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Trump se convierte en el primer presidente de EEUU condenado en un juicio penal

Ha sido declarado culpable de 34 delitos graves por falsificación de documentos, en un intento por silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

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Donald Trump habla durante un mitin, a 23 de octubre de 2024. — Jen Golbeck / SOPA Images via ZUMA / DPA / Europa press

madrid, Actualizado:

Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. El candidato republicano se ha proclamado ganador de las elecciones de Estados Unidos: "Una victoria política que no se había visto antes". Y tiene razón, se trata de una elección histórica, ya que es la primera vez en EEUU que un presidente es electo siendo oficialmente declarado delincuente.

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En mayo de este año, fue declarado culpable de 34 delitos graves por falsificación de documentos, en un intento por silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. El magnate buscaba evitar que Daniels revelara su versión de los hechos, relacionados con un encuentro sexual ocurrido en un hotel del Lago Tahoe (California) durante un torneo de golf en 2006.

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Antes de las elecciones de 2016, Trump reembolsó aproximadamente 420.000 dólares (unos 387.780 euros) a su entonces asesor legal, Michael Cohen, por su participación en el plan para silenciar a la actriz. Para ello, falsificó documentos, que incluían 11 cheques, 11 facturas y 12 comprobantes de pago destino.

De la cantidad total, 130.000 dólares (alrededor de 120.000 euros) correspondían al pago a Daniels, 180.000 dólares se destinaron a cubrir posibles consecuencias fiscales, y 50.000 dólares fueron para gastos adicionales de proveedores. Los 60.000 dólares restantes fueron un bono para Cohen. Trump ocultó los 130.000 dólares destinados a Daniels mediante 12 reembolsos de 35.000 dólares (unos 32.300 euros), con el concepto "gastos legales".

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Abuso sexual a la escritora E. Jean Carroll

En mayo del año pasado, el republicano también fue declarado culpable de "abuso sexual" y difamación, aunque no de violación, en el caso contra la escritora E. Jean Carroll. Esta sentencia marcó la primera condena contra Trump tras dejar la Casa Blanca. Además, en enero de ese mismo año, su compañía fue condenada a pagar 1,61 millones de dólares por un esquema de evasión fiscal. 

Carroll acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de los noventa. Además, lo responsabilizaba de difamarla cuando ella decidió hacer pública su denuncia en un libro publicado en 2019. 

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Además, el magnate fue condenado a indemnizar a Carroll con cinco millones de dólares, de los cuales dos millones correspondieron a los "daños" causados, mientras que 2,7 millones fueron por los perjuicios a su reputación.

Asalto al Capitolio

Otra causa, de carácter federal, también investiga los intentos de Trump por revertir su derrota electoral, en relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando el Congreso debía ratificar los resultados de las elecciones presidenciales.

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El magnate enfrenta cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento oficial, la certificación de la victoria de Joe Biden; obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial; y conspiración contra los derechos civiles, por privar a los ciudadanos de su derecho al voto y a que su voto sea contado. Finalmente, Trump se ha declarado no culpable y todavía no hay fecha prevista para el juicio

Por ahora, los abogados de Trump están intentando retrasar el proceso, apelando a todas las instancias judiciales con el argumento de que, como presidente en ejercicio al momento de los presuntos delitos, goza de inmunidad frente a cualquier enjuiciamiento criminal. Dos tribunales ya han desestimado esta justificación, y el caso ha llegado al Tribunal Supremo, donde la mayoría de los jueces son conservadores, tres de los cuales fueron nominados por el propio Trump. El 25 de abril, el máximo tribunal escuchará los argumentos de ambas partes.

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La injerencia electoral en Georgia

El año pasado, un jurado en Atlanta, Georgia, acusó a Trump de asociación ilícita y otros 12 delitos graves, en relación con sus supuestos intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado.

El documento de imputación divulgado por el estado contiene un total de 41 cargos criminales, de los cuales 13 son específicamente dirigidos a Trump. Estos cargos explican cómo el expresidente y sus colaboradores engañaron al público mediante falsedades con el fin de perpetuarse en el poder.

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Cuatro de los acusados ya se han declarado culpables de conspirar para revertir ilegalmente la derrota del Partido Republicano

Asimismo, se acusa a sus abogados y a su entorno cercano de haber coordinado un plan para fabricar electores fraudulentos y obstaculizar el conteo de votos en el Congreso. Cuatro de los acusados ya se han declarado culpables de conspirar para revertir ilegalmente la derrota del Partido Republicano.

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Los documentos clasificados de Mar-a-Lago

La última causa contra Trump, aunque ya archivada, está vinculada a Mar-a-Lago, el club de golf que posee en Florida. El 8 de agosto de 2022, agentes del FBI allanaron el lugar para recuperar cientos de documentos clasificados que Trump había retenido al dejar la Casa Blanca.

Los documentos en cuestión abordan temas como armas nucleares, planes del Pentágono, comunicaciones con líderes extranjeros y detalles sobre las debilidades y fortalezas de países rivales y aliados. Cuando las autoridades solicitaron su devolución, Trump no solo se negó a entregarlos, sino que además obstruyó la investigación, ordenando a dos de sus empleados −quienes también fueron imputados− trasladar las cajas y borrar las grabaciones del sistema de seguridad de Mar-a-Lago.

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Por este motivo, se le imputaron 40 cargos federales, principalmente por violar la Ley de Espionaje. Además, se le acusó de obstruir la justicia y de ofrecer falsos testimonios. Finalmente, la jueza ha decidido anular el proceso tras acoger la solicitud de los abogados de Trump, al dictaminar que el nombramiento y la financiación de un fiscal especial deben ser responsabilidad del Senado, y no del fiscal general, Merrick Garland.

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