Arabia Saudí opaca su lavado de imagen con penas de cárcel

El lavado de cara que está realizando Arabia Saudí no es el paraíso de libertades que nos venden quienes se llenan el bolsillo colaborando con la dictadura, como Rafael Nadal o Jon Rahm. La mano dura siempre termina asomando, como prueba el hecho de que los empleados de las consultoras McKinsey y Boston Consulting Group (BCG), que asesoran al fondo soberano del país Public Investment Fund (PIF), se enfrentan a penas de cárcel si acceden a la solicitud de información de terceros sin la aprobación del reino.

Tanto estas dos grandes consultoras, como la menor Teneo Strategy y el banquero Michael Klein, han sido citados por el Congreso de EEUU después de que no acudieran a una citación previa para aportar información sobre los trabajos realizados para PIF, presidido el príncipe Mohammed Bin Salman con un valor estimado de 776.000 millones de dólares. Los senadores demócratas andan con la mosca detrás de la oreja por cómo Arabia Saudí utiliza lo que los anglosajones llaman soft power (poder blando) a través, por ejemplo, sus inversiones deportivas, para desviar la atención sobre las constantes violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.

Ya es más de lo que se hace en España, donde las dictaduras del petrodólar han entrado hasta la cocina, metiendo la cabeza en una empresa estratégica como Telefónica, desembarcando en el mercado inmobiliario, siendo uno de los clientes estrella de nuestro país en el negocio de las armas o, incluso, llevarse la Supercopa de Fútbol a Arabia Saudí. El dinero se impone a los derechos humanos y Nadal o Rahm no son una excepción, nuestras empresas ‘marca España’ no están dispuestas a renunciar a los más de 20.000 millones de euros con los que se pueden hacer en los próximos dos años. Así, compañías como Técnicas Reunidas, Renfe, Alsa, Talgo, CAF, Acciona, FCC, Urbas o Navantia andan pujando por esos contratos con los que ayudar a la dictadura a desarrollar su estrategia Visión 2030.

Visión 2030 es la estrategia que Bin Salman está impulsando para diversificar la economía de Arabia Saudí más allá del petróleo, blanqueando al mismo tiempo su dictadura. Para poder llevarla a cabo, está utilizando instrumentos comerciales de terceros países, como es el caso de EEUU, y esto inquieta a los senadores demócratas. No sólo en el mundo del deporte, PIF ya ha extendido sus tentáculos en empresas estadounidenses como Meta, Microsoft, Activision Blizzard, JP Morgan Chase, Starbucks o Uber, entre otras, además de participaciones en fondos de capital como Blackstone, Apollo o General Atlantic.

Mientras, en el Golfo Pérsico, PIF ha demandado a las cuatro empresas, asegurando que el material que se requiere en el Senado es confidencial, de manera que si es desvelado, los consultores no sólo se enfrentan a sanciones de responsabilidad civil, sino a penas de hasta 20 años de prisión. A pesar de que los hechos caen por su propio peso, de que incluso el exfuncionario de la Inteligencia saudí Saad al-Jabri calificó al príncipe en la CBS de “psicópata, asesino, con infinidad de recursos en Medio Oriente, que representa una amenaza para su gente, para los estadounidenses y para el planeta”, el Norte Global se pliega sus petrodólares, abriendo las puertas de sus empresas, colaborando en su desarrollo interno y dándole aún más relevancia internacional convirtiendo a la dictadura en sede de eventos como el Mundial 2034.

Tirando de refranero español, podría argumentarse que quien se acuesta con niños mojado amanece o, incluso, consolarse con que 20 años de prisión quizás son mejores que ser torturado, desmembrado y reducido a cenizas tras haber portado los trozos del cuerpo en bolsas de basura, como le pasó al periodista del Washington Post Jamal Khashoggi en 2018, por orden de Bin Salmán. Todo eso también sería engañarse y para cuando quienes hoy toleran, se lucran o promueven se topen con la cruda realidad, las consecuencias las asumiremos todas y todos.