Minicumbre europeaZoido cuestiona la condición de refugiado a 15.357 migrantes que debía acoger España

La minicumbre europea que ha tenido lugar estos días en Sevilla le ha servido a los países más poblados de la UE para reconsiderar su política de asilo a los refugiados políticos que huyen de zonas en conflicto.

Es la primera vez que Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia y España -el llamado G6-, junto a dos miembros de la Comisión Europea y un representante del Gobierno de Marruecos, abordan de manera conjunta este tema, después de que expirase el plazo de dos años que se dio la UE para distribuir entre sus miembros a 160.000 refugiados, la mayoría huidos de la guerra en Siria y asentados temporalmente en campos de Grecia, Italia, Hungría, Turquía y Libia.

Pasados esos dos años, los países europeos sólo se habían repartido a 27.695 refugiados, el 17,5% del total previsto. La cifra de acogida en España era aún inferior, pues se situó por debajo de la media europea: 1.980 refugiados, el 11,4% de los que debía acoger (17.337).

Lejos de abordar el asunto como un fracaso del compromiso adquirido por la UE, los ministros de Interior del G6 han hecho una reinterpretación del número de refugiados reubicados en sus territorios. Fuentes conocedoras de la reunión hablan de una “modificación de los parámetros” del acuerdo suscrito hace dos años, “para diferenciar perfectamente entre quiénes son migrantes irregulares y quiénes son refugiados”. 

La tesis del G-6, muy contestada por ONGs internacionales, es que la crisis de los refugiados de 2015 se mezcló con una corriente migratoria latente en el Mediterráneo, haciendo difícil distinguir entre unos y otros.

Subrayando esa distinción entre migrante irregular y refugiado, la conclusión que el ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha trasladado a sus homólogos es que “España ha cumplido en su totalidad” con el compromiso de asentamiento del cupo de refugiados que se le asignó a España (17.337), porque se trataba de “una cifra máxima”, que luego “se ha venido adaptando porque después se descubrió que no había tantas personas que pudieran ser reubicadas o reasentadas” con la condición de refugiado.

Según Zoido, España ofreció todas las plazas comprometidas para acoger a su cupo de refugiados, pero sólo recibió 1.980 porque, en teoría, la mayor parte “no respondía a los parámetros (de refugiado) de la UE”.

La Comisión Europea diferencia entre reubicación y asentamiento. El programa de reubicación está destinado a aquellos que ya están en suelo europeo, refugiados procedentes de Siria, Yemen, Eritrea y otras zonas en conflicto (sin contar Irak, Afganistán y Mali). El programa de asentamientos es el que los países europeos se comprometen a acoger a refugiados que se encuentran en terceros países (Turquía o Líbano), cuyos derechos básicos y seguridad están comprometidas.

Del cupo asignado a España (17.337 refugiados), la mayoría pertenecía al programa de reubicación, que es el que más se ha incumplido, según el Gobierno central, “por problemas burocráticos”. Las mismas trabas tenían, sin embargo, Francia y Alemania que asumieron un cupo mayor y en estos dos años han acogido a muchos más refugiados que España.

También lo hicieron naciones mucho menos potentes, como Portugal, Finlandia, Suecia y Holanda. Zoido ha ofrecido a la UE 1.500 plazas disponibles para reubicar a más refugiados, pero se queja de que “aún no nos han enviado los expedientes ni a las personas que tienen que venir”.

Aunque el plazo expirase el pasado 26 de septiembre, España ha trasladado a sus socios que mantiene su compromiso de seguir acogiendo a refugiados “con las cifra que anteriormente nos habíamos comprometido”, es decir, esas más de 17.000 personas. Pero el G6 ha sentado las bases para un cambio de política de acogimiento. “La UE va a cambiar el tipo de medidas que hay que tomar para dar a esto una solución con carácter general y que garantice una migración regular. Se debe tratar de forma unánime el derecho de asilo”, ha advertido Zoido.

Inmigración y terrorismo

La cumbre del G6 en Sevilla ha estado envuelta en controversia. La agenda se ha mantenido en secreto hasta que, en el último momento, se difundió que los ministros de Interior de los seis países más poblados de la UE iban a abordar un paquete de temas variopinto en el que se mezclan políticas de inmigración y medidas de lucha contra el yihadismo. La conjunción entre migración y terrorismo no le ha hecho gracia a las ONGs, algunas de las cuales se han manifestado a las puertas de Torre Sevilla, donde se celebraba la cumbre.

Se da por hecho que los acuerdos del G6 son extrapolables al conjunto de la UE. En materia de lucha contra el terrorismo, cada país miembro determinará las principales zonas de afluencia de sus principales ciudades, las más susceptibles de ser atacadas, para reforzar la seguridad ante eventuales ataques como los de Barcelona y Cambrils, en los que fueron asesinadas 16 personas el pasado agosto. Para ello, la UE destinará fondos específicos a cada país miembro.

El G6 también busca cómo adaptarse a las nuevas fórmulas de atentar de los islamistas. En ese sentido, se pretende vigilar y controlar la venta y distribución de sustancias que se pueden adquirir en una droguería, no son letales ni ilegales, pero combinadas sirven para hacer explosivos caseros como el TATP (que iba a usarse en el atentado de Las Ramblas).