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La trama del narco Marset golpea al gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou

El hombre al que Uruguay le otorgó un pasaporte exprés, que escapó de la DEA e Interpol, se movía como futbolista profesional con identidades falsas. Una trama que incluye mafias transnacionales, drogas y políticos.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en Brasilia, a 30 de mayo de 2023.— REUTERS/Ueslei Marcelino

Gustavo Veiga,Página 12

En Uruguay parece que ahora ningún funcionario del gobierno conocía al narco Sebastián MarsetSu caso y las derivaciones cinematográficas que tuvo, dejaron en situación muy incómoda a su presidente Luis Lacalle Pou. La historia de uno de los prófugos más buscados en América del Sur reúne los ingredientes de una película de Scorsese: mafias transnacionales, drogas, políticos permeados por bandas criminales, una fuga increíble y el fútbol como escenario de fondo. 

¿Por qué el hombre que se escapó de la DEA, Interpol y un par de estados del continente logró transformarse en una sombra para sus perseguidores? ¿Por qué se volvió indetectable pese a exponerse jugando en dos clubes: primero, en Capiatá de Paraguay; y después, en Los Leones El Torno de Bolivia?

El prófugo habría pagado para que lo tuvieran en cuenta hasta que se descubrió que era un futbolista profesional con identidad falsa. Marset, Luis Amorim o Gabriel De Souza Beumer, depende de dónde estuviera, son los nombres con los que se movía.

En el espejo de Escobar

El narco tiene algunas semejanzas con el capo del cártel de Medellín Pablo Escobar. Su mirada utilitaria del fútbol, la capacidad de entender que es una pantalla para cometer ilícitos e incluso un pasatiempo para captar voluntades dispersas. Pero al uruguayo lo perdió su exhibicionismo.

Radicado en Asunción, había fichado para Capiatá, un equipo que disputaba el torneo de Segunda División en 2020. Un año después sería declarado prófugo y en los registros de Interpol junto a su pareja, la también uruguaya, Gianina García, madre de sus tres hijos.

Al narco de 32 años poco le importó exponerse. El jefe del denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU) ya llevaba una larga trayectoria en el mercado de estupefacientes. Un día, sin previo aviso, abandonó las filas de Capiatá.

A ese club acudía a entrenar a bordo de una camioneta blindada Toyota Land Cruiser. El vehículo estaba a nombre de la empresa Tapyracuái, propiedad del clan Insfrán, quienes fueron sometidos a juicio en Paraguay por el caso A Ultranza Py, la mayor operación contra el narcotráfico y lavado de activos de la historia en ese país.

Es la misma organización criminal denunciada en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido en Cartagena, Colombia, en mayo del 2022. La misma en la que un testigo clave en ese caso, Francisco Luis Correa Galeano, terminó involucrando al expresidente Horacio Cartes. Los acusó de ser los autores intelectuales del crimen, algo que el dirigente del Partido Colorado desmintió en sus redes sociales.

El gobierno de Bolivia, incapaz de detenerlo

Marset huyó del Paraguay y su destino siguiente fue Bolivia. Vivía en una casa de dos plantas con piscina en Santa Cruz de la Sierra, rodeado de lujo y autos de alta gama. Su fuga el pasado julio, cuando estaba sobre él la Policía, hizo evidente su poder de penetración y contactos entre las fuerzas de seguridad.

El escape del narco dejó en ridículo al ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo. Este funcionario había asegurado: “Estamos seguros. En las próximas horas lograremos la detención de Sebastián Marset Cabrera”. Sin embargo esto no fue así y el uruguayo continúa en libertad hasta hoy.

Lo que sí logró el gobierno de Luis Arce fue incautar 17 fusiles, una pistola, 1.915 municiones, 28 cargadores de distintas armas, cuatro chalecos antibalas y un parque automotor compuesto por 31 vehículos: una motocicleta, cuatro cuatriciclos y un vehículo deportivo Terix; además de marihuana y documentación valiosa sobre Marset. Se dijo entonces que había huido en dirección a Cochabamba, pero le perdieron el rastro.

En su vivienda también se encontraron animales exóticos. Un pequeño zoológico que a escala menor remite a la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar, transformada más tarde en un Parque temático.

En un intento por detenerlo, las autoridades bolivianas dispusieron, sin éxito, un operativo de casi 3.000 efectivos policiales

Sin éxito, las autoridades bolivianas dispusieron un operativo donde involucraron a casi 3.000 efectivos policiales. Pero el narco se les escurrió. Habían tenido tiempo de detectarlo porque dejaba múltiples señales de su paso por el oriente boliviano.

Nueva identidad como futbolista brasileño

Las más evidentes fueron los videos de sus partidos en la Liga Santacruceña de Fútbol. Había sido inscrito en el club Los Leones El Torno con documento brasileño a nombre de Luis Amorim. Así lo mencionaban los relatores de los partidos que jugó hasta que se supo quién era en verdad.

Cuando Marset huyó, dejó atrás numerosos detenidos. Entre ellos había futbolistas como él. Dos son de nacionalidad uruguaya: el mediocentro Christian Marcelo Latorre Long, que pasó por Blooming, en la primera división del fútbol boliviano; y Lucas Casavieja Grande, que jugaba con el narco en Los Leones El Torno.

En agosto, colegas de los jugadores lanzaron una colecta para ayudarlos mientras continuaban en prisión. Están alojados en la cárcel santacruceña de Palmasola y al grupo al que pertenecen lo acusan por los delitos de privación de la libertad, robo agravado, lesiones graves y leves, y atentados contra integrantes de la seguridad del Estado.

El club por el que pasó Marset, con identidad falsa, fue sancionado y lo hicieron descender hasta la última categoría. El 15 de septiembre, el secretario ejecutivo de la Agremiación de Futbolistas de Bolivia (Fabol), Erwin Romero, declaró que el “narcotráfico perforó al fútbol nacional”. Se refería, sin nombrarlo, a uno de los hombres más buscados por Interpol, y que por el pasaporte que le otorgó el gobierno de Lacalle Pou en 2021 desató un escándalo de consecuencias imprevisibles en Uruguay.

El caso explotó con las renuncias de dos ministros, el canciller Francisco Bustillo y el de Interior, Luis Alberto Heber y otros funcionarios de menor jerarquía. Pero desató una crisis política que obligó al presidente Lacalle Pou a rendir cuentas ante la sociedad y la coalición gobernante que lidera.  

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