A pesar de los avances entre los equipos negociadores de la Eurocámara y el Consejo para alcanzar un acuerdo sobre cómo vincular el Estado de derecho al acceso de los fondos de la UE, todavía no hay fumata blanca. Algo que preocupa en Bruselas, ya que de su aprobación depende la luz verde al presupuesto europeo, así como el desbloqueo del fondo anticrisis para inyectar adrenalina a las economías afectadas por la pandemia del coronavirus.

Condicionar los valores en los que se cimienta la UE al acceso a estos fondos fue uno de los puntos que dilató la Cumbre Europea de julio hasta en cinco días. A pesar de que Bruselas evita entrar en política interna de los Estados miembros y echa balones fuera siempre que puede, el Ejecutivo comunitario y la Eurocámara consideran que hay que dar un paso al frente, no solo por la deriva autoritaria de algunos países como Polonia y Hungría, sino para proteger a los europeos y europeas de todo el bloque de futuras acciones.

La eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop defiende con uñas y dientes la importancia de esta condicionalidad. Insiste en que no podemos perder por el camino las conquistas que teníamos interiorizadas y, además, añade que el derecho internacional recoge el principio de no regresividad. "No se trata solo de comer o respirar, sino que una buena vida tiene mucho de poder pensar y hablar libremente", ha explicado.

El eurodiputado popular Petri Sarvamaa, miembro del equipo negociador, insiste en que "ahora tenemos un doble rasero: solicitamos a los países que acceden a los fondos que cumplan los principios básicos de la UE, pero nos quedamos de brazos cruzados cuando un Estado miembro los ignora". "La UE no es un cajero automático y el dinero no puede fluir sin más", ha comentado.

El eurodiputado ecologista Daniel Freund, también miembro del equipo negociador, ha defendido que "no podemos permitir que los fondos de la UE acaben en los bolsillos de oligarcas corruptos o se abuse de estas partidas para iniciativas antidemocráticas". "Es por eso que necesitamos una fuerte condicionalidad del estado de derecho", ha concluido.

Freund reconoce estar preocupado por los acontecimientos en Polonia y Hungría, pero reconoce que "el Estado de derecho europeo está en crisis". "Necesitamos un mecanismo de imperio de la ley con urgencia para enviar una señal clara a todos los Estados miembros", ha matizado.

Por su parte, Rodríguez Palop lamenta que los mecanismos actuales son "herramientas disuasorias, pero poco utilizadas, que a los Estados miembros les da miedo aplicar por la estigmatización de su aprobación y que cuenta con unos procedimientos de infracción muy lentos".

Además, advierte sobre el efecto pinza entre "los autoritarios (Hungría y Polonia) y los austeritarios (los mal llamados frugales)". La representante de Podemos teme que Polonia pueda utilizar la negociación sobre la condicionalidad del Estado de derecho a los fondos para chantajear de alguna forma con el Pacto Verde. La Unión Europea necesita contar con Varsovia en el proyecto de descarbonización del continente para alcanzar el objetivo comunitario. Pero, ¿a qué precio?

¿A qué nos referimos cuando hablamos de Estado de derecho? ¿Qué significa aplicar el artículo 7 de los Tratados de la UE? ¿Qué procedimiento sigue Bruselas para controlar que los Estados miembros cumplan con unas normas? ¿Qué ocurre con Polonia y Hungría?

¿Qué es el Estado de derecho?

Según la RAE, "régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder". Y, además de ser un principio de las sociedades democráticas, es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, según el artículo 2 del Tratado de la UE.

¿Qué recoge este apartado de la legislación comunitaria?

Según establece el artículo 2 del Tratado de la UE hay una serie de valores innegociables por parte de los países que forman parte del club comunitario. Estos son la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respecto a la dignidad y los derechos humanos. En el caso de que uno de estos principios esté en peligro en uno de los Estados miembros se puede aplicar el artículo 7 del tratado.

¿En qué consiste el famoso artículo 7 del Tratado de la UE?

Es un procedimiento de control para garantizar el cumplimiento de los valores en los que se apoyan los pilares del proyecto europeo y cuenta con dos mecanismos. En primer lugar están las medidas preventivas, que se inicia ante un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro y el segundo tiene un carácter sancionador, cuando se produce una violación seria y persistente de uno de los valores.

¿Cuál es el proceso de aplicación?

Una vez que arranca el proceso, la propuesta debe de contar con el visto bueno de la mayoría absoluta del Parlamento Europeo y, además, dos tercios de los eurodiputados y eurodiputadas deben de haber participado en la votación. Una vez que la Eurocámara haya dado luz verde, en el caso de las medidas preventivas es el Consejo el que toma la decisión por mayoría de 4/5 de sus miembros, mientras que en caso del mecanismo sancionador, el Estado miembro afectado puede enviar observaciones antes de que se adopte una decisión en el Consejo por unanimidad. Por razones obvias, en ninguno de los casos vota el país que está siendo analizado.

¿Hay prevista alguna herramienta más contundente?

Sí, en el caso de necesidad, hay una segunda herramienta sancionadora. El Consejo puede suspender ciertos derechos de manera temporal, como vetar su derecho a voto en un Consejo Europeo. Esta decisión tan importante requiere del sí del 72% de los socios y que a su vez representen, como mínimo, al 65% de la población.

Países con el artículo 7 activado: Polonia y Hungría.

La primera aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE fue para Polonia, ante la preocupación de la Comisión Europea sobre la separación de poderes, la independencia del poder judicial y los derechos fundamentales del país en 2017.
Desde hace años Bruselas mantiene un pulso con el Gobierno polaco del PIS (y muy cercanos a Vox) por su reforma judicial, y ejerce una denuncia constante por socavar los derechos de las mujeres y las minorías. Un ninguneo que ha llevado a Varsovia a tener zonas libres del colectivo LGTBI, duramente criticado desde las instituciones europeas. Así, como si de un nuevo tomo de Margaret Atwood se tratara, desde el jueves pasado Polonia cuenta con una ley que prohíbe los abortos por anomalía fetal, lo que ha llevado a miles de mujeres a manifestarse en todo el país.

En el caso húngaro fue la Eurocámara la que planteó en 2018 dudas sobre el funcionamiento de las instituciones del país. Entre las grandes preocupaciones del Parlamento Europeo están la independencia judicial, la libertad de expresión, el control de la corrupción y los derechos de las minorías, así como la situación de migrantes y refugiados.

Este caso recibió el 69% del apoyo de la Eurocámara, con 448 votos a favor y 197 en contra. La eurodiputada Judith Sargentini fue la encargada de elaborar el informe sobre Hungría movida, entre otras cosas, por "la manipulación del poder judicial, que reemplaza a una serie de jueces por otros más vehementes con el gobierno". Además del criterio poco transparente para elegir a los miembros del poder judicial, también hay dudas sobre corrupción de los oligarcas próximos al Gobierno de Orban y la libertad de prensa.

Viktor Orban: la piedra en el zapato del PPE

Tras la votación para expedientar a Hungría, la eurodiputada ecologista dio las gracias al líder popular, el eurodiputado Manfred Weber, por haber votado a favor de la aplicación del artículo. Sin embargo, en la misma rueda de prensa afeó a los populares haber evitado que una delegación de la Eurocámara se desplazara sobre el terreno para analizar la situación del país.

Fidesz, el partido de Viktor Orban, es una piedra en el zapato para el Partido Popular Europeo (PPE). Fue suspendido hace un año por sus continuados desafíos al Estado de derecho, pero pese a quedar privado del derecho de voto y apartado de los congresos internos, sigue siendo miembro del grupo popular. El eurodiputado Petri Sarvamaa reconoce que "la decisión de excluir al partido de Orban está encima de la mesa, pero la pandemia ha impedido su adopción".

Orban no es una figura querida en su familia política, aunque cuenta con el silencio cómplice de algunas delegaciones. Trece partidos de su formación hicieron pública la petición de expulsión de Fidesz, tras la decisión del primer ministro húngaro de prolongar el estado de alarma sine die y despojar a la Cámara de competencias para controlar su aplicación. Dentro de los críticos con Hungría no estaban ni el PP español, los populares alemanes o los populistas italianos.

Sorprende que los populares españoles, que hoy han anunciado que llevarán a Bruselas al Gobierno de Sánchez por el estado de alarma que ha aprobado el Congreso, tenga una vara de medir tan permisiva con el Gobierno de Orban, al que repudia la práctica mayoría del PPE.

"Varios líderes del PPE han dejado claro que si alguien no cree en nuestros valores e ideas para el futuro de Europa, ya no debería pertenecer a esta familia", ha añadido Sarvamaa, para concluir que está seguro "de que respaldarán estas palabras cuando llegue la votación sobre el futuro de Fidesz en el PPE".

Entonces, ¿cómo negocian el Parlamento y el Consejo esta condicionalidad?

La mayor parte de la legislación europea se adopta mediante el procedimiento legislativo ordinario, en el que participan en pie de igualdad el Parlamento Europeo y el Consejo. Para ello se trabaja a través de reuniones tripartitas, conocidas como trilogos, donde la Comisión Europea actúa de mediadora para facilitar un acuerdo entre colegisladores.

Estas negociaciones políticas se hacen con el objetivo de alcanzar un compromiso, pero el resultado de las mismas carece de validez a largo plazo. Esto significa que son acuerdos provisionales, que deben de ser aprobados a continuación en cada una de las instituciones.

¿En qué punto nos encontramos ahora?

Esta semana han fracasado las negociaciones a tres bandas y probablemente se convoque un nuevo trilogo para la semana que viene. En el caso de alcanzar un compromiso, la Eurocámara deberá de aprobarlo formalmente y el Consejo necesitará una mayoría cualificada para dar luz verde también.

En el Parlamento Europeo primero se votará en el comité de control parlamentario y a continuación en el pleno. Por lo que respecta al Consejo, deberá de aprobarse en la próxima reunión de los jefes de Estado y de Gobierno.

A pesar de las esperanzas en alcanzar un acuerdo lo antes posible, el eurodiputado ecologista lo deja claro: "Sólo diremos que sí a un mecanismo útil, que podamos utilizar". Desde el Parlamento Europeo no están dispuestos a ceder al chantaje de Varsovia y Budapest, que buscan reducir a la mínima expresión esta condicionalidad. Y lo hacen convencidos, después de obtener el respaldo del 77% de las personas que participaron en una encuesta interna. Un estudio en el que entrevistaron a 24.812 ciudadanos en los 27 Estados miembros y donde el 72% de los húngaros encuestados, por ejemplo, estaba a favor de esta condicionalidad. De apoyar que se defiendan los valores europeos para no caer en regímenes totalitarios que puedan poner en peligro los pequeños y grandes avances conseguidos a lo largo del último siglo.