En nuestro país hablar de vivienda se ha convertido en sinónimo de desigualdad, precariedad, angustia y desolación. Miles de personas dedican más de la mitad de su salario a pagar un alquiler que no deja de subir mientras otras reciben con terror el burofax de su casero que indica que no se renovará el contrato de alquiler. ¿El motivo? Hay alguien más rentable que tú, que probablemente pueda pagar el doble o el triple, incluso por una temporada o una habitación. 

Familias completas expulsadas de sus barrios, a mitad de curso escolar, migrantes asolados por empresas de desokupación y todo tipo de coacciones inmobiliarias después de haber perdido sus propiedades en ejecuciones hipotecarias plagadas de abusos bancarios, bloques de inquilinos completos recibiendo cartas de no renovación, inmobiliarias haciendo el agosto repercutiendo comisiones ilegales, precios de compra por encima de la burbuja anterior con un Euribor que sólo puede subir y órdenes de desahucio contra todo aquel que no sea lo suficientemente rentable. Así le sucedió a Mari Carmen, una mujer de 87 años a la que el Juzgado no ha querido reconocerle su derecho a la renta antigua cuyo desahucio ha sido aplazado temporalmente únicamente gracias a la movilización popular.

Podríamos seguir llamándolo crisis si no fuese algo estructural que requiriese medidas de choque, inmediatas. Y, sin embargo, lo que encontramos por parte del Gobierno central son "ayudas fiscales" (que pagamos todas) a fondos buitre o medidas a medio largo plazo que lo apuestan todo al aumento de la oferta, mientras que, gobiernos regionales como el de Madrid, se comportan directamente como el mejor consejo de administración de cualquier fondo de inversión.

Así las cosas, y con un clamor social que no puede desatenderse por más tiempo, el Gobierno tiene que actuar o no sólo esta no será la legislatura de la vivienda, sino que la vivienda se llevará por delante a este Gobierno. No lo harán Junts, Puigdemont ni los casos de corrupción.

Y actuar requiere la suficiente contundencia y determinación o al menos la misma con la que actúa cualquier fondo de inversión. No sirven ya las excusas de las mayorías parlamentarias, ni la última cantinela sobre la inseguridad jurídica y los visos de inconstitucionalidad de la medida de turno. Urge decretar, mañana mismo, la emergencia habitacional.

No solo como mero gesto simbólico si no como reconocimiento oficial de la realidad de nuestro país, un decreto que permitiría acordar mañana mismo en el Consejo de Ministros medidas excepcionales como una prórroga obligatoria de la duración de los contratos que finalizan ahora, se prevé una gran extinción de casi 500.000 contratos en los próximos meses que se traducirán en casi 500.000 desahucios encubiertos, se podría habilitar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado por parte del Estado y los Ayuntamientos ante la inacción contumaz de las Comunidades Autónomas, o la movilización o, sin eufemismo mediante, la expropiación de la vivienda vacía que incumple su función social de forma sistemática o la que hay incluso en manos de los mismos fondos que se hicieron con ella a precio de saldo hace unos años. Urge, a su vez, decretar la suspensión de todos los procedimientos de desahucio en curso, ampliando y mejorando la normativa existente.

Hay motivos excepcionales de urgencia y gravedad que requieren una intervención a la altura por parte del Gobierno, que no puede permanecer por más tiempo como mero espectador en un campo de batalla donde las mayorías sociales están siendo expulsadas de sus casas, de sus barrios y de sus ciudades.

Hay precedentes, se hizo durante la crisis del COVID, cuando se adoptaron medidas extraordinarias en materia de vivienda, como la suspensión de desahucios en determinadas situaciones o la prórroga automática de contratos de alquiler. Estas se justificaron en el marco del Estado de alarma y de los reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno, reconociendo de facto una situación de emergencia habitacional vinculada a la crisis sanitaria. La declaración de una emergencia habitacional tendría respaldo jurídico suficiente si se fundamenta en la protección del derecho constitucional a la vivienda, la función social de la propiedad y el interés general. El Gobierno podría, sin necesidad de declarar un estado de alarma, activar mecanismos de protección civil y adoptar medidas urgentes para garantizar el acceso a la vivienda, en un contexto donde el Gobierno no puede permanecer inmóvil.

Se hizo con la pandemia sanitaria, ahora toca hacerlo con la emergencia habitacional.