BOGOTÁ.- Álvaro Uribe ha lanzado una campaña en Colombia para tratar de boicotear el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. El expresidente colombiano, junto a la fuerza que le apoya, el llamado Centro Democrático, ha iniciado una recogida de firmas, además de otros actos en el Parlamento, que puede tener consecuencias imprevisibles en un país aún en guerra interna.

La iniciativa pretende llamar a la "resistencia civil" para promover un "clamor ciudadano" para pedir la renuncia del presidente Juan Manuel Santos y rechazar las negociaciones que se han llevado a cabo entre delegados del Gobierno y las FARC y que deberían culminar en las próximas semanas con la firma de la paz. Desde el inicio de la conversaciones y los primeros acuerdos en la agenda de negociación de La Habana, donde participan incluso altos militares colombianos en activo, para poner fin a una guerra que dura ya más de medio siglo, Uribe ha denunciado que el Gobierno colombiano ha realizado concesiones a la insurgencia que supondrán en la práctica "entregar el país al castrochavismo".

Tras el acuerdo firmado para formar una jurisdicción especial de paz para juzgar los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, entre otros, y que condenaría a sus autores, tanto de la guerrilla como los culpables del otro lado en la sociedad civil, a penas reducidas si dicen la verdad y reparan a sus víctimas, Uribe ha denunciado que se trata de inaceptables acuerdos “de impunidad”. El expresidente cuenta con el apoyo de la extrema derecha y un sector del ejército que actúa solapadamente.

Como se ha recordado estos días, durante su mandato Uribe dejó libres con una “Ley de Justicia y Paz” a 32.000 paramilitares culpables confesos de innumerables masacres y de más de 40.000 homicidios. Sólo 22 fueron condenados a un máximo de ocho años y todos quedaron libres en 2015, muchos de ellos formando las nuevas “Bandas Criminales” que operan en todo el país. Sin embargo, el máximo argumento del uribismo es continuar la guerra, y una próxima firma de la paz le dejaría sin argumentos ante su respaldo social, fundamental entre grandes terratenientes y ganaderos que ven amenazados sus dominios con las leyes de "restitución de tierras" que impulsa el Gobierno de Santos.

El entorno del propio Uribe se encuentra cercado por la Justicia, con varios de sus ministros presos o huidos, así como personas de su máxima confianza, como dos jefes del DAS, el tenebroso servicio secreto que dependía directamente del presidente, presos por poner el organismo al servicio del narcotráfico y el paramilitarismo y por escuchas y seguimientos ilegales a jueces y periodistas.