Podemos, auditoría y reestructuración de la deuda
Esther González Santana Diplomada en Turismo. Licenciada en Ciencias del Trabajo La irrupción de Podemos en nuestra Arena Sociopolítica ha incluido en nuestros foros de debate conceptos como: auditoría pública, reestructuración de la deuda, deuda ilegítima, quita e impago. El establishment dominante nos impone el pago de la deuda como condición indispensable para garantizar la estabilidad financiera del Estado y nos alerta frente a las apocalípticas consecuencias que tendría el no pagar, de forma incondicional, dicha deuda. Sin embargo, las políticas que nos ha impuesto la Troika han supuesto un crecimiento exponencial de la deuda, con lo que cabe preguntarnos: ¿vamos en la dirección correcta? De seguir así, ¿no llegaremos igualmente al impago involuntario? Son preguntas legítimas, que cada vez se plantean más personas. Sin embargo, algunos especialistas dan a entender que no se puede opinar de estos temas porque hacen falta grandes conocimientos técnicos, lo que equivale a un intento
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Esther González Santana
Diplomada en Turismo. Licenciada en Ciencias del Trabajo
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A pesar de comprobar que las políticas austericidas son ineficaces para reducir la deuda, se nos sigue repitiendo hasta la saciedad que no hay alternativa.
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en su libro “Cómo hacer que funcione la globalización” (Taurus, 2006), defiende el impago de la que llama “deuda odiosa”. Stiglitz califica de odiosa la deuda adquirida por regímenes dictatoriales para, por ejemplo, adquirir armamento con el que reprimir al pueblo. Obviamente la deuda pública Española no puede ser calificada de odiosa en ese sentido. Sin embargo, la aceptación de la deuda privada como pública junto con las recetas austericidas de la Troika han tenido irreparables consecuencias para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sin ir más lejos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, cifra en más de 100.000 las personas dependientes fallecidas sin atención desde finales de 2011. ¿Tan irresponsable sería exigir a los y las responsables de esa deuda privada que hagan frente a la misma? Obviamente, en un sistema como el actual, en el que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, es algo impensable.