Podría haber sido yo, tú o alguien a quien queremos más que a nosotros. Podría volver a suceder y que esta vez no tuviéramos tanta suerte como en aquel momento; esta vez, tal vez, podríamos no tener la fortuna de que les tocara a otros.

Escribo esta columna desde un tren de alta velocidad, como anunciaron que era aquel, con mi hijo de nueve años sentado al lado. Visto desde aquí se ve distinto el séptimo aniversario del accidente del Alvia 04155 y lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con este siniestro, en el que murieron 81 personas y 140 resultaron gravemente heridas: el proceso judicial se eterniza y, lo que es peor, el Gobierno de coalición de PSOE–UP se está haciendo tanto el orejas como los dos anteriores con la investigación independiente que la Unión Europea exigió sobre este asunto. Como consecuencia de estas obstrucciones –ya no hay otra manera de llamarlo– seguimos sin saber por qué pasó y, lo que es peor, si puede volver a suceder.

Y no es por asustar; son los hechos. Conviene que recordemos, como nos recomienda la plataforma de víctimas de esta tragedia, que la investigación que se hizo no analizó “las causas raíz”, precisamente las que afectan a Fomento, Renfe y Adif, según el informe de 2016 de las autoridades europeas y, también, que la misma UE mantiene abiertos a España varios procedimientos por incumplimiento de la normativa europea de seguridad ferroviaria.

Tenemos que recordarlo mucho, cada vez que nos subamos a un tren –o que se suba alguien a quién queremos–, no solo cuando veamos a los familiares de las víctimas y a ellas mismas, cada vez en menos número, cada vez en menos medios, detrás de una pancarta en frente del congreso de los diputados, del ministerio de Fomento, de Renfe, de Adif o en la curva maldita, con cualquier excusa, reclamando la verdad, recordándoles y recordándonos esta ignominia y el peligro que esconde.

También recuerda la Plataforma de víctimas que, en su informe de 2016, las autoridades europeas concluyeron "que el Gobierno no cumplió con la obligación de investigar la tragedia, poniendo de manifiesto la falta de independencia y la invalidez de la investigación realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)”. Aquella investigación solo culpaba al maquinista, Francisco José Garzón, un hombre, destruido por su desgracia, que acudió a declarar a la comisión de investigación que se hizo en el Congreso de los diputados y partió el alma a todos los que le escuchamos entonces, fueran del partido que fueran, votaran lo que votaran. Acusarle solo a él es jugar el juego de hombre come hombre, de lanzarnos trabajadores contra trabajadores, de no señalar a los auténticos responsables.

¿Cuántos trenes anunciados de alta velocidad no tendrán los sistemas de frenado automático que deberían tener, como ocurrió con el Alvia O4155 que se salió de la curva de Angrois el 24 de julio de 2013? ¿Cuántos maquinistas tendrán sobre sus hombros la responsabilidad que la normativa europea niega que tenga que caer sobre un humano falible cuando ya hay máquinas que no fallan?

Visto lo visto, pareciera que PSOE–PP se han aliado, una vez más, para proteger a sus poderosos. José Blanco, fue el ministro socialista y secretario de organización del partido, que puso en marcha la línea y aceleró el proceso para que eso sucediera, cambiando el proyecto para que fuera más rápido y, a su vez, más inseguro, mintiendo sobre las medidas de seguridad que incluía; Ana Pastor, la después presidenta del Congreso del PP, la moderada bienintencionada y buenista de los populares, que salvó los muebles del ministerio que ostentaba cuando ocurrió el accidente, sin salpicar a los suyos ni a los de antes; Alberto Núñez Feijóo, el presidente popular galego, que solo anunció a bombo y platillo su nuevo y seguro y rápido tren conociendo o no la inseguridad que ocultaba y después mandó a los antidisturbios a frenar una manifestación de las víctimas en el primer aniversario del accidente; Rafael Catalá, el ministro popular que heredó el marrón y presionó a una diputada de sus filas (Teresa Gómez Limón), víctima del siniestro, cuando todavía estaba ingresada, para que no hablara mal de Renfe, y después fichó por Herbert Smith Free Hills, el bufete que defiende a Renfe y a Adif en este caso; José Luis Ábalos, el ministro socialista que pidió perdón a las familias de las víctimas con lágrimas en los ojos, delante de las cámaras, nada más llegar al ministerio, pero dejó de cogerles el teléfono cuando llegó la hora de cumplir con la investigación independiente que Europa y ellos exigen, desde hace ya 7 años… La lista de agravios de PP–PSOE es mucho más larga que este resumen y hay que sumarle el silencio cómplice de los que antes de tocar poder estaban con las víctimas. Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, que tanto les defendieron estando en la oposición, también dejaron de escucharles y, por supuesto, de mentarles, en cuanto llegaron al Gobierno.

A estas alturas, solo queda la esperanza de que la legislatura no termine sin que Unidas Podemos fuerce esta investigación tan necesaria como tardía. Al menos, antes de abandonar Moncloa, tendría que demostrar que no toda la política que toca poder se convierte en la misma mierda que aboga por el olvido para evitarse problemas.

Y sí, yo escribiría sobre esto mucho más tranquila, si no lo hiciera desde un tren que viaja a trescientos kilómetros por hora.