Cuando la lentitud de la Justicia supone que una red de prostitución de menores salga casi sin condena

Este miércoles arrancaba en la Audiencia Provincial de Murcia la vista oral contra una red de prostitución de menores descubierta en el año 2014. Los acusados se enfrentaban a penas máximas de entre 24 a 56 años de cárcel, pero gracias al acuerdo de conformidad firmado entre la Fiscalía y la defensa han recibido penas de prisión reducidas que van desde los 5 meses a los dos años e indemnizaciones a cada víctima de 500 a 2000 euros, aparte de unas multas de 450 a 720 euros.

Los acusados no pagarán costas judiciales al no haber acusación particular por parte de las víctimas y todas las condenas tienen atenuantes por dilaciones indebidas ya que, pese a que la instrucción comenzaba este miércoles, han pasado diez años desde las primeras detenciones.

Los condenados a 5 meses de cárcel por cada una de las víctimas tienen asegurado eludir su ingreso en prisión; mientras que la decisión de libertad para los que tienen penas de dos años de cárcel depende "de lo que decida la Sala", según ha expuesto la defensa.

Una década esperando justicia

El caso se destapó en el año 2014, cuando las víctimas tenían entre 14 y 17 años de edad, gracias a la denuncia de un padre por la desaparición de su hija adolescente. Antes de perderle la pista, su familia se percató de que la niña tenía más dinero de lo habitual y, cuando en un interrogatorio la reconocieron en un catálogo de mujeres que ejercían la prostitución, todo empezó a encajar.

La noticia saltó a la palestra a lo largo del mes de enero de 2015 y la polvareda alcanzó todos los rincones de la sociedad murciana. La operación policial se saldó con 29 detenidos: cinco encargados de pisos y pensiones, cinco captadoras de chicas para la red, cuatro taxistas piratas y quince clientes. Han sido juzgados dieciséis de ellos.

El Ministerio Fiscal expone que los proxenetas buscaban deliberadamente a mujeres menores de edad, poniéndolas en contacto con individuos mayores, la mayoría hombres, de edad avanzada y en una situación económica boyante para mantener relaciones sexuales. La red ganaba comisiones por cada encuentro organizado.

Según el escrito de acusación presentado por la fiscalía en 2019, todos los investigados eran conscientes de su minoría de edad. Entre los clientes de esta red se encuentran un guardia civil retirado —al que una de las víctimas denunció por agresión sexual— que en estos momentos tiene 92 años y algunos empresarios de renombre de la Región de Murcia.

Entre ellos, el exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, cuyas iniciales corresponden a J.C., que dejó el cargo tras ser vinculado a principios de 2015; y los trabajadores de un despacho de abogados de la capital murciana, que contactaban a esta red para pedir que les trajesen "niñas a la oficina".

Una estructura criminal muy bien organizada

Para captar a las chicas, acudían a discotecas de menores o incluso colegios. La mayoría de ellas provenían de familias desestructuradas o con pocos recursos; las buscaban de manera proactiva y a través de diversos canales: la Fiscalía detalla cómo una de las captadoras acudió a una niña que se anunciaba como cuidadora de niños y ancianos, ofreciéndole ganar "mucho dinero" haciendo masajes; ella declinó en diversas ocasiones, tras un aluvión de llamadas y mensajes antes de aceptar. Decía que era virgen y que tenía quince años, a lo que la acusada le contestó que "no pasaba nada", y que "ya trabajaban con ella otras niñas de trece y catorce años".

Muchas de las niñas acabaron aceptando mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de 50 o 60 euros. Otra de las imputadas contactó con dos menores de 15 y 16 años del colegio de La Consolación de Espinardo, a quienes ofrecía ganar "mucho dinero" dejándose tocar por "estos señores a los que les gustan las chicas jovencitas". Casi como en un esquema Ponzi de trata de mujeres, se instaba a las niñas a "animar" a sus compañeras de colegio y a sus amigas a participar en el negocio. Una de las madames tenía relación con la familia de una de las víctimas, a la que no solo convenció para prostituirse, sino que atrajo a otras dos niñas amigas suyas al entramado pedófilo.

La clandestinidad se tomaba muy en serio. A las víctimas se les ofrecían tapaderas para que sus familias no descubriesen en qué estaban metidas, en muchas ocasiones a través de falsos trabajos de canguro en los que recibían "propinas" muy, muy generosas. El País explicaba en 2015 que uno de los padres de estas niñas insistió en conocer al niño que supuestamente cuidaba, por lo que organizaron un encuentro fortuito con el sobrino pequeño de una de las madames al que llevaron en un carrito de bebé. Las citas con los abusadores se organizaban en pisos o pensiones y el transporte de las niñas estaba a cargo de taxistas piratas.

La relación entre los acusados, proxenetas y clientes se realizaba a través de mensajes de WhatsApp por los que compartían un álbum con más de 400 fotografías de mujeres de diversas edades y procedencias. Uno de los clientes de esta red actuaba también como proxeneta, convenciendo a una de las víctimas a que practicara con él sexo gratis a cambio de conseguirle nuevos clientes, distribuyendo entre sus amigos las fotos de la menor.

En los teléfonos de los detenidos se encontraron imágenes de las víctimas y pruebas de su trato con ellas, por quienes llegaban a pagar 200 euros por encuentro; ellas recibían una cuarta parte, mientras el resto debían entregarlo a la organización o lo abonaban directamente los implicados tras previo pago a la niña.

De acuerdo con el Ministerio Fiscal, los acusados eran más que conscientes de que contrataban los servicios de menores de edad: durante el año 2014, una de las proxenetas acudió a una de las niñas, de 17 años, para pedirle que "con determinados clientes dijera que era menor aún que su edad real, ya que les daba más morbo".

A pesar de la gravedad de los hechos probados, el juicio se ha demorado tanto tiempo que todos los acusados han recibido un atenuante de dilación indebida; es decir, que como han estado una década a la espera de que se les juzgue por su participación en una trama de abuso sexual de menores, la Justicia entiende que ya han sufrido una parte de su condena.

"Hemos hecho un buen trabajo", fueron las palabras con las que el juez de instrucción ha cerrado la sesión. La Fiscalía ha agradecido a la Policía su actuación. Hay piropos para todos y todo el mundo aplaude, excepto las víctimas. La suspensión de las penas está prevista para los días 7 y 8 de octubre.