Los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado este viernes los criterios que guiarán al bloque durante los próximos años para decidir qué proyectos energéticos podrán recibir fondos comunitarios, aunque el pacto ha contado con el voto en contra de España por el hecho de que se seguirán financiando proyectos de gas hasta 2030, así como de Alemania, Austria y Luxemburgo.

La oposición de estos países no han evitado que la normativa saliera adelante, por lo que los Veintisiete están ya preparados para negociar con el Parlamento Europeo. "Pese a los votos en contra, queda adoptado", ha anunciado en al término de la reunión el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, país que ostenta la presidencia de turno de la UE, hasta julio, Joao Pedro Matos Fernandes.

Así, los Estados miembro han fijado sus líneas rojas para la negociación con la Eurocámara del reglamento sobre redes transeuropeas de energía (TEN-E, por sus siglas en inglés), que establece los criterios que se seguirán para invertir en infraestructuras energéticas transfronterizas.

La actualización busca adaptar la normativa a los nuevos objetivos climáticos de la UE para 2030 y 2050 y para ello renueva las categorías de infraestructuras que se podrán beneficiar de ayudas europeas, con un "nuevo foco" en redes eléctricas marinas, infraestructuras de hidrógeno o redes inteligentes, ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.

Finalmente, el acuerdo que ha salido adelante recoge la decisión de acabar con las subvenciones a proyectos de gas natural y el petróleo, pero lo hará de una forma "más gradual" con respecto a lo que había propuesto previamente la Comisión Europea.

"La propuesta que hizo la Comisión Europea era que los proyectos de petróleo y gas natural ya no podrán ser financiados con el reglamento TEN-E. Esta ambición se mantiene, pero su aplicación será más gradual", ha señalado en una rueda de prensa la comisaria de Energía, Kadri Simson.

Un periodo transitorio

En particular, los Veintisiete han acordado que durante un periodo transitorio que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2029 "podrán utilizarse infraestructura de gas existentes que hayan sido retroadaptadas para el transporte o almacenamiento de una mezcla predefinida de hidrógeno con gas natural o biometanol".

Este punto es precisamente el que ha propiciado el voto en contra de la delegación española, que acudía a la reunión de Luxemburgo precisamente con el propósito de evitar que la normativa abriese la puerta a seguir financiando infraestructuras relacionadas con combustibles fósiles.

A su llegada al encuentro, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha enfatizado que para la delegación española era "importante" que el reglamento tuviera "coherencia" y no sirviera para "financiar estructuras asociadas para combustibles fósiles".

Por su parte, el ministro luxemburgués de Energía, Claude Turmes, ha explicado tras el acuerdo que "todavía existen muchas dudas sobre las redes inteligentes de mezcla de gas" y eso ha provocado que su país, España, Alemania y Austria se opusieran. "Contamos con que el Parlamento (Europeo) mejore el texto", ha señalado.