El PSOE se mete en un laberinto con sus enmiendas a la ley trans

El Partido Socialista está en un laberinto de difícil salida en la ley trans. El pasado lunes, dos días antes de que expirase el plazo, presentó sus enmiendas a la norma, un paquete de 37 modificaciones, entre las que se incluye una, que resta capacidad a los menores de entre 14 a 16 años para decidir sobre su cambio de sexo en el registro. Las enmiendas han indignado al Ministerio de Igualdad, a sus socios de Gobierno, a parte de su propio partido, a las organizaciones LGTBI que impulsan la norma y a parte del feminismo socialista. Algunos de ellos por distintos y enfrentados motivos. Pero la realidad es que el PSOE se ha quedado solo defendiendo cambios en la ley que no parecen apaciguar sus luchas internas y no contentan a nadie.

Desde el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado su enfado por las propuestas de su socio de Gobierno y ha pedido al PSOE que retire sus enmiendas. Las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI han criticado duramente las propuestas socialistas a las que consideran de "inaceptables" y que tocan puntos clave ya negociados y acordados entre ministerios (Igualdad y Justicia), la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los colectivos LGTBI.

Por su lado, la Asociación de Feministas Socialistas (Femes), de la que forman parte algunas pesos pesados del PSOE y que se oponen a la norma (especialmente a lo que tiene que ver con la autodeterminación), han lanzado también duras críticas. A su juicio las enmiendas son más bien cosméticas puesto que "no modifican sustancialmente el texto en lo relativo a la autodeterminación" y "suponen una irresponsabilidad política". Otra parte del grupo parlamentario socialista tampoco las ve con buenos ojos, sino como una huida hacia adelante.

Este miércoles, diversos grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno han presentado de forma conjunta una serie de enmiendas que amplían la norma hacia derechos que se habían quedado fuera en el trámite de negociación. Específicamente, proponen medidas para el colectivo no binario y el intersexual y solicitan más atención sanitaria para las personas trans. Tras el registro, Irene Montero ha afirmado estar "enormemente preocupada por esas enmiendas del PSOE" y por el hecho de que "han incumplido su compromiso de no tocar el corazón de la ley que yo pacté con Carmen Calvo, referido a la libre determinación de la identidad de género para mayores de 18 años y también para los niños y niñas trans". La ministra de Igualdad pidió al Partido Socialista que retirara sus enmiendas y se sumara a las presentadas por la coalición, que incluye a Unidas Podemos, EH-Bildu, ERC, Junts, BNG, PdeCAT, PNV, Más País, Compromís y Coalición Canaria. 

"No retiraremos las enmiendas"

Desde el Partido Socialista han afirmado que no retirarán las enmiendas. "No vamos a retirarlas. Nuestra intención es acercar posturas y esperamos que la [intención] de Igualdad también sea esta", ha sido la escueta respuesta. Pocos en el PSOE abren la boca. La negociación de esta norma parece haber impuesto el silencio y se ha circunscrito al grupo parlamentario Socialista. Según fuentes consultadas por Público, ni siquiera fue un tema que se debatiera en la ejecutiva que se reunió hace unos días.

No es la primera vez que el Partido Socialista se enroca en contra de las posturas de sus socios de Gobierno al final de un proceso legislativo. Ya en la negociación de la ley del solo sí es sí (otra de las leyes clave impulsada por Igualdad) el PSOE estuvo a punto de hacerla naufragar al empeñarse en el último momento en presentar una serie de enmiendas que endurecían las medidas de lucha contra el proxenetismo y la tercería locativa, cambios que sólo apoyaba el Partido Popular. Haber votado junto a los de Feijóo hubiera sido entonces un escándalo y los socialistas acabaron por retirar sus enmiendas. Dos días después, presentaron una serie de medidas para abolir la prostitución, que aún se negocian en la misma Comisión de Igualdad.

Mirar hacia la derecha por apoyos en la ley trans no solo sería un problema reputacional para el partido de la rosa, sino que no encontraría tampoco esos respaldos. Partido Popular y Vox no apoyan la norma, contra la que presentaron sendas enmiendas a la totalidad. Desde el PP, además, afirman que derogarán la ley si llegan al Gobierno. 

El único acuerdo posible es con los socios de Gobierno y con aquellos partidos que han apoyado su investidura. Irene Montero quiere establecer un férreo calendario para negociar las enmiendas y poder aprobar la ley antes de que finalice el año. Por ahora, lo único que se conoce de dicho calendario es la voluntad de Igualdad de cerrar el texto el próximo 18 de noviembre, por lo que quedarían sólo 15 días para negociar enmiendas y enviar el texto al Senado. 

El PSOE y las organizaciones feministas que se oponen a la ley tal como está en la actualidad (especialmente con la autodeterminación de género) piden tiempo para un debate sosegado. Afirman que se trata de una ley que toca temas y leyes importantes que merecen cierto sosiego. Diversas organizaciones feministas han criticado el hecho de que la norma se esté tramitando por la vía de urgencia, lo que reduce los tiempos e impide la participación en la Comisión de Igualdad de expertos de diverso signo que puedan enriquecer el debate con distintos puntos de vista y reflexionar sobre aspectos que parte del feminismo ve como una amenaza. 

Las prisas de Igualdad para cerrar el texto (no quiere extender el debate de la norma a 2023 por ser año electoral), dificulta los acuerdos y el diálogo y pone presión sobre su socio mayoritario de Gobierno que está teniendo en este caso una seria crisis reputacional, que no parece desvelar ni a la cúpula del partido, ni al presidente del Gobierno.

El período de enmiendas de la ley ha tenido seis retrasos consecutivos de una semana cada uno. La negociación de las enmiendas no parece que vaya a ser sencilla tampoco, por lo que los plazos podrían alargarse a pesar del empeño de Igualdad por acelerarlos.

De esto dependerá que la ley se apruebe como quiere Irene Montero antes del final del año. Las expectativas por ahora, no apuntan a una negociación rápida.