"¿Pero qué interés puede tener un partido independentista en que haya gobernanza en España?", clamaba este jueves muy ufano Felipe González en el Foro La Toja -que se llama La Toja por la isla que lo acoge, la cual se llama Illa da Toxa (Pontevedra), en realidad-. El expresidente socialista charlaba con el ídem del PP, Mariano Rajoy, en un diálogo que ya se ha convertido en un clásico del encuentro anual en Galicia y nos dejó fascinados con este planteamiento, lanzado, además, por un político que pactó investidura con Jordi Pujol (CiU) o Xabier Arzalluz (PNV).

Con toda la humildad, esta plumilla le dice que el "interés" puede ser, incluso, considerable, porque mientras no sean independendientes Catalunya o Euskadi, a sus ciudadanos/as también les afectan las decisiones del Estado. Y si encima -tampoco vamos a descartarlo-, son independentistas preocupados por la justicia social, los servicios públicos, la redistribución de la riqueza, el medioambiente, ..., el "interés" por la gobernanza estatal suma puntos. Y es que puedo prometer a González que hay independentistas catalanes y vascos que hacen política, ya no solo por España, sino incluso por Palestina y el pueblo saharaui, así que menudo fiasco de independentistas.

Esta aclaración viene al caso, primero, por la casualidad del Foro La Toja con el anuncio del acuerdo entre Bildu y el Gobierno PSOE-Sumar para casi-derogar la ley de seguridad ciudadana (2015), conocida como ley mordaza y que aprobó el Gobierno del PP con el único apoyo de la mayoría absoluta del PP. Esta norma represiva -no lo digo yo, que soy nadie aunque también lo creo, sino que ha sido denunciada por numerosos organismos pro derechos humanos, nacionales e internacionales-, que el PSOE se comprometió a derogar cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, ha seguido operando con total anormalidad democrática, vulnerando derechos fundamentales como el de asilo de los y las migrantes, y otorgando opacidad y ausencia plena de rendición de cuentas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, precisamente, las únicas que tienen legitimado el uso de la violencia y deberían ser exquisitamente fiscalizadas.

La legislatura pasada ya hubo un intento de reformar la puntita de la ley, con perdón, por parte del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, pero Bildu y ERC le dieron portazo porque aquello era un amago que ni apariencia de tal tenía; cierto es que entonces Podemos apoyó esa mala farsa, aunque ahora está muy cabreado porque dice que la norma pactada con Bildu no incluye lo que sí incluye, o sea, la prohibición de las pelotas de goma como metralla contra manifestantes y el fin de las llamadas devoluciones en caliente de migrantes, esto es, en frontera y sin la asistencia legal obligatoria que permita conocer la situación específica de cada persona.

Bildu se ha convertido en el socio menos ruidoso, más fiable y más elegante del Gobierno. Inmersos en una profunda transformación política en Euskadi, de momento, se van haciendo con el apoyo social -no solo en País Vasco- y cumplen lo que dicen, además, después de hacer caso a aquel José María Aznar de 1998 que nadie conoce hoy en el PP, ni siquiera José María Aznar: “Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas (...) Esta es la cuestión, escueta, clara y democrática que se dilucida en este nuevo escenario. Y lo es sobre todo para los que han declarado su voluntad de actuar a través de cauces políticos e incluso dicen estar dispuestos a asumir compromisos institucionales”. Ignorando estas sensatas palabras de su líder áulico, los de Alberto Núñez Feijóo se rasgan ya las vestiduras porque acuerdos con ETA y tal.

La casi-derogación de la ley mordaza depende de más apoyos que el de Bildu y el Gobierno de coalición, aunque parece que cuenta ya con el de ERC y PNV, puntualización arriba, puntualización abajo. Solo falta esperar a que Podemos se lea bien el acuerdo y Junts recuerde cómo daba la matraca contra esta ley cuando su gente se manifestaba por la independencia en las plazas de Catalunya, también quienes fueron heridos/as por las pelotas de goma o multados dentro de los cerca de dos millones de sanciones contabilizadas gracias a esa norma antidemocrática. Me temo que esa gente ya no entendería un "no".