Hay hombres ricos que pagan por violar a niñas y adolescentes. Esos hombres, si son lo suficientemente ricos o poderosos, seguirán haciéndolo. Y ahora además saben que no irán a la cárcel por ello y que les sale baratísimo. Porque lo cierto es que no les hace falta tanto dinero, calderilla. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden, porque es fácil, porque les apetece y, sobre todo, porque a la sociedad, en el fondo, no le sorprende, cunde una cierta tolerancia con estas cosas, algo parecido a la comprensión, un “estas cosas suceden…”.

La tolerancia social es la base. En el fondo, no hay escándalo, porque si hubiera escándalo, los siete empresarios violadores y pederastas de Murcia no se habrían ido de rositas, ni el juicio se habría retrasado la friolera de diez años, ni las penas serían lo que a ellos les supone cuatro perras de bolsillo. Toda sociedad tiene la violencia que tolera, y el caso de Murcia es el mejor retrato. Podríamos añadir aquí a todas las menores prostituidas mientras están tuteladas por el Estado español. Hace ya dos años, la periodista Marisa Kohan informaba en Público de que, en siete de las nueve comunidades autónomas analizadas por Unicef al respecto, se han dado casos de menores explotadas sexualmente procedentes de centros de acogida. Vamos, que es habitual.

Y aquí entra un factor más, a sumar al de la tolerancia social, que es el factor de clase. Incluso en las condenas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) se aprecia este sesgo: los siete empresarios de la zona quedan libres y las tres personas que entran en prisión son migrantes. Hay una conexión hedionda entre lo sucedido en Murcia y la tradición de los señoritos, de los patrones, de los pater familias, violando a las criadas jóvenes o a las hijas de las trabajadoras del campo o la casa. Se podría trazar una línea larga en el tiempo que una el pene del hombre rico con el cuerpo de la cría pobre. Y de ahí, esta forma de estar “acostumbrados”, en el fondo, esa idea de lo que ha pasado “toda la vida”.

Esto dice la información ofrecida por el TSJMU sobre los siete violadores de menores: “El Tribunal los condenó, el pasado día 11 de septiembre, a la vista del acuerdo alcanzado entre la fiscal y los acusados, a penas de prisión de 5, 10 y 15 meses, respectivamente. (…) La Audiencia, de acuerdo con la legislación penal, concede el beneficio de la suspensión de la ejecución de esas penas de prisión, al entender que en estos casos los penados cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 80.1 y 2 del Código Penal. Suspensión condicionada a que no vuelvan a delinquir en un plazo de uno o dos años, según los casos.”

Ojo a la última frase: “condicionada a que no vuelvan a delinquir en un plazo de uno o dos años, según los casos”. Pero volverán a hacerlo. Ellos, u otros. ¿Por qué no? De todo este asunto se desprende que aquel hombre con poder y dinero que quiera, comprará a una cría para violarla, y la violará. Ahora quienes buscaban a las crías a las puertas de los colegios y las discotecas para menores están en la cárcel. Habrá otras, otros. Basta con pagarles. Porque el problema es la demanda. El problema no son —malditas sean— quienes les han proporcionado a las adolescentes, sino quienes pagan para comprar sus cuerpos y violarlos. Estos quedan libres. Como siempre ha sucedido. Por eso, además de ellos, el problema es el Poder Judicial. Quién sabe todo lo que les une.