Seis claves del blindaje de las empresas en el 'TTIP canadiense'
Un informe del CEO al que 'Público' ha tenido acceso en primicia alerta de los peligros del mecanismo de protección de inversores en el CETA, y recuerda los resultados de otros acuerdos de libre comercio anteriores, que teóricamente también iban a resultar positivos.
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@Alopezdemiguel
MADRID.- Bruselas no desperdicia ninguna ocasión para presumir de su flamante ICS, el mecanismo de blindaje de las multinacionales que incorporan los tratados de libre comercio que negocia con Washington y Toronto, TTIP y CETA. Pero, al igual que su antecesor, el ICS permitirá a las empresas demandar a estados por cifras millonarias ante tribunales de arbitraje cuando consideren que sus inversiones se han visto perjudicadas por cambios normativos ejecutados por estos estados.
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“En todo el mundo, los inversores han impugnado leyes que protegen la salud pública, como leyes antitabaco o prohibiciones sobre el uso de productos tóxicos”, recuerdan
La democracia en venta, Cómo las normas de protección de las inversiones en el Ceta podrían generar un auge de demandas de inversores contra Canadá y la UE, elaborado por el CEO, Transnational Institute, Amigos de la Tierra Europa y otras organizaciones civiles advierte también de que el ICS “puede impedir que los Gobiernos actúen en el interés público” . “En todo el mundo, los inversores han impugnado leyes que protegen la salud pública, como leyes antitabaco o prohibiciones sobre el uso de productos tóxicos”, recuerdan.
Canadá ha pagado más de 153 millones de euros en concepto de daños a las empresas con el NAFTA
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-Ya hay precedentes: Desde la entrada en vigor en 1994 del NAFTA (North American Free Trade Agreement), el acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y EEUU, el primero ha sido demandado 37 veces ante tribunales arbitrales. El informe recoge que ha perdido o ha tenido que llegar a un acuerdo sobre ocho demandas, y ha pagado más de 171,5 millones de dólares (153,69 millones de euros) en concepto de daños. “Las demandas que aún siguen en curso afectan a un amplio abanico de medidas gubernamentales que, supuestamente, menoscaban el valor de las inversiones extranjeras: desde una moratoria sobre el fracking y una revocación afín de los permisos para perforar pozos a una decisión de los tribunales canadienses de invalidar ciertas patentes farmacéuticas que no eran lo bastante innovadoras o útiles. Los inversores extranjeros están reclamando al Gobierno canadiense varios miles de millones de dólares por daños y perjuicios”, sentencia.