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Almeida perpetúa el abandono de la red de atención a víctimas de la violencia machista en Madrid

Las trabajadoras destacan la inestabilidad del nuevo pliego del Ayuntamiento del PP en Madrid y argumentan que "viola los derechos laborales y empeora la atención a las mujeres".

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Las mujeres de la Red de Violencia de Género frente al Ayuntamiento de Madrid en una protesta. — Cedida por la Red de Violencia de Género de Madrid.

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Las trabajadoras del Servicio de Atención a la Violencia de Género 24 horas (S.A.V.G. 24) del Ayuntamiento de Madrid, que forman parte de la Plataforma de Trabajadoras de la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la pareja y expareja, han presentado, el 8 de octubre de 2024, una demanda para impugnar los pliegos publicados por el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida. Según ellas, estos documentos vulneran los derechos laborales adquiridos y amenazan la calidad de la atención a las mujeres, haciendo "ingestionable" el servicio.

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Desde el 8 de marzo de 2024, estas trabajadoras han llevado a cabo movilizaciones para denunciar la insuficiencia en la atención que el Ayuntamiento brinda a las mujeres víctimas de violencia. Aseguran que, debido a la falta de plazas en los alojamientos de protección, se ven obligadas a activar hoteles, lo que pone de manifiesto la sobrecarga del servicio

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A pesar de las manifestaciones, el Ayuntamiento de Madrid ha optado por publicar los pliegos que regirán el servicio de atención a la violencia de género a partir del 6 de enero de 2025 y durante los próximos dos años. Las trabajadoras de la red denuncian que estos pliegos presentan deficiencias en el presupuesto, "ya que no se prevé una ampliación de plazas ni se asignan recursos materiales suficientes para atender a las mujeres".

Además, consideran que se vulneran los derechos laborales al eliminar complementos salariales y establecer nuevos horarios que dificultan la conciliación familiar y la gestión del centro. Esta situación sobrepasa las competencias de cualquier administración que decide externalizar servicios públicos. "Las trabajadoras no van a permitir que el Ayuntamiento rija sus derechos laborales porque no son funcionarias, son trabajadoras de empresas privadas", ha señalado una de sus representantes a Público.

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"Con la nueva organización que plantean, se necesitarían 22 trabajadoras sociales, en cambio, solo presupuestan 18", han explicado las profesionales. "El Ayuntamiento hace alarde de que ha subido el presupuesto un 20%, pero no es suficiente para poder cubrir todos los gastos de las nuevas condiciones a nivel de personal, nuevas tecnologías, espacios, etc.", han criticado. 

"No es sorprendente que, como resultado de estos pliegos precarizados, el concurso haya quedado desierto, ya que ninguna empresa ha presentado su oferta al considerar inviable su gestión bajo las condiciones estipuladas", opinan. Las trabajadoras de la red recuerdan que esta es la primera vez que se presenta esta situación, dado que se trata de un servicio que opera desde 1999 y que ha sido pionero en la atención integral a las víctimas de violencia de género. 

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Afirman que el Ayuntamiento de Almeida ha perdido una valiosa oportunidad para abordar los problemas denunciados por las trabajadoras a través de esta nueva licitación. "Los pliegos presentados no resuelven cuestiones críticas como el excesivo tiempo de espera para obtener una primera cita tras el primer contacto con los servicios de protección, la alta rotación del personal, los prolongados intervalos de espera entre citas que pueden extenderse durante semanas, y, especialmente, las deficientes condiciones de los alojamientos de protección", explican. Añaden que "todo esto perpetúa la violencia institucional a la que están expuestas las mujeres que buscan ayuda en el servicio". 

"Las trabajadoras no van a dejar que pisoteen sus derechos y siguen reclamando mejoras para la atención a las mujeres, puesto que el servicio sigue desbordado y siguen sin poder ofrecer la atención adecuada", ha afirmado una de sus representantes a Público, quien ha añadido que las profesionales "lo sienten [la decisión del Ayuntamiento] como una represalia por las movilizaciones y la salida a la luz de las circunstancias del servicio". "Esto no va a hacer que se frenen y se queden calladas, sino que van a luchar con más fuerza", ha concluido.

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