La pandemia que desnudó al capitalismo español

De pronto, como quien dice, volvemos a estar inmersos en una crisis económica de incierta duración y preocupantes, aunque imprevisibles, consecuencias. Cierto es que, al igual que había acontecido allá por el 2008, la crisis económica ligada a la aparición de la covid-19 no es un fenómeno exclusivo de nuestras latitudes. Sin embargo, de nuevo igual que hace una década, la crisis económica parece manifestarse en el Estado español con singular virulencia e intensidad si lo comparamos con lo acontecido en los países de nuestro entorno. Lejos de ser cosa del azar, la irrupción de la pandemia no hizo más que sacar a la luz, una vez más, las debilidades históricas del capitalismo español, esta vez agravadas por la inclemente aplicación de las políticas de austeridad a lo largo de la última década, diseñadas por las instituciones europeas, mas recibidas con entusiasmo por las élites españolas.

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En estos años parecía que la gran crisis era ya cosa del pasado. Las oportunidades de empleo volvían a crecer, a pesar de ser sistemáticamente de baja calidad y peor remuneración; las grandes magnitudes económicas, desde el PIB a las cotizaciones de la bolsa de valores, mantenían una senda ascendente que prometía extenderse en los próximos años; y, poco a poco, iba cuajando en el imaginario colectivo que los años marcados por la difusión sin fin del desempleo, de los desahucios y del empobrecimiento masivo eran ya cosa de tiempos pasados. Sin embargo, al igual que las expansiones capitalistas tienen bien poco de milagrosas, por mucho que por estos hogares sea costumbre calificarlas de tal manera, las posteriores caídas no tienen tampoco nada de sobrenatural. Bien al contrario, las carencias y debilidades subyacentes, que las épocas de crecimiento tienden a esconder, irrumpen en la escena social con inusitada fuerza una vez que la capacidad de seguir creciendo se ve interrumpida. Como señala el geógrafo británico David Harvey, toda crisis económica encuentra su explicación más inmediata en la particular senda de crecimiento que la precedió.

Las endebles bases de la recuperación

Pasado el año 2014, la economía española parecía encontrarse bien asentada en una nueva senda expansiva. Como corolario, se nos repetía que las duras medidas de ajuste aplicadas por el Gobierno liderado por Mariano Rajoy habían dado finalmente sus frutos, a pesar de la desconfianza manifestada por los principales agentes sociales, y de sus tremebundas consecuencias sociales, encarnadas en la proliferación de gente sin trabajo y de casas sin gente. Ciertamente, los sucesivos programas de ajuste consiguieron su objetivo a corto plazo, esto es, la recuperación de los beneficios empresariales a costa de las condiciones laborales de la clase trabajadora, y la vuelta del crecimiento económico a costa de ahondar, aún más, en las tradicionales debilidades del capitalismo español.

En primer lugar, el capitalismo español acentuó su especialización productiva en la provisión de servicios de bajo precio y calidad, principalmente vinculados a una actividad turística que en las últimas décadas ya había inundado las diversas costas de hormigón y cemento. Los bajos precios hosteleros, junto con unas políticas públicas interesadas en incrementar la cantidad de las visitas extranjeras antes que la calidad de las mismas, dio lugar a un espectacular crecimiento de las cifras de turistas llegados al estado español: de los 50 millones allá por el 2008 se pasó, en el plazo de una década, a más de 80. A pesar de que, en el corto plazo, el ánimo de la actividad turística fue quien de compensar la flaqueza de su tejido productivo, especialmente en lo relativo a la producción industrial, era cuestión de tiempo que las consecuencias del monocultivo turístico se hicieran sentir con fuerza. En segundo lugar, el mercado laboral español sufrió un nuevo programa de ataque a los derechos de los trabajadores de la mano de las sucesivas reformas laborales de 2010 y 2012, respectivamente. En consecuencia, la negociación colectiva tiene cada vez menos margen de acción, mientras que la precariedad laboral comenzó a extenderse por todo el cuerpo social sin distinción de edad o sexo. El abaratamiento del despido, la proliferación de nuevas figuras de contratación temporal, y el estancamiento salarial que le vino aparejado, favorecieron la progresiva recuperación de los niveles de empleo. Sin embargo, son precisamente estos incentivos a la contratación de nuevos trabajadores los que favorecerán que, llegado el tiempo de vacas flacas, estos mismos trabajadores se vean expelidos de sus puestos con rumbo hacia las oficinas de empleo.

En definitiva, las duras medidas de ajuste llevadas a cabo en el Estado español durante la década que siguió a la Gran Recesión no dieron lugar a la aparición de un nuevo modelo productivo, bien hacia uno más diversificado y competitivo internacionalmente, o bien hacia un modelo más justo y solidario. Más bien, lo que aconteció fue lo contrario. Por una parte, se ahondó en el carácter periférico del capitalismo español, manifestado en su bajo nivel de desarrollo productivo en comparación con los países del centro de Europa, así como en su especialización en sectores, como aquellos singularmente vinculados a la actividad turística, caracterizados por su elevada temporalidad, bajas remuneraciones, y una limitada capacidad para ofertar algo más allá que bajos precios. Por otra parte, se llevó a cabo un ataque continuado a aquellas instituciones más directamente implicadas en el mantenimiento y en la sostenibilidad de la vida, tanto en un sentido social como en uno estrictamente biológico: en el ámbito sanitario, a las numerosas privatizaciones de hospitales y demás instituciones sanitarias de propiedad pública es preciso añadirle una carencia continuada de nuevas inversiones, mientras que, en el ámbito de los cuidados de larga duración, no solamente se abandonaron hasta hace nada los compromisos públicos con lo acordado en la Ley de Dependencia de 2006, sino que también se incentivó la entrada masiva de fondos internacionales en el sector de las residencias de mayores, instituciones dedicadas en exclusiva a la maximización de sus lucros en un campo en el cual el cuidado y protección de la vida deberían tener prioridad absoluta.

La llegada de la Pandemia

La irrupción de la pandemia puso fin abruptamente a la senda de crecimiento anterior. A pesar de que todos los países, en mayor o menor medida, se vieron forzados tanto a introducir algún tipo de restricción a la movilidad personal (y, por extensión, a la continuación de la actividad económica), así como a llevar a cabo medidas de gasto extraordinarias, sus consecuencias en el estado español se vieron agrandadas por culpa de las idiosincrasias propias de su modelo de crecimiento. En primer lugar, su desorbitada dependencia de la actividad turística se mostró singularmente fatídica en un contexto marcado tanto por las restricciones internacionales de movimientos como por la caída general de las rentas derivadas de la actividad económica.

En segundo lugar, el excesivo peso de los contratos temporales en el mercado laboral español, a pesar de haber favorecido la recuperación de los niveles agregados de empleo en los años previos, les concede a las empresas la posibilidad de ajustar el volumen de sus respectivas fuerzas de trabajo a las nuevas condiciones sin tener que incurrir en costes extraordinarios. Es suficiente con no firmar un nuevo contrato. La precarización de las relaciones laborales en los últimos años sirvió para incrementar un poco más el carácter procíclico del mercado laboral español, esto es, cuando las cosas van bien se contrata mucho con la expectativa de que, una vez comiencen a venir mal dadas, se pueda despedir sin prácticamente coste alguno.

En tercer lugar, la íntima relación existente entre las políticas de austeridad, por una parte, y la protección de la vida, por otra, se manifiesta ahora de manera particularmente cruel. Tenemos un sector sanitario con carencias de los recursos tecnológicos, monetarios y, sobre todo, humanos, necesarios para hacer frente a una emergencia sanitaria de estas proporciones. Por otra parte, el infame trato recibido por el sistema público de cuidados, carente tanto de financiación como de capacidad de cobertura, y en gran medida en manos de fondos internacionales poco preocupados por la vida de sus clientes, resultaron en una tragedia humana que no será sencillo olvidar. A mayores, estos problemas se vieron acrecentados, aun más, por la endeble base industrial de la economía española, incapaz de producir los instrumentos y equipamientos precisos, viéndose así en el deber de acudir a unos mercados internacionales próximos al colapso interno. Finalmente, la capacidad de incurrir en nuevas rondas de endeudamiento por parte del Estado central aparece ahora severamente recortada, viéndose pues forzado (en ausencia de una acción concertada por el resto de países europeos a tal efecto) a someter las posibilidades de recuperación de su economía al inclemente beneplácito del capital financiero internacional. En resumen, son precisamente la fragilidad productiva de la economía, por una parte, y la debilidad de sus instituciones de protección social, por la otra, lo que explica tanto la singular virulencia de la presente recesión como las inciertas vías de recuperación que se abren ante nosotros.

¿Y ahora, qué?

El margen de acción del que disponga el Estado español en los próximos meses para introducir cambios significativos en su economía va a depender en gran medida de las decisiones que se adopten a escala europea. En el caso de acordar finalmente alguna modalidad de mutualización de la deuda pública por parte de los diferentes países europeos (por ejemplo, mediante la emisión de bonos comunitarios), el Estado español se vería con capacidad de incurrir en rondas de endeudamiento muy superiores a las que le correspondería en el caso de verse en el deber de acudir en solitario a los mercados internacionales de deuda pública. Lo más probable es que se materialice un escenario intermedio, esto es, la creación de alguna forma de financiación común cuyo reparto venga ligado a la imposición de condiciones, más o menos estrictas, a los países receptores.

A corto plazo, se torna preciso continuar con las medidas de contención del desastre económico y social como las líneas de crédito especial a las empresas o los ERTE, aunque su perpetuación más allá del verano resulta una quimera, debido tanto a la intensidad de la caída de la actividad económica como a la difícil situación financiera que atraviesa el Estado español. Por eso mismo, es imprescindible comenzar a sentar las bases de un nuevo marco de convivencia y desarrollo social. A mi parecer, el programa de reconstrucción tendrá que incorporar las siguientes cuestiones. En primer lugar, es preciso revertir el expolio fiscal llevado a cabo por las élites españolas en las últimas décadas, lo que implicaría elevar la progresividad del impuesto sobre la renta, luchar contra el fraude generalizado en lo relativo al impuesto de sociedades, así como volver a introducir el impuesto de patrimonio. En segundo lugar, hace falta ahondar en la diversidad interna de la estructura productiva española, limitando su tradicional dependencia de los sectores del turismo y de la construcción, en pro de una nueva agenda industrial enfocada a la producción de insumos básicos para la protección y cuidado de la vida. De manera íntimamente relacionada, se torna necesario democratizar el acceso a bienes básicos para el mantenimiento de la vida como la energía, el agua, o la vivienda, actualmente dominados por oligopolios donde se encuentra, lucra y protege una parte sustancial del bloque de poder español. En tercer lugar, hace falta revertir los sucesivos ataques a los derechos de los trabajadores llevados a cabo en los últimos años, de cara no solo a mejorar las condiciones de vida de todos aquellos a los que no les queda otra que vender su tiempo, sino también para atenuar la traducción de las crisis económicas en términos de desempleo y, por extensión, en mayor dureza de la crisis.

Finalmente, resulta más necesario que nunca establecer un sistema público de cuidados con cobertura universal, que desligue el disfrute de una vida digna de los recursos, tanto económicos como afectivos, de los que cada quien disponga, al mismo tiempo que les permita a las mujeres llevar a cabo proyectos de vida autónomos sin estar subordinadas a unas responsabilidades de cuidados que las reaccionarias construcciones sociales de los géneros les siguen asignando.

Un programa que tuviera estos objetivos bien seguro que daría lugar a una virulenta reacción por parte de los poderes establecidos. A día de hoy, la defensa de una vida digna de ser vivida, así como de las condiciones y requisitos materiales que la hacen posible, choca de pleno con las ambiciones de unas élites acostumbradas a depender de los resortes estatales para defender sus privilegios, y cuya fuente de poder radica precisamente en ese dominio casi que absoluto de los sectores económicos mas directamente en la reproducción social de la vida. O bien nuestras vidas, o bien sus dividendos. Esa es la cuestión.