El Tribunal Supremo francés ha confirmado este miércoles la condena a seis meses de prisión, que podrá cumplir en arresto domiciliario, contra el expresidente Nicolas Sarkozy, por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Se trata de la segunda condena firme contra el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012, que ya ha purgado una pena en un caso de corrupción y tráfico de influencias por la que fue definitivamente condenado por el Supremo en diciembre del año pasado.

Sarkozy, de 70 años, llevó un brazalete electrónico entre febrero y mayo pasados por esa primera condena, para controlar su arresto domiciliario, con el que se presentó ante el tribunal que le juzgó por la financiación libia de su primera campaña presidencial.

Ahora, un juez de libertades deberá determinar la forma en la que el expresidente debe cumplir esa nueva pena: si vuelve a colocarle un brazalete electrónico o establece otras modalidades.

En su sentencia de este miércoles, el Supremo rechaza el recurso interpuesto por los abogados de Sarkozy, que contestaban la composición del tribunal de Apelación que le condenó el pasado 14 de febrero, así como otros argumentos de fondo.

Los jueces consideran probado que existió una financiación irregular de la campaña de 2012, que acabó con su derrota a manos de Hollande, pero en la que se gastaron 43 millones de euros, casi el doble de lo autorizado por la ley.

Para maquillarlo, se creó un entramado de empresas y facturas falsas a través de la sociedad organizadora de eventos Bygmalion, que da nombre al caso, cuyos responsables también fueron condenados, al igual que el director de campaña y otros miembros del partido.

Deseoso de dar la vuelta a los sondeos que le daban derrotado por Hollande, Sarkozy exigía más y más actos, un tren de campaña que los jueces estimaron que no podía pasar desapercibido al candidato, responsable último de las cuentas de la campaña.

De esa forma, tiran por tierra la insistencia de Sarkozy en su inocencia y su argumento de que aquel entramado fue creado a sus espaldas y para el enriquecimiento personal de sus responsables.

Apelación, pese a todo, rebajó a la mitad la condena impuesta en primera instancia en noviembre de 2021 por este caso y la situó en un año de prisión, la mitad exento de cumplimiento, la misma que ahora confirma, y convierte en definitiva, el Supremo.

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Aunque toda la atención se centra ahora en la financiación libia de su campaña de 2007, la que le condujo al Elíseo, por la trascendencia política que tiene y por lo elevado de la pena impuesta en primera instancia, cinco años.

Los jueces ordenaron, además, su ingreso inmediato en prisión, aunque el expresidente recurrió el fallo, lo que le llevó a la cárcel de la Santé el 21 de octubre pasado, antes de ser liberado el 10 de noviembre por su elevada edad. El recurso en apelación por ese caso será juzgado en marzo del próximo año.