El 4 de marzo, en Seattle, Michael Flor, de 70 años, salió pronto del trabajo y se fue a casa. Tenía una tos fea. Él no le dio importancia, pero su mujer le insistió para ir a urgencias; sólo cinco días antes Seattle había registrado el primer muerto del país por covid-19. En el hospital dio positivo e ingresó en UCI. Permaneció ingresado 62 días, casi la mitad de ellos enchufado a un respirador. El 5 de mayo salió entre aplausos, aún en silla de ruedas y con una camiseta de Supermán. Pero vivo. Así que a primeros de junio llegó a su casa la factura de la atención médica recibida. "La abrí y me dije. ¡Host** p**a!", cuenta Flor al Seattle Times. La factura era un documento de 181 páginas en la que se detallaban casi 3.000 conceptos con sus cantidades correspondientes. La suma total hacía, exactamente, 1.122.501,04 dólares; es decir, 992.744 euros.

Esta vez, la suerte ha estado de su lado y Flor se va a librar de pagar nada, o eso le ha asegurado su compañía médica. Pero según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, ése no va a ser el caso de muchos de las hasta ahora más de 250.000 personas que han sido hospitalizadas en Estados Unidos por covid-19. "La Ley HEROES que propuso la Cámara de los Diputados [en mayo] habría exigido que todos los seguros médicos que un trabajador tiene a través de su empleador cumplieran con la exención de gastos deductibles anuales y copagos tanto en las pruebas como en el tratamiento de la covid-19, sin embargo, el Senado [de mayoría republicana] se opone a ello", explica a la web Medical Press Cheryl Fish-Parcham, directora de acceso a la salud de Families USA, una organización de consumidores de la salud.

Flor se va a librar de pagar nada o casi nada porque, al tener más de 65 años, su seguro de salud le viene a través de los fondos de Medicare, un programa público. Así que la compañía de salud de Flor le ha asegurado que, al estar bajo Medicare, para él no habrá deducibles ni copagos esta vez. El problema para los más de 250.000 personas que han pasado por un hospital en Estados Unidos es que sus facturas dependerán de si están acogidos a un programa de salud público como Medicare (para mayores de 65 años) o si la empresa para la que trabajan y a través de la cual tienen su seguro médico ha llegado a ese acuerdo con la compañía de salud privada.

Según el estudio de la Johns Hopkins, el 60% de las personas aseguradas en Estados Unidos tiene un seguro que proviene de un acuerdo entre su empresa y una compañía médica privada. Dichos seguros no están obligados por ley a retirar deducibles ni copagos. Depende de la voluntad de la empresa en cada caso. Flor tuvo la suerte de que su seguro estaba cubierto por los fondos públicos de Medicare, que sí tenía esa condición acordada. "Pero si uno trabaja para una compañía de cierto tamaño y ésta es la que le provee a uno el seguro médico, tus copagos y gastos deducibles dependerán de tu empleador", asegura Matthew Eisenberg, uno de los autores del estudio de la Johns Hopkins.

El gasto sanitario anual que, como promedio, uno ha de asumir en Estados Unidos en su seguro médico asciende a 1.655 dólares, según un estudio de la Fundación de la Familia Kaiser, que alerta de que hace una década esta cantidad era de 826 dólares. Si uno tiene ese deducible anual y un copago del 20%, quiere decir que los primeros 1.655 dólares de las facturas médicas las asume uno en su totalidad y, a partir de esa cantidad, el seguro le cubre el 80% de las facturas y el resto va a cuenta del asegurado. Bajo esas condiciones, una factura como la que recibió Flor implicaría pagar más de 200.000 dólares.

El problema de esto es doble. Por un lado, la covid-19 ha desatado una crisis económica devastadora en Estados Unidos y ha dejado por el momento más de 45 millones de parados, de los que 27 millones habrían perdido su seguro médico (que tenían a través de su empleador); por otra parte, en cuanto a las personas que no han perdido su empleo y siguen trabajando, las empresas para las que trabajan, en medio de esta crisis galopante, podrían ser reacias a acordar el levantamiento de los copagos y gastos deducibles con las compañías médicas que cubren a sus empleados. En el caso de los autónomos, la situación es casi peor: depende de la voluntad de las aseguradoras médicas (o de posibles acuerdos que alcancen con el gobierno federal o los gobiernos estatales) para reducir o levantar del todo esos copagos.

Eisenberg alerta en su estudio de que esta situación es especialmente preocupante en los jóvenes. A menudo, éstos, al estar sanos, contratan seguros médicos con un deducible anual muy alto, lo que abarata mucho el coste del seguro. De este modo, si tienen cualquier percance menor pero improbable, se arriesgan a asumir ellos el coste en su totalidad de una factura menor, pero sí que estarían cubiertos para episodios más graves o urgentes de salud, como una apendicitis o romperse un hueso en un accidente, que suelen acarrear facturas más altas, de decenas de miles de dólares.

Sin embargo, la covid-19 ha está rompiendo los moldes de lo que es una factura elevada. Según la Fundación de la Familia Kaiser, sólo estar cuatro días en la UCI enchufado a un ventilador cuesta una media de 88.000 dólares. Los altos deducibles y los copagos "pueden fácilmente arruinar a una familia", alerta a la web Medical Press el director en la Fundación del Programa sobre Mercados Sanitarios, Matthew Rae, que concluye: "Y una de las cosas que sabemos sobre las deudas médicas es que una cantidad relativamente pequeña puede meter a la gente en una espiral hacia abajo".

Por este motivo, ya el pasado 1 de mayo 32 diputados demócratas introdujeron en el Congreso una propuesta de ley para que todas las facturas de las pruebas y los tratamientos de la covid-19, incluyendo la de personas en situación irregular, se paguen con fondos públicos mientras dure la pandemia. La norma aún espera a ser debatida y votada en las dos cámaras del Congreso, si bien tiene su mayor escollo en el Senado, de mayoría republicana y la que deberá darle, si procede, su aprobación final.

La norma, denominada Ley Plan de Crisis Medicare, fue promovida por los congresistas Pramila Jayapal y Joe Kennedy y secundada por otros 30, todos demócratas, entre ellos, Alejandra Ocasio-Cortez, Adriano Espaillat o Tulsi Gabbard, excandidata demócrata a liderar el partido en las últimas primarias. Senadores como Bernie Sanders le han dado su apoyo público.

Sin embargo, uno los mayores fiascos que ha sufrido la propuesta llegó el pasado 15 de mayo, cuando la Cámara de los Diputados votó a favor del nuevo paquete de ayudas por la covid-19, dotado con 3 billones de dólares. Dicho paquete contó con el voto en contra de más de una docena de demócratas progresistas, entre ellos, la propia Jayapal, puesto que no incluyó, a pesar de la enorme dotación económica propuesta, la cobertura sanitaria médica universal y gratuita por covid-19.

Jayapal denunció en un comunicado que el paquete de ayudas propuesto por la Cámara de los Diputados "no garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para toda la población. Más de 27 millones de personas han perdido su seguro médico porque perdieron su trabajo", recordó, "y se suman a los 87 millones de personas que ya estaban sin seguro o con seguro insuficiente. Ahora, más que nunca, la gente necesita saber que su acceso a la atención médica está garantizado". De momento, casos como el de Flor siguen siendo la excepción de confirma la regla.