Las protestas en Turquía, aunque con mucha menos intensidad, siguen suponiendo un mal trago para el Gobierno, que varios meses después aún no ha conseguido extinguirlas y sigue adelante con sus planes para construir viviendas y un centro comercial en el parque Gezi, epicentro de la revuelta. 

Más allá de la represión policial, el nuevo método aplicado por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan va encaminado a recortar el derecho a la Educación de quienes protesten contra el Ejecutivo.

Las autoridades turcas han decidido negar el derecho a préstamos de estudio a aquellos universitarios que participen en actividades de resistencia política, canten eslóganes o se impliquen en actividades similares, según publican este miércoles los medios locales.

Esta nueva norma, aplicable desde 2014, ha sido aprobada por la Institución de Préstamos para la Educación Superior y Residencias Universitarias, al considerar que participar en ese tipo de actividades supone una "violación del derecho a la Educación", según el diario Hürriyet Daily News.

El veto a la solicitud de préstamos se aplicará a quienes hayan realizado pintadas, coreado eslóganes, ocupado edificios o participado en boicot, ya sea de forma individual o colectiva, dentro o fuera del recinto estudiantil o de la residencia universitaria donde esté inscrito el estudiante.

La regulación se refiere a estas actividades como actos de anarquismo y terrorismo.

La emisora CNNTürk ha recordado que este nuevo reglamento ha sido aprobado cuando continúan las protestas antigubernamentales, aunque con menos intensidad, que comenzaron a finales de mayo y en la que los estudiantes y universitarios han participado muy activamente.

El principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, ha planteado en el Parlamento una pregunta al Ministerio de Educación y Deportes sobre la posible vulneración de los derechos constitucionales de reunión y manifestación que implica esta norma.