Casi la mitad  del archipiélago cubano, el 44%, está sufriendo una sequía que se prolonga ya durante varios años, según explica el Centro del Clima del Instituto de Meteorología de Cuba. Las consecuencias del déficit de lluvias se dejan sentir tanto en los embalses como en el subsuelo y el mayor manto freático está por debajo del 40% de su capacidad. Pero la peor noticia es que este año las lluvias continuarán siendo escasas.

La gran compactación de las tierras cubanas limita la filtración y el agua que queda en la superficie se evapora más rápido debido al aumento de las temperaturas.

Argelio Fernández, especialista del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ha informado que de los 169 municipios que hay en Cuba, 120 están golpeados por la sequía, 31 se ubican en categoría moderada, 38 severa y 51 extrema. En 242 embalses el acumulado nacional en enero es de un 47%, mientras que en 11 de las 14 provincias cubanas el llenado de presas es menor al 50 % de sus capacidades, y en dos es inferior al 25%. Casi un millón de personas se están viendo afectadas por la escasez de agua y cientos de miles son abastecidos mediante camiones cisternas.

Los costos de esta crisis se elevan. El gobierno trabaja en trasvases de agua hacia las zonas afectadas, una obra faraónica para llevar este líquido imprescindible a los territorios que carecen de él. Por otra parte, se trabaja en la sustitución de redes y conductoras, por cuyos salideros se pierde el 45% del agua que se bombea, según reconoce el Instituto de Recursos Hidráulicos de Cuba. Sin embargo, los costos
multimillonarios de estas obras hacen el avance muy lento.

El problema de los salideros

Los salideros implican tres graves problemas: un desperdicio de agua de grandes dimensiones, la duplicación del gasto de petróleo para el bombeo y un mayor uso de químicos en el agua, dado que se hace necesario aumentarlos para contrarrestar lo que pueda entrar por los huecos. Se intentó en algunas zonas poner parches pero esto solo sirvió para aumentar la presión y provocar más salideros, agravando incluso el problema.

El parlamento cubano tendría que haber aprobado en diciembre una nueva
ley para el uso del agua pero se pospuso hasta la próxima reunión en junio. Mientras, se toman algunas medidas que parecen contradictorias: prohíben la construcción de piscinas particulares, a la vez que activan las fuentes de todas las plazas públicas.

Los sectores económicos carecen de políticas específicas para enfrentar esta crisis. La agricultura, el mayor consumidor del líquido, no tiene protocolos de riego y siembra cultivos que necesitan cantidades enormes de agua, como el arroz. El turismo crece vertiginosamente y con él el consumo. Cada turista utiliza alrededor
de 350 litros de agua diarios, si se multiplica ese número por cuatro millones de visitantes, con un promedio de cinco días de estancia, se obtiene una idea del gasto. Sin embargo, este sector planea, además, construir campos de golf, los cuales son grandes consumidores de agua, mucho más en un país tropical.

Fue enviada a Francia una delegación de Recursos Hidráulicos, encabezada por Abel Salas para estudiar el empleo de “tecnologías que nos permitan hacer un uso más eficiente del agua, lograr acortar los plazos de realización de las obras, conseguir llevar rápidamente el recuso de donde lo tenemos hacia lugares donde escasea, y también mejorar el tratamiento en general de las aguas”.

Mientras, en el centro de la isla se abren 56 pozos para facilitar el filtrado de las lluvias hacia los depósitos del subsuelo que podrían en conjunto acumular unos 80 millones de metros al cubo al año. Estas “zonas de recarga artificial se hace en acuíferos sobreexplotados, de interés medioambiental, con intensas extracciones del líquido y que tengan previsto incrementos en las sustracciones para el futuro”, según explican los especialistas.

Los científicos cubanos consultados por Público difieren en determinar el nivel de gravedad de la sequía, mientras unos creen que se trata de una situación crónica, otros aseguran que aún es pronto para decirlo.

En lo que todos parecen estar de acuerdo es en la necesidad de una estrategia nacional para el uso responsable del agua, la cual debe ir respaldada por una ley que obligue a todos los ciudadanos, las instituciones y las empresas a hacer un uso responsable de este recurso natural.