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El Gobierno aprueba las ayudas a víctimas de violencia sexual con bajos ingresos que recoge la ley del 'solo sí es sí'

La medida está destinada a mujeres con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional que podrán recibir un subsidio de desempleo durante seis meses, prorrogable hasta los 18 meses.

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Manifestación de estudiantes en Madrid contra la sentencia de 'La Manada'. — A. Pérez / Europa Press

madrid, Actualizado:

El real decreto aprobado en el Consejo de Ministros este martes pretende mejorar el acceso y la cuantía de estas ayudas para las mujeres y niños y niñas víctimas de violencia sexual. Este apoyo económico equivale a un subsidio por desempleo –unos 500 euros al mes- durante seis meses–, prorrogable hasta los 18 meses. Además, el real decreto ampliará a cinco años el plazo para pedir la ayuda.

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El Gobierno denegaba tres de cada cuatro de las ayudas

El decreto se enmarca en la ley del 'solo sí es sí', que modifica la Ley de 1995 sobre ayudas a víctimas de delitos violentos y sexuales. Esta ley actualmente regula las prestaciones pero lo hace con problemas. Las víctimas no llegan muchas veces a percibirlas y cuando lo hacen las cuantías son muy reducidas.

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En este otro artículo, Público hace un análisis detallado de la situación de estas ayudas para las víctimas de violencia sexual. El dato más alarmante de la investigación concluía que el Gobierno denegaba tres de cada cuatro de estas ayudas. 

Ser víctima de violencia sexual y con bajos ingresos

El Gobierno desarrollará la modificación prevista en la ley del 'solo sí es sí' para mejorar las ayudas a las víctimas

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Los requisitos son tener acreditada la condición de víctima de violencia sexual y, asimismo, una condición económica insuficiente. De esta forma, los ingresos deben ser inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Aquellas víctimas que sean menores de edad y que dependan económicamente de sus familiares, podrán acceder a la ayuda siempre y cuando la renta familiar no supere tres veces el SMI.

Para acreditar la condición de víctima, se aceptarán documentos más allá del ámbito judicial, como una sentencia condenatoria, una orden de protección, informes del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales o de acogida. En el caso de las víctimas de trata, bastará con una acreditación de los servicios públicos encargados de su atención integral. Para los menores, será posible acreditarlo con documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.

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Las víctimas tendrán un periodo de cinco años para solicitar la ayuda y podrán volver a solicitarla si vuelven a ser víctimas de violencia sexual. Además, se abonará en un pago único o en seis mensualidades. 

El sistema actual presentaba problemas para el acceso de las víctimas de violencia sexual a las ayudas

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La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha detallado que el objetivo es garantizar la "autonomía económica" y facilitar la "recuperación de las víctimas más vulnerables". 

El Estado reembolsará a las comunidades autónomas el coste de las ayudas. Serán las segundas las responsables de la tramitación y el abono a las víctimas. Así, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el nuevo sistema de apoyos económicos entrará en vigor. 

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