El presidente de Colombia, Iván Duque, prefirió darle una patada al tablero. Optó por militarizar, lejos de tomar en serio un preacuerdo construido durante nueve días entre plenipotenciarios de su gobierno y el Comité Nacional de Paro (huelga), el CNP.

Al cumplirse un mes de la huelga nacional iniciada el 28 de abril, el conservador Duque emitió la noche del pasado viernes un decreto (el 575 de 2021) que impone la "asistencia militar" en ocho departamentos y 13 ciudades, incluidas seis capitales departamentales.

El senador de izquierda Iván Cepeda indicó que, en la práctica, esto sería ni más ni menos que "un golpe de estado", porque "sustituye la autoridad civil por autoridades militares" en un área habitada por unos 12,7 millones de personas, es decir, la cuarta parte de la población.

Los departamentos militarizados abarcan el suroccidente de Colombia (Putumayo, Nariño, Caquetá, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda) y el nororiente (Norte de Santander). De ellos, Cauca, Nariño y Putumayo han sido escenario de docenas de asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros firmantes de la paz desde 2018, así como de masacres, pero esos hechos no fueron invocados por el presidente para emitir su polémico decreto.

Las capitales militarizadas son Pasto, Neiva, Popayán, Cali, Pereira y Bucaramanga. Los alcaldes y gobernadores quedan obligados a "coordinar" con el ejército el desmonte de las barricadas en las vías de su jurisdicción, "así como evitar la instalación de nuevos bloqueos, so pena de sufrir sanciones".

También habrá control sobre caravanas de vehículos que hagan parte de la protesta, aunque no estén bloqueando el paso, lo que suena a una advertencia directa contra las multitudinarias y organizadas movilizaciones indígenas que suelen hacerse en docenas de buses rurales.

Lo que hizo el presidente Duque fue estrenar una figura aprobada en 2016, paradójicamente el mismo año de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla comunista FARC, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, Nobel de Paz 2016. La "asistencia militar" a alcaldes y gobernadores en caso de disturbios es un término que figura en el Código de Policía, vigente desde entonces.

El pasado domingo, dos días después de la polémica medida de militarización, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró desde Ginebra que "solo el diálogo puede resolver las demandas de los diferentes grupos, tanto los que participan en las manifestaciones como los que se oponen a las protestas"; e instó a abstenerse de recurrir a vías violentas, e incluso llamó a los vándalos -considerados integrantes de bandas delincuenciales que no hacen parte de la protesta- a suspender sus ataques.

Asimismo, se conoció que la Cancillería colombiana aceptó el ingreso de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del 7 junio y por cinco días, "para observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril". Es otro pulso que pierde el gobierno, pues había dado largas para que se produjera esta llegada.

Duque ha tenido que retirar en este mes, y obligado por una sostenida protesta ciudadana, la reforma tributaria que encendió la ira del pueblo, y poco después una reforma del sistema de salud en la que cada procedimiento médico tenía que ser pagado del bolsillo del paciente.

Cayó su ministro de Hacienda y también su canciller, quien distribuyó entre los empleados de su empresa farmacéutica un libelo que afirmaba que la huelga era culpa de Gustavo Petro, senador de centro izquierda y aspirante presidencial, según reveló la politóloga Laura Gil en el portal La Línea del Medio.

Tanto a Bachelet como a la CIDH les preocupan las pruebas recogidas por periodistas y docenas de ciudadanos con sus cámaras y teléfonos móviles que muestran a civiles armados parapetados claramente junto a la policía y disparando contra los manifestantes.

Uno de ellos fue presuntamente identificado por los navegantes de Internet. Vive en un sector de Cali de ricas mansiones, a donde se mudaron hace décadas no pocos narcotraficantes para vivir codo a codo con la élite tradicional. El sujeto dice que las armas que usó eran de juguete.

Sólo en Cali, cuando se cumplió un mes de huelga, el 28 de mayo, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos contabilizó 14 muertos y 98 heridos, de ellos 54 por arma de fuego, en hechos relacionados con las manifestaciones, y en un solo día.

Mientras tanto, el preacuerdo entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro dormía el sueño de los justos en el escritorio del presidente Duque desde el 24 de mayo.

El documento contiene las condiciones que ponía el CNP para sentarse a negociar: en esencia, detener la matanza, atención estatal para los más de mil heridos por la violencia estatal contra la protesta, ponerle bridas a la brutalidad policial, garantías para la protesta social, cese de las detenciones arbitrarias.

El CNP creyó que iba a lograr comprometer a Iván Duque a no decretar el estado de conmoción interior, que conculca derechos hasta por 90 días. No tuvo necesidad, con el Código de Policía ya lo tiene.

Pues bien: Duque se abstuvo de firmar el acuerdo, cambió de plenipotenciario y entregó unos comentarios que hacen añicos lo avanzado. Ahora, para sentarse a negociar, el gobierno le exige al CNP más de lo que está a su alcance: que ordene levantar las barricadas.

Las barricadas, esa antiquísima forma de luchar de la humanidad que el gobierno llama "bloqueos", el CNP "cortes", y los jóvenes movilizados "puntos de resistencia", se han ido convirtiendo en una cuestión de honor para muchos sectores populares en huelga. El CNP no puede ordenar levantarlos, solo puede recomendar, lo que de hecho hace.

En Cali hay 25 "puntos de resistencia". Sesenta horas después del decreto reina allí la zozobra, porque "lo que el presidente dijo fue que los va a quitar (desmontar), pero los jóvenes quieren continuar en la protesta, entonces es como decir: los vamos a matar", argumenta a Público Johana, de 36 años y portavoz de la Unión de Primeras Líneas de Cali, que ha adoptado la sigla URC (Unión de Resistencias Cali – Primera Línea somos todos).

"O sea: es a muerte. Porque no vamos a dialogar (prosiguió, describiendo la posición del gobierno), no nos interesa nada, nos interesa quitarlos, ustedes se quitan o los matamos. Y muchos jóvenes están tan desesperados, que a algunos no les importa morir por defender un espacio que el presidente está ordenando quitar", advirtió.

La Unión de Primeras Líneas ha sostenido tres reuniones propiciadas por la Arquidiócesis de Cali con presencia de la misión de paz de la OEA (MAPP/OEA) y la ONU Derechos Humano, entre otros. Este lunes se celebra otra. Allí se mantiene siempre una silla vacía para el presidente Duque, pero el mandatario no ha dialogado con los jóvenes. Allí les esperan.

Esas reuniones han permitido entender a algunos muchachos que es necesario abrir el paso a ciertos vehículos. Es el caso del punto de resistencia Sameco, la zona de Johana, donde se permitió el acceso de los camiones recogedores de basura; de todo lo relacionado con la salud y el suministro de alimentos, e incluso se autoriza a autos pequeños y motos. Todo esto con altibajos.

"El acuerdo era que nosotros permitíamos que pasaran, pero la policía debía permanecer (a cierta distancia). Por el contrario, atacó la barricada y capturó a siete jóvenes. Después de eso, los muchachos no querían hacer otro acuerdo, porque no confían en la palabra de la policía", contó Johana. Los detenidos ya están libres.

Licenciada en filosofía y educación religiosa, Johana tiene una sola respuesta a la pregunta de qué quieren los jóvenes:  "Oportunidades. Aquí nadie está pidiendo que le regalen nada".

Gran cantidad de los y las resistentes son menores de edad que no han tenido acceso a formarse en un oficio: "No saben hacer nada". "Yo no estoy haciendo nada malo, yo no pertenezco a nada, sino que me duele todo. No hay terror en una piedra, o en un palo, o en un escudo de metal. Terror en un fusil, eso sí", puntualizó en diálogo con Público.

El ejército colombiano no tiene buena fama en las barriadas populares. Allí se conocen sus abusos en el campo y su crimen sistemático de los falsos positivos, descubierto en 2008 y que consiste en hacer pasar a jóvenes desempleados como guerrilleros muertos en combate. No es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército.

Entretanto, está claro que el diálogo abre el paso en los puntos de resistencia, mientras la represión los cierra con candado.

En medio de su impotencia, y enfrentando tensiones internas, el CNP en la noche del domingo 30 anunció que en las próximas horas presentaría un nuevo pliego de emergencia, más conciso que el anterior, que lleva un año en Presidencia (desde junio de 2020) sin respuesta.

El motivo de fricción es que los nueve comisionados del CNP que llegaron a acuerdos con el gobierno aceptaron una cláusula de confidencialidad, de tal manera que los demás del CNP no conocieron su contenido. Eso generó desconfianzas.

Al respecto hubo avances, pues el CNP anunció la noche del domingo que en las próximas horas dará a conocer los frustrados acuerdos, así como las acotaciones del gobierno haciendo trizas lo que pactó el plenipotenciario saliente.

El diálogo, del tipo borrón y cuenta nueva, comienza el lunes a las 9 am hora colombiana, al cierre de este escrito. El CNP convocó para este miércoles 2 de junio "a grandísimas movilizaciones pacíficas en todo el país".

El periodista colombiano Félix de Bedout comentó el viernes que a veces una semana en Colombia equivale a siete años humanos. Pues bien, contada a partir del viernes (28 de mayo), esta es una de esas semanas.