La UE se blinda al 'estilo Trump': crecen los muros mientras se reduce la llegada de refugiados

Muro: elemento destinado a soportar cargas o cerrar y dividir espacios. Algunos tan emblemáticos como el de Berlín cayeron hace poco más de 30 años simbolizando el fin de una de las épocas más oscuras de Europa. Pero tres décadas después, la UE cuenta con alambradas y paredes de hormigón que multiplican por seis la longitud del muro de Berlín.

A día de hoy, diez Estados miembros (España, Grecia, Hungría, Bulgaria, Austria, Eslovenia, Polonia, Letonia, Estonia y Lituania) cuentan con algún tipo de fortificación para frenar el paso de personas migrantes. Las alambradas se han multiplicado en las últimas décadas pasando de dos en la década de los 90 a 15 en 2017. La mayoría de ellos brotaron tras la crisis migratoria de 2015, cuando más de un millón de personas –procedentes en su mayoría de Siria- alcanzaron las costas del Viejo Continente. Los muros pasaron ese año de cinco a 12, según el informe Políticas del miedo y securitización en la Unión Europea, elaborado por el Transnational Institute (TNI). Incluso Eslovaquia cuenta con un muro de separación interno para separar a la comunidad gitana.

A los más de 1.000 kilómetros de muros que el espacio Schengen albergaba en 2018 se le unen otros cientos levantados este 2021 como escudo ante las potenciales crisis migratorias de Afganistán y de Bielorrusia. Grecia inició tras la toma talibán una construcción de 40 kilómetros para contener a los refugiados afganos que podrían llegar a través de Turquía. Y durante los últimos días, Polonia ha iniciado el levantamiento de un muro de 130 kilómetros en su frontera con Bielorrusia y Lituania espera culminar el suyo de 500 kilómetros dentro de un año.

Los tres países han blindado estas fronteras externas de la UE con hormigón y alambrado

Alexander Lukahsenko, conocido como último dictador de Europa, ha amenazado con "inundar la UE con migrantes, drogas y narcóticos". Durante los últimos meses ha empujado a unas 6.000 personas procedentes de Irak, Afganistán, Irán o Siria a sus fronteras con Lituania, Letonia o Polonia, desatando en lo que en Bruselas llaman una "guerra híbrida". Los tres países han blindado estas fronteras externas de la UE con hormigón y alambrado, declarado el estado de emergencia y endurecido los procedimientos para pedir asilo. También han pedido a sus socios comunitarios financiar los nuevos muros con dinero europeo.

De momento, esta no es una opción. Sería para la Comisión Europea asumir un precio muy alto en términos de principios e imagen. Además, tampoco hay mayoría en el Consejo Europeo para ello. Solo doce Estados miembros (Austria, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia) lo aprueban y piden que sea incluido en los fondos europeos "como asunto prioritario". Pero la propia Ursula von der Leyen, líder del Ejecutivo comunitario, atajó esta petición en la última cumbre europea: "La UE no financiará alambradas o muros en sus fronteras".

No financiarán muros, pero tampoco se oponen a que los Estados miembros los edifiquen

Sin embargo, los europeos sí han virado durante el último lustro a una posición más severa con el drama migratorio. No financiarán muros, pero tampoco se oponen a que los Estados miembros los edifiquen. Una posición que contrasta con las críticas a Donald Trump, ex presidente estadounidense, y su apuesta por sellar la frontera con México con un muro "artístico", "bonito" y "pagado por los mexicanos". "Nosotros no construimos muros, nosotros queremos construir puentes. Europa tiene que estar preparada para forjar alianzas fuertes con México", señaló Manfred Weber, actual líder del Partido Popular Europeo en enero de 2017. "No entendemos por qué la UE no puede financiar una valla en la frontera con Bielorrusia. Hay una guerra híbrida en marcha. No podemos ser naïve. Lituania, Letonia y otros países se merecen nuestro apoyo total, incluyendo fondos para construir barreras físicas si son necesarias", afirmó hace unos días.

Sin visos de una política migratoria

Crear una política de asilo común es la eterna asignatura pendiente del bloque comunitario. La UE lleva años intentando poner una solución a la malherida reforma de Dublín (que establece que el primer país al que llega un refugiado es el que debe gestionar su procedimiento de asilo). Esta legislación saltó por los aires en 2015, cuando países mediterráneos como Grecia, Italia o Malta quedaron desbordados ante la llegada sin precedentes de refugiados a las costas europeas.

El objetivo es encontrar el balance entre solidaridad y responsabilidad. Dos virtudes poco atractivas para países anti-inmigración como Chequia, Polonia o Hungría. El fracaso para consensuar una política de migración europea sostenible, justa y que respete el Derecho Internacional fue una de las sombras del legado de la anterior Comisión liderada por Jean-Claude Juncker. La actual, encabezada por Von der Leyen, cruza el ecuador de su mandato sin visos de reconciliar las insalvables diferencias entre los Veintisiete. El precio a pagar son parches en el Mediterráneo, que dejan cada año a miles de migrantes a la deriva a esperas de un puerto y un destino seguro. En lo que va 2021, al menos 1.163 personas han desaparecido en el Mediterráneo Central, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los muros 'invisibles'

Los muros físicos están acompañados de separaciones imaginarias. El discurso europeo es ya el de disuadir. El mensaje es que los migrantes no son bienvenidos en una Europa con un enfoque de refugiados cada vez más frontal. Y la política que impera es la de establecer alianzas con países terceros para externalizar la migración y mantener a los migrantes alejados de suelo comunitario, como demuestra el pacto con Turquía o con los guardacostas libios.

Hay que remontarse al 11-Septiembre para entender esta postura europea. Los atentados en el corazón del gigante norteamericano dejaron una lección en Bruselas: la seguridad fronteriza es una cuestión común y de máxima prioridad. Tres años después del ataque que marcó el inicio de una nueva era, nació la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Con el paso del tiempo se ha convertido en la agencia más dotada de la UE tanto a nivel logístico como presupuestario en medio de polémicas y acusaciones de vulneración de derechos humanos . "Las fronteras comienzan a ser vistas como zonas de guerra, incluso cuando no hay amenaza de pérdida territorial. Hay un gran despliegue militar", señala el informe de TNI.

Todo ello coincide con un texto global marcado por la movilidad de las personas. Nunca antes ha sido tan fácil. Pero ello contrasta con las restricciones a aquellos que huyen de la guerra, la hambruna, la sequía o el conflicto, que cada vez afrontan travesías más peligrosas, siendo el Mediterráneo Central la ruta migratoria más mortífera del mundo durante estos años.

Qué dicen los números

En los pasillos de Bruselas hay cierta tranquilidad sobre la situación migratoria en las fronteras externas. Las cifras de llegadas a través de las vías irregulares nada tienen que ver con las alcanzadas en 2015. En lo que va de año han llegado a la UE unas 120.000 personas, algo superior a las 77.000 del mismo periodo de 2020 y de las 91.000 en 2019. Sin embargo, muy por detrás del más de un millón registradas hace un siglo.

El negocio de los muros y de la seguridad es además muy lucrativo. Un informe elaborado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Transnational Institute (TNI) y Stop Wapenhandel revela que en 2018 el mercado mundial de seguridad de fronteras movió unos 17.500 millones de euros y las perspectivas para los próximos años eran muy superiores.

Los muros son la herramienta más visible, pero detrás del control en las fronteras externas existe un jugoso arsenal de tecnología puntera como drones o sistemas biométricos de huellas dactilares. "Los barcos, aviones y drones utilizados para patrullar el Mediterráneo han creado una muralla marítima y un cementerio para miles de personas migrantes y refugiadas que carecen de acceso legal a la seguridad o a ejercer su derecho a solicitar asilo", reza la investigación, que cuantifica en 900 los millones en euros invertidos en la UE en muros y vallas desde la Guerra Fría.