Rumsfeld tendrá que responder ante la Justicia sobre las torturas en Irak

Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa con George W. Bush, tendrá que responder ante la Justicia sobre su responsabilidad en las torturas practicadas durante la ocupación militar de Irak.

Una humillación para el otrora poderoso alto cargo del Gobierno estadounidense y un alivio para dos compatriotas suyos, que aseguran haber sido torturados por marines en una base militar cercana a Bagdad.

Los denunciantes, Donald Vance y Nathan Ertel, consiguieron que la Justicia diese crédito a su caso: dos empleados de una compañía privada de seguridad que, preocupados porque su empresa estuviera involucrada en sobornos y corruptelas, decidieron comunicárselo a las autoridades de EEUU para colaborar en el esclarecimiento de sus sospechas. En 2006, fueron retenidos y trasladados por militares estadounidenses al campamento Cropper, cerca del aeropuerto de la capital iraquí, donde los sometieron a duros interrogatorios que incluyeron agresiones físicas y hostigamiento psicológico.

El tribunal de apelación encargado del proceso determinó que resulta improbable que el propio Rumsfeld fuera personalmente responsable de las torturas, pero sí consideró que las presuntas víctimas habían presentado "suficientes hechos" y argumentos para hacer pensar que ese tipo de decisiones se tomó al máximo nivel del Gobierno.

Por ello, un tribunal de Chicago estimó que Rumsfeld no goza de inmunidad y ordenó el pasado lunes que prosiga la causa contra él, suscribiendo así la decisión de otro tribunal federal del mismo estado de Illinois.

Vance y Ertel explicaron que meses después de su encierro fueron liberados en el aeropuerto de Bagdad, próximo al lugar de su reclusión, sin que antes se les hubiera imputado ningún crimen. En su opinión, las autoridades norteamericanas sabían que eran inocentes, pero aún así los sometieron a malos tratos que violaron sus derechos, según su testimonio, que incluye más acusaciones. Además de Rumsfeld, que puede recurrir a otra corte o al Supremo, culpan a otras personas sin identificar de haber autorizado y empleado en su contra métodos agresivos para obtener información.

No es la primera vez que él y su Gobierno se enfrentan a denuncias sobre presuntos abusos y torturas en el extranjero impulsadas por ciudadanos de otros países, no por estadounidenses, como en esta ocasión, pero normalmente los tribunales han desestimado los casos.

La semana pasada, un traductor que trabajó para los marines denunció haber sido secuestrado y torturado en Irak durante nueve meses. Luego, lo soltaron y, como en este caso, no presentaron cargos en su contra.