La ley de Hungría que prohíbe hablar de la homosexualidad en colegios y medios ha sometido a una presión extraordinaria a Viktor Orbán en Bruselas, donde diecisiete socios comunitarios le han recibido con una crítica por escrito y Países Bajos le ha enseñado la puerta de salida de la Unión Europea (UE).

"Para mí, Hungría ya no tiene cabida en la UE", dijo el primer ministro neerlandés al llegar este jueves a la cumbre europea donde la controvertida ley húngara se convirtió en el gran tema de una cita programada para tratar sobre covid, migración y política exterior.

También fue muy explícito el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, quien es abiertamente homosexual y advirtió ante los medios de comunicación de que "ser gay no es una elección, pero ser intolerante sí lo es".  "Si de verdad piensa que por ver una película o por hablar en una clase sobre orientación sexual te haces gay, realmente no ha entendido nada", dijo Bettel.

Poco antes, se había difundido una carta -promovida por España y Luxemburgo- en la que diecisiete Estados miembros trasladan a las instituciones comunitarias su voluntad de "seguir luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGTBI y reafirmando la defensa de sus derechos fundamentales".

"Somos sociedades diversas y tolerantes", dice el texto que también apoyaron -y tuitearon simultáneamente- los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Alemania, Italia, Finlandia, Estonia, Chipre, Grecia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Letonia, Malta, Dinamarca y Suecia, y al que a última hora se sumó Austria.

Con todo eso, y algún distintivo arcoíris, se encontró al llegar a Bruselas el ultranacionaislta Viktor Orbán, el jefe de Gobierno de Hungría, un país de 9,7 millones de habitantes que ya fue protagonista de otra cumbre cuando a finales del pasado año bloqueó, junto con Polonia, el presupuesto de la UE por vincular parte de los fondos al respeto a los principios Estado de derecho.

"No se trata de la homosexualidad. Se trata de los niños y los padres. Eso es todo", declaró Orbán antes de sentarse con sus socios. Una vez dentro, despachados los puntos sobre covid y migración y antes de servir lubina al pil pil para cenar, se habló de Hungría. Fuentes europeas lo describieron como "un debate emocional", "en profundidad" y "franco".

"Largo y apasionado", señalaron otras fuentes diplomáticas, que aseguraron que los líderes europeos hablaron "con el corazón" y que los diecisiete fueron "muy duros" con el jefe del gobierno magiar.

Algunos de los países que no firmaron la carta salieron en su ayuda, como su tradicional aliada Polonia, que señaló que hay que "proteger a los menores", o Eslovenia, cuyo primer ministro tiene afinidad con Budapest pero que hizo una defensa "más suave" porque la semana que viene hereda de Portugal la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, comentaron fuentes diplomáticas.

Orbán, que gobierna con mayoría absoluta desde 2010, sabía con lo que se encontraría, porque no es la primera ley que aprueba y que se critica por homófoba y porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había declarado la víspera que la nueva normativa es una "vergüenza".

Ante sus homólogos reiteró "que él no está contra la homosexualidad y que se trata de que los padres puedan controlar la educación de sus hijos", resumieron fuentes europeas.

El primer ministro húngaro, que mantiene desde hace años una tensa relación con Bruselas, se fue con un rapapolvos mayúsculo del Consejo Europeo. Y sabe que la Comisión le está buscando las vueltas a su ley, pues ha dirigido una carta a las autoridades húngaras enumerando en qué puntos viola esa ley nacional la normativa europea audiovisual.

"Europa no es sólo una máquina de hacer dinero", decían fuentes de una delegación centroeuropea al terminar la jornada.

Pero la amenaza más dura, la del primer ministro de Países Bajos que dijo que Hungría "debe derogar" su controvertida ley y respetar los derechos humanos fundamentales consagrados "o debe irse" de la UE, no tiene a priori recorrido jurídico.

Los tratados de la UE no prevén expulsar a un país miembro 

Mientras que existen normas técnicas y políticas para solicitar el ingreso en la UE y un arsenal de sanciones económicas y políticas por violar las reglas comunitarias una vez dentro, los tratados no contemplan ningún procedimiento de expulsión de un socio.

En principio, un Estado abandona la UE sólo si quiere, como fue el caso del Reino Unido con el Brexit. Pero nadie puede echarle. El máximo castigo político es retirar a un país el voto en el Consejo Europeo, pero requiere la unanimidad de los otros 26 socios y Polonia y Hungría se protegen, respectivamente.

La ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, ha advertido este mismo jueves de que las palabras de Rutte, primer ministro holandés, "no son más que otro episodio de la serie de chantaje político" y ha afirmado que Hungría "no quiere salir de la Unión Europea" sino "salvarla de los hipócritas".

Por tanto, la única opción del bloque comunitario para tratar de reconducir su comportamiento es la activación del artículo 7 de los tratados, un mecanismo de protección de los valores fundamentales de la UE que prevé en última instancia la retirada del derecho a voto del país infractor en el Consejo.

Tanto Hungría como Polonia tienen expedientes abiertos con Bruselas bajo este artículo desde hace varios años y están en diálogos con el Consejo y la Comisión para intentar solventar las preocupaciones comunitarias sobre sus derivas autoritarias y problemas con la independencia judicial.

Sin embargo, es muy improbable que el proceso acabe con la retirada a voto en el Consejo de Budapest o Varsovia, ya que este paso -el último en el mecanismo- requiere la unanimidad de todos los Estados miembros y tanto Hungría como Polonia siempre van a protegerse entre sí y vetar que el otro sea sancionado.

En 2020 se incluyó también en la normativa del presupuesto europeo una nueva condicionalidad que vincula la entrega de fondos con el cumplimiento de los valores europeos cuando los intereses financieros del bloque comunitario estén en peligro, pero Hungría y Polonia recurrieron el mecanismo ante la justicia europea y éste aún no ha comenzado a aplicarse.