En medio del debate sobre la impunidad de los crímenes del franquismo que ha levantado a parte de la sociedad española y que ha acabado con la suspensión del juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación, la cumbre UE-América Latina y Caribe, que se celebró ayer en Madrid, dio un paso en firme para acabar con ella. Los países participantes se han comprometido a 'combatir la impunidad', especialmente la de los delitos más graves del derecho internacional y, en concreto, los incluidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Así lo refleja el sexto punto de la declaración conjunta firmada por los países participantes para concluir el encuentro. En él se explica que 'se deberán adoptar medidas de ámbito nacional u otro ámbito adecuado e intensificar la cooperación internacional, a fin de que dichos delitos sean sometidos a la acción de la justicia'. También invita a los países que no son miembros del Tribunal Penal Internacional a que estudien la posibilidad de ratificar o de adherirse al Estatuto de Roma.

'Tienen derecho a rendirles recuerdo', dijo Zapatero sobre las víctimas

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, señaló ante los medios que 'los derechos humanos no son privativos de un país, son universales', y recordó que 'así lo entendió España cuando aceptó que el mismo juez juzgara a Pinochet y al represor Scilingo'. Se refería al juez Garzón que, según la presidenta, 'convirtió a este país en un faro en materia de derechos humanos' cuando juzgó al dictador chileno Augusto Pinochet y al represor argentino Adolfo Scilingo.

Durante la rueda de prensa que puso punto y final a la tercera jornada de cumbres de la UE con América Latina, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró algo sorprendido cuando le preguntaron si entre los 'delitos más graves del derecho internacional' figuran los crímenes del franquismo, pero explicó su posición: 'Fue un régimen oprobioso, autoritario, que quitó la vida a muchas personas y muchas ilusiones'. Zapatero recordó que 'hay un gran debate sobre la responsabilidad de lo que puede ser una justicia internacional'. En el caso concreto de España y las víctimas del franquismo, Zapatero señaló que 'es de justicia que aquellos que hayan tenido a sus familiares durante décadas sin saber dónde estaban tienen todo el derecho a rendirles recuerdo, a tener esa tranquilidad'.

PSOE y PP acordaron limitar en España la justicia universal

Una de las mayores reclamaciones de los familiares de las víctimas del franquismo, por la que salieron a la calle el pasado 24 de abril en varias ciudades de España y siguen luchando hoy, es la de poder dignificar a sus muertos, localizándolos y enterrándolos adecuadamente. Una batalla en la que encontraron un aliado de excepción en el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Se da la circunstancia de que en octubre de 2009 el Pleno del Congreso aprobó con el apoyo del PSOE y el PP una reforma legal en la que se limitaba la jurisdicción universal en la Audiencia Nacional, que en ese momento instruía 14 causas internacionales. A partir de entonces la investigación judicial se limita a los casos en que haya víctimas de nacionalidad española, se constate algún vínculo relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español.

Las muestras de apoyo al juez se han sucedido en estos días. Entre ellas, la de la presidenta argentina, Cristina Fernández, que se reunió el lunes con Garzón para reiterarle su amistad. Al finalizar la cumbre UE-América Latina y Caribe, la líder argentina reconoció que le tiene 'un gran aprecio personal, un gran respeto y admiración institucional'.

Todo fueron parabienes hacia el magistrado y Fernández insistió en la universalidad de los derechos humanos. Una interpretación muy en línea con el compromiso alcanzado por la UE y los países de América Latina y el Caribe'.