Acaba de llegar de Bruselas, de recoger el premio Silver Rose en el Parlamento Europeo por su contribución a la justicia social y a la defensa de los derechos humanos. Juan Francisco Soto, director del Centro de Acción en Guatemala (CALDH) y un acérrimo defensor de la jurisdicción universal, fue una pieza clave en el proceso contra el dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt por la represión desatada por el Ejército bajo su mando.

Soto lleva por su tour europeo un claro mensaje: que la Justicia escuche a las víctimas sea desde donde sea. Durante un encuentro este lunes en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid junto a la presidenta de Movimiento por la Paz, Francisca Sauquillo, y al adjunto a la Defensora del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, el director del CALDH aprovechó para recordar el conflicto armado en Guatemala que, lamentó, 'ha tenido muy poca difusión' a pesar de haber dejado a lo largo de 36 años 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, según datos de la ONU.

Su labor como querellante fue esencial para llevar al dictador Ríos Montt ante un tribunal. En una sentencia histórica, aunque también efímera, el general guatemalteco fue condenado el pasado mes de mayo a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes contra la humanidad por el asesinato de 1.771 indígenas ixiles entre 1982 y 1983. Ocho días después, la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano anulaba la pena esgrimiendo motivos de procedimiento.

'España es muy especial, ha sido el primer país en escuchar a las víctimas del genocidio en Guatemala'

Soto agradeció que la Audiencia Nacional de España iniciara el proceso judicial tras la querella presenta por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. 'La visita a Guatemala de Santiago Pedraz ─titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia─ en 2006 y las órdenes de captura internacionales sirvió de presión al sistema judicial gutemalteco para que se abriera la investigación', aseguró antes de destacar que 'España es muy especial, ha sido el primer país en escuchar a las víctimas del genocidio en Guatemala'.  

Ante ello, Soto defendió la importancia de la jurisdicción universal. Concede que es 'un tema complicado' pero remarca que es esencial que siga presente, 'no sólo en España sino también en cualquier otra parte del mundo'. Gracias a este principio judicial no sólo se abrió el proceso de Ríos Montt. También permitió a Argentina presentar la querella contra los crímenes del franquismo.

Al respecto de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, Soto también comentó el bloqueo de las investigaciones sobre la dictadura en España y recordó que 'una sociedad que olvida su pasado está condenada a repetirlo. Hay que enfrentarse contra ese pasado. Estamos en un mundo globalizado. Pero sólo se alude a la globalización cuando se hacen negocios, no cuando se habla de justicia o derechos humanos'.

Soto denuncia la presión de los militares a través del sector empresarial para impedir el juicio

El querellante destacó que, a pesar del 'panorama tan negro de impunidad' que aún reina en su país, 'hay jueces y fiscales con la valentía necesaria para ser capaces de juzgar a altos cargos militares guatemaltecos para que las víctimas, y toda la sociedad en general, sean conscientes de que hay gente trabajando para que no haya intocables, que toda aquella persona que cometa un delito puede ser llevado a juicio'.

Soto evidenció su decepción por la 'anulación técnica' de la sentencia contra Ríos Montt de lo que responsabiliza a la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, a la que acusa de 'negar la justicia a las víctimas' del genocidio. Asimismo, denunció que la defensa de los militares estuvo 'obstaculizando el proceso durante todo el juicio'. Como ejemplo puso que en 2012 'presentaron más de cien recursos legales para intentar que el juicio no se celebrara'.

El director del CALDH calificó de 'ilegal' el aplazamiento del proceso tras el dictamen constitucional. 'El delito de genocidio ha sido probado', recalcó Soto, que denuncia que la condena por genocidio fue anulada 'debido a la presión de los grupos militares que estuvieron en el poder en los años 80 a través del sector empresarial. Son ellos los que se oponen a que se juzguen los delitos'.

El querellante
acusa a la Corte Constitucional de 'negar la justicia a las víctimas'  

Soto también criticó que el tribunal penal, que dio voz a 101 testigos de la masacre, fue 'continuamente atacado'. En este punto hizo hincapié en el gran trabajo del tribunal, pese a que 'fue abandonado por todo el sistema judicial', y del Ministerio Público, encabezado por la fiscal Claudia Paz, que no se amedrentaron ante las amenazas y las presiones.

A pesar de la anulación de la sentencia y de la intención del Ejército y de los sectores empresariales de evitar que el juicio llegue a su fin, Soto subrayó que la apertura de una investigación contra un dictador sienta un 'precedente histórico' ya que es 'la primera vez que se juzga a un líder por genocidio en toda América Larina'. 'Para las víctimas es una sentencia que demuestra que hubo genocidio, no sólo contra la comunidad ixil, sino también contra todos los pueblos guatemaltecos', concluyó.