Otro año más, el Valle de la infamia continúa

Esther López Barceló es Responsable de Memoria Democrática de IU
Rafael Escudero Alday es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III 

Hoy es 20 de noviembre. Hace 41 de la placentera muerte del dictador. Día en que todas miramos a ese monumento a la infamia levantado en el valle de Cuelgamuros, en la sierra de Madrid, simbolizando aún hoy, la apología del fascismo que asoló España durante cuatro décadas. Erigido para "perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada" (art. 1 del Decreto de 1 de abril de 1940), el interior de su basílica alberga las tumbas de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y del dictador Francisco Franco. Ambos en ubicación preferente y destacada con relación al resto. En capillas laterales se encuentran los restos de más de 33.000 combatientes en la Guerra Civil; los "caídos" a que hace referencia el nombre oficial del monumento. Conviene advertir que, aunque el propósito inicial del monumento fuera que en él descansaran solo los caídos del "bando nacional", en 1958 se modificaron sus objetivos fundacionales para trasladar allí también a los del "otro bando". Al provenir de fosas comunes, muchos de estos últimos no están ni tan siquiera identificados, de la misma forma que sus familiares nunca fueron informados de su traslado al valle. Lamentable paradoja que el mausoleo del criminal albergue junto a él los restos de quienes fueron asesinados en su nombre.

Este Valle de la Ignominia está además sufragado con fondos públicos, dado que la propiedad y mantenimiento del monumento compete a Patrimonio del Estado

Este Valle de la Ignominia está además sufragado con fondos públicos, dado que la propiedad y mantenimiento del monumento compete a Patrimonio del Estado. Que sea el Estado español -es decir, sus contribuyentes- quienes financiemos la tumba del dictador es el colmo de esta sinrazón, de esta anomalía democrática inédita en el resto de Europa. El inmenso valor simbólico que tuvo el Valle de los Caídos para el franquismo no parece ser óbice para que los sucesivos gobiernos habidos desde 1975 no se hayan planteado qué hacer con el mismo o qué sentido darle desde la perspectiva de los valores democráticos. Es más, ni tan siquiera se han atrevido a dar una solución a los familiares de quienes allí se hayan enterrados en contra de su voluntad tras ser asesinados por el régimen.

De todas es sabido que el valle no es ni se representa tan solo como una basílica, sino que encierra y exalta toda una simbología

En el Valle de los Caídos lo simbólico excede la forma y se halla además en la propia historia de su construcción, a manos de batallones de presos antifranquistas que como mano esclava levantaron la tumba de quien les oprimía. Así pues, consciente de la insatisfacción que generó esta respuesta legal, el gobierno de Rodríguez Zapatero intentó maquillar la cuestión encargando a una comisión de expertos la realización de un informe con propuestas sobre el futuro del valle. Su creación se pospuso a mayo de 2011, con la legislatura casi agotada, y su informe se hizo público en noviembre de ese mismo año, ya con el gobierno socialista en funciones tras la victoria electoral del PP justo unos días antes. Que las recomendaciones del informe -algunas de ellas sumamente oportunas, como la del traslado de los restos del dictador al lugar que designara su familia- cayeran en saco roto, era algo fácilmente predecible, dado el desprecio que el PP ha mostrado siempre hacia la memoria histórica, por un lado, y los derechos de las víctimas del franquismo, por otro. Cuesta pensar que el gobierno socialista que trabajó con este calendario no fuera consciente de esto último.

Es injustificable que en democracia, se permita la existencia del Valle de los Caídos en las condiciones actuales

Téngase en cuenta que el art. 15 de la ley de memoria histórica obliga a la retirada de toda la simbología exaltadora del franquismo, sin distinguir si esta se encuentra en propiedad pública o privada. De ahí que este mismo artículo prevea que las administraciones puedan retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que así no lo hagan. Así, lo dispuesto en este artículo se aplica también a todo el recinto, dado que se trata de un espacio público, abierto al público y sostenido con fondos públicos. De negarse, la comunidad benedictina allí presente podría ser sancionada con la retirada de la aportación económica que reciben del Estado. Hay mecanismos legales para terminar con toda esta exaltación franquista; lo que no hay, ni ha habido, es voluntad política para ponerlos en práctica.