Casi una de cada cuatro mujeres asesinadas en 2022 por sus parejas o exparejas vivía en municipios de menos de 4.000 habitantes. En concreto son nueve de las 38 víctimas de violencia machista registradas a día de hoy, es decir, el 23,6%. De ellas, cuatro residían en localidades de menos de 1.000 vecinos.

Estos datos han sido expuestos este viernes en el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde las asociaciones Afammer y Fademur han alertado de la prevalencia de la violencia contra la mujer en el entorno rural.

Sofía Gabasa, psicóloga y experta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de España (Fademur), piensa que los pueblos son espacios "masculinizados y envejecidos". Esto provoca que se "agraven" cuestiones como "la vergüenza y la culpa de las víctimas".

La presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla, coincide en que "en el medio rural todavía se mantiene la estigmatización de la mujer, que tiene que vivir la violencia en silencio porque su entorno no la va a entender".

Se denuncia menos en los pueblos

De las nueve víctimas mortales de la violencia machista en localidades de menos de 4.000 habitantes, solo cuatro habían denunciado previamente a su agresor. De las diez víctimas de municipios de entre 4.000 y 20.000 vecinos, solo lo hizo una. Por el contrario, de las 18 víctimas de localidades con más de 50.000 habitantes, 11 sí habían presentado denuncia.

Entre los problemas que afectan directamente a esta cuestión, las expertas señalan la "inseguridad" a la que se enfrentan estas mujeres. A este respecto, Quintanilla resalta la "desaparición de los cuarteles de la Guardia Civil" en algunos municipios, mientras que Gabasa apunta a la "poca adaptación" al medio rural de medidas como las órdenes de alejamiento o los dispositivos de vigilancia telemática impuestos a los agresores.

"No es lo mismo la orden de alejamiento que se puede imponer en Madrid que en un pueblo de 100 habitantes", recuerda Gabasa, quien también asevera que una víctima no puede sentirse segura si el seguimiento de las órdenes de alejamiento funciona con GPS y en su pueblo "no hay conexión a internet o es inestable".

Para revertir estas situaciones, Quintanilla ha recordado al Gobierno la necesidad de incluir en las estadísticas de violencia de género una variante relativa a la situación en el mundo rural. A día de hoy, el recuento desglosa las víctimas por comunidad autónoma y provincia, pero no por municipio.