tribunales internacionales, pero no está mal. Sin embargo, lo que estaría realmente bien es que el Gobierno tomara medidas en defensa de las libertades públicas, incluido el derecho de protesta, y para garantizar que la gente pueda expresarse públicamente… sin necesidad de que se lo diga un tribunal. Porque, sin duda, un gobierno progresista de verdad tendría una agenda propia para ampliar nuestras libertades y llevaría seis años aplicándola con cierta altitud de miras. No hablamos ya de un gobierno valiente, sino de un gobierno con un mínimo de respeto a sus votantes, de izquierdas.

La cuestión, sin embargo, va mucho más allá de que en tantos años el gobierno no haya movido un dedo para recuperar las libertades cercenadas en las legislaturas conservadoras. Porque lo que parece es que el gobierno no tiene estrategia política alguna, carece de cualquier objetivo político y simplemente no es capaz de gobernar. Negocia investiduras, paga deudas y tiene ocurrencias mediáticas y está siempre a la defensiva, pero -más allá de progresos en cuestiones laborales- es incapaz de tomar iniciativas para transformar la sociedad y convertir nuestro país mejor en un lugar mejor para todos.

El presidente Sánchez, tomando prestada la expresión que aupó a Ciudadanos, acaba de anunciar un plan de regeneración democrática. Por ahora es solo un nombre sin medidas concretas pero parece que incluirá esencialmente reformas que son obligatorias por mandato europeo o internacional. Quizás, a lo sumo, haya alguna novedad en materia de transparencia de la financiación a la prensa. Desde la perspectiva defensiva de este gobierno, el principal problema del país es que los panfletos ultraderechistas atacan al Presidente y maltratan a sus ministros. Sin duda, es cierto que esos pseudo-medios están envenenando con sus bulos el debate público español. Y seguramente, la manera de atajarlo sea en parte acabando con la lluvia de euros que reciben quienes difunden las mentiras que convienen a quienes les pagan. Pero más allá de defenderse, un gobierno progresista tiene el mandato de sus votantes de transformar la sociedad y recuperar un país más libre en el que todos podamos ejercer nuestros derechos y organizarnos para ello.

Mientras no se deroguen los artículos de la ley mordaza que criminalizan el ejercicio público de las libertades y que han colocado a la policía española en una posición frente a la ciudadanía impropia de una democracia, el gobierno seguirá sin gobernar y sus votantes tendrán todo el derecho a sentirse frustrados. En este punto, ya no cuela que sigan haciendo el ridículo y presentando cambios insignificantes y obligados como ningún éxito. Los miembros del gobierno, todos, y los políticos que los apoyan, deberían hacerse el favor de empezar a tomarse en serio a sí mismos y a la ciudadanía. Si no van a ser capaces siquiera de recuperar las libertades que hace solo unos años nos robó la derecha, que lo digan y que actúen en consecuencia.

Por mi parte, soy muy escéptico y visto el esperpento de estos días, yo apuesto que terminará la legislatura sin que hayan derogado la ley mordaza. Y apuesto también a que no lo reconocerán en público y a que volverán a meterlo en sus próximos programas electorales, para que los volvamos a votar. ¿Alguien me ve la apuesta?