A pesar de la amenaza de huelga el próximo jueves, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, no quiere dar marcha atrás en su decisión de negar las prejubilaciones a algunos cuerpos de funcionarios que gozaban hasta ahora de ese derecho.

Mientras el líder del sindicato galo CGT, Bernard Thibauld, espera 'echar a la calle' a todo el sector afectado por la reforma (conductores de tren, autobús y otros servicios públicos), el primer ministro, Francois Fillon, se siente seguro de que no se repetirá en ningún caso la 'parálisis nacional' acontecida en 1995.

Fue entonces cuando el Gobierno francés quiso modificar por primera vez la ley por la cual algunos funcionarios con 'profesiones arriesgadas' pueden jubilarse tras 37 años y medio de trabajo sin esperar hasta haber cumplido el estándar de 40 años de servicio.

Esta ley introducida en Francia al finalizar la Segunda Guerra Mundial sólo supone el 6% de las pensiones estatales, pero Sarkozy se comprometió, presionado por la Unión Europea, a acabar con dichos privilegios para estimular el crecimiento de la economía gala y reducir el actual déficit.

Sarkozy parece decidido a acabar con los regímenes especiales de jubilación sin miedo a la presión pública.

No se nada dos veces en el mismo río

El Gobierno 'no nadará dos veces en el mismo río de agitación sindical', según Fillon, quien pronostica para el jueves una jornada tranquila, donde los servicios mínimos de transporte se cumplirán.

A Sarkozy no se le escapa que sólo el 8% de los trabajadores afectados están afiliados al sindicato.

Sin embargo, la Sociedad Estatal de Ferrocarriles anunció que sólo un tren de cada cuatro prestará servicio, que se cortará el servicio del Eurostar y que la huelga afectará también a los vuelos de Air France.

La ley que pretende garantizar el funcionamiento del transporte cuando haya huelgas no entrará en vigor hasta el próximo año.