Los programas de espionaje en los Estados miembros de la UE son 'incompatibles' con los estándares 'mínimos' democráticos de un Estado de Derecho. Así lo asegura  un estudio sobre las actividades de los servicios de inteligencia de Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos y su compatibilidad con la legislación europea encargado por el Parlamento Europeo a raíz del escándalo del espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

El informe constata que las actividades de vigilancia por los servicios de inteligencia de Reino Unido, Suecia, Francia y Alemania son 'a gran escala' mientras que en el caso de Países Bajos admite que 'no existen pruebas concretas' que confirmen actividades de espionaje masivo a ciudadanos. Las capacidades de espionaje de Suecia, Francia y Alemania son 'bajas' en comparación en todo caso con 'la magnitud' de las operaciones por parte del servicio de inteligencia británico GCHQ y el de la NSA estadounidense, según precisa el informe, que ha sido elaborado por un grupo de expertos independientes en base a informaciones periodísticas y entrevistas con expertos.

El experto de la Universidad de Leiden Francesco Ragazzi, uno de los autores, ha distinguido los casos de recogida 'masiva' de datos personales a través de interceptores colocados en cables de fibra óptica, como ocurre con el programa británico Tempora y que también habrían sido utilizados por el resto de países, y el programa PRISM utilizado por la NSA para adquirir datos personales solicitados a compañías como Google, Facebook, Apple o Skype, ya de forma voluntaria o forzosa y que método que también habrían utilizado 'varios' servicios europeos de inteligencia para 'obtener cantidades masivas de sus propios nacionales'.

'Existen fuertes sugerencias que indican que varios, si no todos estos Estados miembros están implicados en el intercambio de datos interceptados con servicios de inteligencia extranjeros, especialmente la NSA', asegura el informe.

'Los casos más preocupantes son Reino Unido y Suecia. Los otros Estados miembros incluidos en el informe han tenido algún tipo de actividades relacionadas con programas parecidos a PRISM pero no de una escala similar a la que estamos viendo con Reino Unido y potencialmente Suecia', ha explicado por su parte el investigador del Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS), Sergio Carrera. 'La escala y la naturaleza indiscriminada de la vigilancia masiva socava la seguridad de la Unión, de sus valores', ha avisado.

Ragazzi ha subrayado la 'fuerte conexión' entre el GHSQ y la NSA y ha dejado claro que la escala de recogida de datos 'no tiene precedente en términos de cantidad y de diversidad de datos recogidos' dado que también se recogen los llamados metadatos, que ofrecen información sobre perfiles y comportamientos y ha dejado claro que se sabe muy poco de cómo los servicios europeos 'utilizan, procesan y distribuyen los datos. 'Esto es lo que diferencia las formas legítimas de vigilancia y las ilegítimas', ha avisado, admitiendo que no han sido capaces de determinar si 'la vigilancia es dirigida y necesaria para contrarrestar el terrorismo o luchar contra otros tipos de crimen', admitiendo que no hay garantías de que se haya limitado a este objetivo sin tener en cuenta la protección de datos y las libertades fundamentales.

En este sentido, Ragazzi ha avisado de que la vigilancia a gran escala con programas como PRISM no solo constituyen una cuestión de los servicios de seguridad nacionales dado que 'implican fuertemente a compañías privadas' por lo que el escándalo de espionaje no sólo ha 'erosionado' la confianza en los servicios de inteligencia sino que también están poniendo en peligro el potencial económico de las mismas si los ciudadanos no pueden confiar en la protección de sus datos por su parte. 'Estos problemas desestabilizan el principio fundamental de la confianza. Y la confianza en las instituciones públicas es un elemento clave de la de la vida democrática. Y evidentemente está en peligro si todo el mundo es considerado un sospechoso', ha avisado Ragazzi, que ha puesto en duda la utilidad de este espionaje tras recordar las actividades de la NSA sólo ha impedido 'uno o dos' atentados terroristas frente a los 54 inicialmente invocados, resultados en todo caso 'magros'.

El estudio también lamenta que la normativa que regula estas actividades en los Estados miembros no es homogénea y se caracteriza por la ambigüedad, mientas que los órganos de control no tienen las capacidades para supervisar de forma 'eficaz' la legalidad de la interceptación de datos a gran escala de los servicios de inteligencia.

Los expertos han rebatido en todo caso el argumento de los Gobiernos de que los servicios de inteligencia son una competencia de soberanía nacional exclusivamente porque también afecta a la protección de datos y las libertades fundamentales recogidas en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, motivo por el cual han defendido una mayor implicación a nivel europeo. Entre las principales recomendaciones del informe, los expertos proponen elaborar un código profesional para la gestión transnacional de datos dentro de la UE que incluya directrices sobre cómo aplicarlo en el caso de los socios terceros.

También piden mantener el artículo 43 de la propuesta legislativa de protección de datos, que todavía debe ser confirmada durante las negociaciones con los Estados miembros, que obligaría a un país que pida a una compañía datos personales procesados en la UE a obtener autorización de la autoridad de protección de datos nacional e informar a la persona, antes de transferir sus datos. Carrera ha insistido en que en Europa los individuos son los propietarios de sus datos, a diferencia de lo que ocurre con la legislación estadounidense.

Asimismo, defienden la creación de 'un comité permanente' en la Eurocámara para dar seguimiento 'eficaz' a las revelaciones y que utilice los medios a su alcance para pedir explicaciones a Estados Unidos e investigar más las actividades de espionaje en los Estados miembros y que ejerza sus poderes para promover estándares mínimos y criterios para 'diferenciar' las actividades legítimas y las que no lo son. Igualmente plantean más control y vigilancia de las agencias de la UE implicas en seguridad y el intercambio de datos como Europol, que la UE desarrollo su propia infraestructura para la computación en la nube y explorar la protección a nivel europeo para los chivatazos. Carrera ha recordado que el mandato de Europol se está revisando para garantizar que trabaja con datos recogidos de forma regular y procedentes de 'fuentes fiables'.

'El punto de partida es volver a la cooperación sincera', ha explicado Carrera, que ha apostado por un 'modelo europeo de cooperación del intercambio y compartir' datos, aunque ha cuestionado la eficacia de crear una agencia de inteligencia europea porque no resolverá el problema en su opinión, como ha planteado la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding. Carrera ha admitido que los servicios de inteligencia 'necesitan un nivel de discreción' se requiere que 'sean objeto de supervisión' y haya 'control por un juez'.