Siete claves para proteger a los filtradores de las represalias de gobiernos y corporaciones

BRUSELAS.- Son clave para desvelar escándalos de corrupción, malas prácticas y abusos de todo tipo por parte de gobiernos y corporaciones, pero los filtradores o ‘whistleblowers’ no se ven amparados por ninguna normativa específica europea. El grupo de Los Verdes en la Eurocámara presentaba este miércoles el borrador de su directiva de protección de reveladores de secretos, para respaldar una actividad que consideran un “servicio público”, y que permite aflorar millones de euros ‘ocultos’ o poner contra las cuerdas a quienes incurren en malas prácticas.

-Es necesario reconocer que la labor de estos filtradores tiene entidad de servicio público. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recoge en varias sentencias que este tipo de filtraciones debe ampararse en el derecho a la libertad de expresión. Por su parte, el Estudio de Fraude Global, realizado en 2014 a través del análisis de 2.400 casos de fraude en 114 países, determinó que en un 40% de las ocasiones son los ‘whistleblowers’ o alertadores quienes logran arrojar luz sobre estos hechos. La propia Comisión Europea cifraba en 2014 en 120.000 millones de euros la cantidad que anualmente se pierde a causa de la corrupción, únicamente entre los estados miembros.

El caso paradigmático de Antoine Deltour

La presentación de la propuesta normativa contó con representantes de la Comisión, de la OCDE, europarlamentarios de distintos grupos y dos de los autores de la iniciativa, Alberto Alemanno y Vigjilenca Abazi, que insistieron en que la directiva edifica su base legal sobre varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE y por tanto es perfectamente viable.
Se da la circunstancia de que la puesta de largo de la iniciativa tuvo lugar durante el último día de juicio a Antoine Deltour.