El cinismo del PP: la doble vara de medir la corrupción

¿Recuerdan el caso de la exvicepresidenta de la Generalitat de Valencia, Mónica Oltra? Dimitió de su cargo por haber sido imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana (TSJV) por la presunción de encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada, acusada por España 2000, vulgarmente conocida como asociación ultraderechista, cuyo líder había colocado en las redes mensajes contra la vicepresidenta. El tribunal afirmaba que había “indicios plurales”, pero no definió el alcance de esos indicios; también afirmó que no disponía de “una prueba directa”. No obstante, el Tribunal la imputó a pesar de la aparente flojedad de las pruebas. Ahora el caso de la vicepresidenta ha saltado de nuevo a la opinión pública, porque la menor ha declarado que la han engañado y que quienes le prometieron casa y trabajo a cambio de sus declaraciones la “han dejado tirada”.

La vicepresidenta, con lágrimas en los ojos, decía en el acto de la comunicación pública de su dimisión que se trataba de una conspiración de la derecha política y mediática contra ella con pruebas falsas.

Traigo a colación el caso de la vicepresidenta Oltra por el cinismo de esta derecha política y mediática en la exigencia de dimisión de la vicepresidenta. El PP ha exigido la dimisión de Oltra por haber sido imputada y sin embargo mantiene en sus cargos a varios cientos de imputados. Las cifras de imputados son dispares porque no hay fuentes fidedignas, pero es sin duda el PP el partido con mayor número de imputados, muy distante de los otros. El cinismo no puede ser mayor. Por varias razones:

PRIMERA: La derecha política y mediática proclamó inmediatamente y con toda contundencia la necesidad de la dimisión de la vicepresidenta. La secretaria general del PP y portavoz del partido en el Parlamento afirmó que la vicepresidenta “no debería estar ni un minuto más en el cargo”. La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP proclamó: “Por encima del interés del menor, su sillón”. En la Comunidad Autónoma Valenciana los partidos políticos PP, Vox y Ciudadanos exigieron el cese de la vicepresidenta. Se da la circunstancia que por la misma fecha que los populares gritaban la dimisión de Oltra, el diputado del PP Alberto Casero, tristemente famoso por equivocarse al votar la reforma laboral ¿recuerdan?, declaraba ante el juez de Trujillo, donde fue alcalde, imputado por prevaricación. ¿Qué ejemplo de coherencia del principal partido de la oposición, que se autodenomina partido de Gobierno? Animo a los periodistas de investigación a realizar un examen de titulares de la prensa y declaraciones de los políticos. Todo un filón.

SEGUNDA: El PP tiene en la actualidad cientos de políticos imputados. ¿No deberían también todos ellos dimitir de sus cargos siguiendo el ejemplo de la vicepresidenta Oltra y las exigencias de los líderes de su partido? ¿No tendría el PP que aplicarse en sus propias carnes las medicinas que piden para otros? Son muchos, casi todos, los casos de estos políticos del PP, que frente a la imputación de la vicepresidenta Oltra ofrecen más gravedad y verificación probatoria. Son casi todos casos de corrupción frente al encubrimiento de un exmarido de la vicepresidenta y muchos de ellos presentan pruebas de culpabilidad más solventes que las pruebas por la que el tribunal ha imputado a la vicepresidenta (teniendo en cuenta incluso los propios argumentos del tribunal).

TERCERA: El PP es un partido que contraviene directamente la Constitución. Como asociaciones civiles los partidos políticos son controlados por el art. 22 de la CE, cuyo párrafo 2 dice: “Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales”. Pues bien, el PP como tal asociación-partido ha sido condenado en varias ocasiones por el Tribunal Supremo y además una cadena larga e ininterrumpida de destacados líderes del partido también han sido condenados por el Tribunal Supremo u otros tribunales de justicia, hasta el punto de que algunos juristas hablan de una estructura partidista delictiva. Actualmente el PP tiene abiertas numerosas causas penales. Me pregunto hasta cuándo hay que esperar para que sea aplicado el art. 22. 2 de la CE a un partido político como el PP con una serie prolongada e ininterrumpida de condenas penales, pasadas y probablemente por venir. Es decir, hasta cuándo hay que aguardar para que el PP sea objeto por el ministerio fiscal de acusación de asociación ilegal, que podría conllevar su disolución como partido político, sentencia del Tribunal Supremo mediante. Un conocido constitucionalista viene diciendo desde hace tiempo que se dan las circunstancias para proceder en este sentido.

Me dirá algún lector que ningún partido político puede tirar la primera piedra, que todos tienen en sus alforjas algunos comportamientos delictivos. Pero no es ese el supuesto que está contemplando el constituyente, sino supuestos (en plural) de medios y fines delictivos, que se determinan cuando se dan tres condiciones. La primera es la reiteración de la condena del partido, como tal, es decir, el partido como asociación. La segunda es la reiteración de sucesivas y prolongadas condenas de un importante número de sus líderes, es decir, de miembros del partido que han ejercido o ejercen responsabilidades de gobierno o representación política (no de los militantes del partido). La tercera es la dispersión en el espacio y el tiempo de las condenas, o sea, que éstas no estén concentradas en un único foco delictivo. Estas tres condiciones en las condenas son cumplidas por el PP. No por el PSOE, aunque no es descabellado pensar que pudiera cumplirlas en un futuro a medio o corto plazo. De confluir el cumplimiento de las tres condiciones por el PSOE yo seré el primero en pedir en público su ilegalidad como partido político.

¿Quién puede tirar la primera piedra contra la vicepresidenta Mónica Oltra? El PP debería permanecer en absoluto silencio, porque los ciudadanos/as no son tan tontos como para no ver su extrema incoherencia. Y los numerosos católicos de los partidos de la derecha -Vox, PP y Ciudadanos-, que tan rápidamente han exigido el cese de la vicepresidenta Oltra, así como los católicos de la prensa de derecha, deberían atender a las recomendaciones de su líder religioso, el Santo Padre, que en una reciente entrevista ha desvelado los pecados de los medios de comunicación: la desinformación (decir lo que a uno le interesa y no todo), la calumnia (con la que se destruye a las personas), la difamación (mentiras con ánimo de injuriar) y la cropofilia (amor a la mierda y a la porquería). Termina el Papa con una prevención a los medios de comunicación: “no sean deshonestos comunicando que es Caperucita y su abuelita quienes se comen al lobo”.